Fiscalía y cloacas. ¿Quién puede sentirse seguro en España?

Hay tantos casos de presunta corrupción en el sanchismo que ya resulta conveniente clasificarlos. Todos tienen el rasgo común de estar protagonizados por personas muy cercanas al Presidente. En el reparto de la mayoría de causas, se encuentran tipos bastante turbios, siempre con persona interpuesta con el líder, gente dispuesta a todo y claramente incapaz de controlarse ni de prosperar siguiendo los cauces legales. Sin embargo, desde mi punto de vista, cada uno de los escándalos pertenece a una clase distinta de daño para el conjunto de nuestra sociedad. Por eso considero que catalogarlos puede ser útil para procesar la realidad.

En el primer nivel cabría ubicar todo lo concerniente a la posible corrupción económica. El dinero. Siempre es detestable, claro, pero aquí más porque hablamos de cuando la pandemia. Nuestros hijos no podían salir a la calle pero las comisiones sí pudieron circular de un despacho a otro. Nuestros familiares fallecían y estaba prohibido ir al entierro pero algunos de nuestros representantes políticos sí pudieron premiarse con sobres y mujeres prostituidas. El asco.

En el segundo se localizaría todo lo relacionado con la posible financiación irregular del PSOE. La política partidaria. Una cuestión de magnitud superior a la anterior, porque ya estaríamos ante la alteración del juego democrático y la distorsión, con dopaje de por medio, de la competición electoral. Este sería un daño todavía más serio que el anterior porque contribuiría a enquistar la presunta corrupción económica y dañar el funcionamiento mismo de la vida pública. El veneno.

Y en el tercero se ubicaría todo lo perteneciente a impedir, desde el poder Ejecutivo el normal funcionamiento del Estado con el único objetivo de obtener la impunidad. Según mi criterio, con toda una serie de posibles conductas más cercanas al comportamiento habitual entre los mafiosos que al proceder habitual de las personas inocentes. En esta categoría es donde yo opino que podrían confluir el caso del Fiscal General del Estado y el caso de las denominadas "cloacas del PSOE". La amenaza existencial a nuestro marco constitucional.

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Desde luego, a diferencia de cualquier vocero sanchista, yo puedo decir ahora y también demostrar después que respetaré la sentencia que reciba Álvaro García Ortiz. Ahora bien, sea cual sea, sé que no se desvanecerá la sensación de inseguridad jurídica entre quienes no somos adictos al sanchismo.

Pienso que las informaciones que llevan ya un tiempo acumulándose hacen racional y necesario que uno se pregunte si sus derechos están protegidos y si la imparcialidad estaría garantizada en caso de tener un problema en los tribunales. Tengo dudas y temo que irán a más. Sé que la duda y el temor definen a los regímenes totalitarios. Y creo fundadas esas dos impresiones en la España de 2025.

En mi opinión, a cualquiera pueden sobrarle indicios para sostener que tras el comportamiento de Álvaro García Ortiz operó una lógica similar y coherente a la de las cloacas del PSOE. Esto es, que en ambos casos pudieron violarse los límites del Estado de derecho para beneficiar al gobierno o para otorgarle impunidad al entorno del Presidente. Y que esa violación pudo consistir en señalar a ciudadanos y a servidores públicos para desacreditarlos y dañarlos.

Temo que el poder político pueda haber diseñado y activado operaciones encubiertas en el ámbito de la justicia para blindar sus intereses y destruir personalmente a particulares y a quienes cumplían con su obligación. Y me preocupa el enorme riesgo que esa posibilidad contiene.

Estoy preocupado porque, una vez dado ese paso, ya no hay marcha atrás. Cuando se cruza, de manera tan aparentemente orquestada, el umbral del abuso de poder es prudente calcular que los abusos puedan extenderse del sector de la justicia a los demás.

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Si puede haberse incurrido en los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, difamación y formación de organización criminal para boicotear el normal funcionamiento del Estado, no puede parecerme imposible que lleguen a emplearse medios administrativos para presionar, hostigar y hundir a cualquiera que el poder considere molesto.

¿Por qué no? ¿Qué límite ético contemplaría un poder político capaz de presionar a la Guardia Civil para no dar instrucciones de aplastar a un simple particular? ¿Qué freno se impondría quien fuese capaz de tratar de chantajear o sobornar a fiscales o de expresar que quiere muerto al Teniente Coronel Balas de la UCO?

Por lo consiguiente, si mañana recibo una notificación de inspección fiscal, laboral o de cualquier otro tipo de documento, solo podré pensar que es debido a este artículo o algún otro anterior, quizá al próximo. Y si la semana que viene tengo un problema judicial solo podré sospechar que la fiscalía podría recibir la indicación para llevarme por delante.

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Viendo lo que está ocurriendo, me cuesta horrores confiar en que mi seguridad jurídica y mis derechos estén garantizados. Sin embargo, quiero dejar aquí escrito que seguiré ejerciendo mi libertad de pensamiento y opinión. Y que, además, lo haré con gusto y felicidad. Lo disfruto.

Soy agudamente consciente del ejemplo que están imprimiendo quienes llevan a cabo su tarea desde la honradez y el sentimiento del deber. Como demócrata, me siento orgulloso de todos. Y me digo que lo menos que uno puede hacer es tratar de comportarse como ellos e intentar transmitirle al hijo el significado de ser un hombre libre. Uno puede temer al poder, porque el peor poder es temible, pero nunca debe tenerle miedo.

La historia demuestra una paradoja que marca la vida de los adictos al sanchismo. Ellos, que en principio son los que sí podrían sentirse jurídicamente seguros, son los que verdaderamente están sometidos al miedo. Saben mejor que nadie lo caprichoso que puede ser el poder político y no olvidan que en algún momento todo este chollo tendrá que terminar. Por eso son capaces de decir y de hacer cualquier cosa, igual que Leire Díez. Lo estamos viendo, no valen para más.