¿Es buena idea vacunar los últimos a quienes teletrabajamos?

El presidente Sánchez anunció en noviembre que España era el primer país junto con Alemania en tener “un plan completo de vacunas”. Ese plan, sin embargo, sigue en febrero pendiente de concretarse. La estrategia la vamos conociendo a cuentagotas, a medida que la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública se van reuniendo. No se trata solo de perfeccionar y ajustar el protocolo existente a los problemas de logística y suministro que inevitablemente van surgiendo.

En España, todavía no sabemos quiénes van a vacunarse en las siguientes fases, una vez que se vacunen a los mayores de 80 años y se ultimen las segundas dosis de los primeros en la lista: ancianos que viven en residencias, el personal sanitario y los grandes dependientes. A medida que los problemas de distribución internacional se hacen más patentes, aumenta la preocupación por cómo Gobierno y comunidades van a priorizar al resto de la población al llegar a la vacunación masiva. Una vez que se haya vacunado a los más vulnerables, los más mayores y el personal sanitario, ¿quién va después?

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Las siguientes fases no constan aún en la última actualización del protocolo de Sanidad (21 de enero). Están debatiéndose estos días entre los expertos en vacunación que asesoran al ministerio y los responsables del ministerio y las comunidades autónomas. Entre tanto, la falta de concreción del protocolo a estas alturas deja campo abierto al oportunismo político. En el saco roto de las promesas vacías de quienes elucubran con aquello sobre lo que no tienen competencias, han caído esta semana las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que lanzaba como globo sonda vacunar antes a los sectores profesionales más expuestos. Mencionó taxistas, profesores y camareros como ejemplo, que 'a priori' parece una selección bastante aleatoria.

¿Taxistas, policías o camareros?

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid no entró en tanto detalle, es de suponer que Ayuso considera más urgente vacunar a las personas con enfermedades crónicas de cualquier edad e incluso aquellas que no lo sean pero convivan con quienes sí son vulnerables y sus cuidadores. Todo eso es lo que debe especificar el protocolo de Sanidad aún a medio hacer. Aunque las comunidades autónomas carecen de las competencias para promover que se prioricen en su territorio unas profesiones antes que otras, intervenciones como la de Ayuso dejan claro que si el protocolo no está lo suficientemente claro en las directrices nacionales, pueden surgir divergencias regionales y la tentación de congraciarse con algunos sectores profesionales sin que quede muy claro el criterio objetivo para ello.

¿Los taxistas irían antes que los conductores de autobús? ¿Camareros antes que servicios funerarios? ¿Cajeros de súper antes que camioneros? ¿Y el personal del aeropuerto? ¿Y bomberos, ejército y guardias civiles? Establecer una lista exhaustiva de profesionales, sin atender a otros criterios médicos como la edad o las patologías de cada uno, además de enormemente arriesgado, es difícilmente objetivable. El riesgo más obvio es que la dificultad para contentar a todo el mundo genere agravios y se acabe priorizando a los profesionales representados por los 'lobbies' económicos más potentes en cada comunidad, no necesariamente a quienes más lo necesitan.

Varios expertos en bioética consultados para este artículo advierten de que la idea inicial no era hacer subgrupos en la vacunación masiva, pero ante la escasez de dosis, puede hacer falta especificar más detalladamente los colectivos prioritarios. ¿Tiene sentido organizar a la población en función a la profesión de cada uno o las actividades económicas de mayor peso por región? ¿La gente sana, se dedique a lo que se dedique, debe ir a la cola?¿O es más urgente atender a colectivos vulnerables por su situación socioeconómica? Al fin y al cabo, las condiciones de hacinamiento en la vivienda también se han identificado como riesgo de contagio.

“La escasez de vacunas complica protocolos y pone más nerviosos a los gestores”, reconoce Nicolás Jouve de la Barreda, biólogo y catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá y profesor del máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Barreda es un vocal del Comité de Bioética al que el Gobierno consultó para elaborar el protocolo de vacunación. Más que la ocupación de cada uno, a este experto en bioética le parece más relevante asegurarse de identificar bien a las personas vulnerables, ya sea por edad o por patologías previas. Y, de momento, el último colectivo vulnerable especificado en el protocolo oficial se reduce a los 2.851.000 ciudadanos mayores de 80 años. El siguiente grupo elegido, de momento, se desconoce, lo que alimenta las especulaciones.

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¿Está más en riesgo una maestra o una cajera de supermercado? ¿Hay que vacunar antes a los taxistas o a los conductores de autobús? Los grupos de riesgo no tienen por qué llegar a afinarse tanto. “En condiciones normales, bastaría un criterio médico”, advierte Barreda. “Si siguen llegando tan despacio las vacunas y dura la escasez, habría que ir afinando más. Pero a veces las decisiones políticas van por un lado y la cuestión ética va por otro. Esto es una crisis de salud por encima de todo. El criterio médico es el esencial”.

El caso danés

En Dinamarca, el país que lleva la delantera en la vacunación dentro de la Unión Europea, todos los grupos de vacunación han sido ya especificados desde el principio y organizados en 12 grupos. Los primeros en recibir las vacunas han sido los residentes en hogares de ancianos (ahí, el consenso internacional es abrumador), a continuación, las personas de 65 años o más que reciben atención médica, luego los mayores de 85 años y el personal sanitario, así como aquellas personas que desempeñan una función crítica en la sociedad. A continuación, en el protocolo danés, irían las personas con enfermedades previas en alto riesgo por cCovid, sus familiares y cuidadores, los mayores entre 84 y 65 años (en intervalos de cinco años), todos los menores de 65 años con afecciones de riesgo, otros sectores críticos para el funcionamiento de la sociedad y, por último, la población restante priorizada únicamente según la edad.

Es decir, el protocolo danés sí ha identificado una serie de 'sectores críticos', pero el resto de profesiones se tratan todas por igual. “Antes que primar profesiones o cargos, debería primar la vulnerabilidad”, afirma Asunción Herrera Guevara, profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Oviedo. “Los cargos no son tan relevantes cuando pueden ser fácilmente sustituibles, otra cosa son las personas en actividades esenciales”, matiza la experta en Bioética.

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El protocolo danés, a diferencia del español, es enormemente específico. Especifica entre los trabajadores críticos de la sociedad, por ejemplo, a los operadores de control de las centrales de energías porque “son altamente cualificados, no son reemplazados fácilmente y los necesitamos para mantener el suministro de calor”. Los conductores de reparto de alimentos, sin embargo, entiende el sistema de vacunación de Dinamarca, no han de ser considerados trabajadores críticos “porque se reemplazan con relativa facilidad”. Tampoco considera este protocolo nórdico que un maestro mayor de 50 años tenga que ser prioritario, aunque esté en una zona con mucho covid: “Trabajar con niños no es un factor de riesgo particular, ya que los niños generalmente no se ven gravemente afectados por covid-19” (sería el último, grupo 12). Sin embargo, un psicopedagogo de 27 años que trabaje con discapacitados severos sí puede optar a vacunarse entre los prioritarios, antes de abril (grupo 4), porque trabaja con personas muy vulnerables al covid. Una persona de 35 años con obesidad severa, al igual que alguien de 66 con insuficiencia cardiaca, entra en el grupo 10.

¿Y qué pasa con el teletrabajo?

El documento del Ministerio de Sanidad español, que ya se ha actualizado dos veces y está a punto de volver a actualizarse de nuevo, está lejos de entrar en tanto detalle como el danés. Sí recoge unos principios éticos generales como el de necesidad, reciprocidad y el de equidad. También deja claro que la solidaridad ha de ser un criterio, es decir, que no solo prima la vacunación para protegerse a uno, sino para proteger a los demás. “Los principios están claros, otra cosa es que se lleven a cabo correctamente, porque la complicación es aplicar al mundo real los principios teóricos”, reconoce Herrera Guevara, convencida de que “los protocolos en España deberían ser más específicos”.

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La experta insiste en que la casuística es importante dentro de la bioética: “Si no, te puedes dejar de lado a un grupo por ser demasiado genérico. No puedes hablar solo de grandes dependientes y no especificar más. Hay que afinar mucho. ¿Qué pasa con los menores dependientes? Como no se pueden vacunar los menores de 16, debería aclararse que se vacunen sus cuidadores, porque es la manera de protegerlos. Se suele decir que las leyes deben ser generales. Pero estamos en una situación concreta de un servicio cuyo uso es escaso y hay que racionar. Hay que afinar mucho más y utilizar la casuística concreta, para que los profesionales sanitarios sepan a qué atenerse al administrar las vacunas y evitar que otros abusen de la generalidad”.

A los políticos, seguramente les resulte más fácil anunciar aquellos colectivos que quieren priorizar, que aquellos a los que pondrían a la cola de todas las prioridades. Si una vez vacunada toda la población vulnerable y con patologías de riesgo para el covid, así como sus cuidadores, se tuviera en cuenta un criterio laboral, ¿en qué posición quedarían las personas que pueden teletrabajar? Desde el punto de vista de exposición al riesgo sanitario (y económico), todos aquellos que pueden mantener sus ingresos con poca variación sin salir de casa, ¿deberían estar los últimos de la fila?

“Si seguimos así y la escasez de vacunas por problemas logísticos se prolonga, no sería de extrañar”, afirma Barreda, que entiende que si llegara a tenerse en cuenta la profesión, todas aquellas que pudieran trabajar sin salir de casa, obviamente, corren menos riesgo de exposición al virus que las demás. Tampoco le parece descabellado a Asunción Herrera. “Las personas sin patologías que puedan hacer su vida sin exponerse al virus, y el teletrabajo lo facilita, están claramente más protegidaso que quien trabaja cara al público. Sin embargo, puede ser un problema demostrarlo y, además, habría que tener en cuenta el contexto familiar de cada uno. El criterio ético más importante siempre ha de ser la vulnerabilidad”.

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El abogado Luis Jiménez-Arellano, responsable del área de Derecho Laboral del Bufete Mas y Calvet, sí considera que podría ser un criterio válido desde el punto de vista del derecho establecer que las personas con posibilidad de teletrabajar se vacunaran más tarde. Sin embargo, primar unas profesiones con respecto a otras sí entiende que podría llegar a considerarse discriminatorio en los casos en que no estuvieran claros los criterios sanitarios establecidos por las autoridades. Así que en la segmentación por oficio hay dudas, tanto legales como éticas, pero en poner a la cola a los que teletrabajan hay más consenso. Tampoco le suena mal a Antonio Pardo, doctor en Medicina y profesor de Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAV. Sin embargo, insiste en las salvedades a tener en cuenta: “Aunque es importante buscar el mayor rendimiento social de la vacuna y atender primero a los criterios de riesgo, hay que tener en cuenta si las personas que teletrabajan tienen otras necesidades, porque los aislamientos también pueden perjudicar la salud mental. El encierro no es inocuo, tiene consecuencias”.

Todos los expertos recuerdan que es importante concienciar a la sociedad que vacunarse no es solo para protegerse, también para proteger a los demás. Además, la confianza en las vacunas también depende mucho de la confianza en el proceso de vacunación. Si la escasez de vacunas se resolviera pronto y la capacidad de proporcionárselas eficientemente a la población también (y eso sí depende de las autonomías), seguramente no hará falta ninguna segmentación poblacional más allá de los criterios médicos de vulnerabilidad. Tampoco las personas que pueden teletrabajar sin ver disminuidos sus ingresos necesitarían categoría propia. Cuantas menos subdivisiones, más sencillo de entender y más rápido de ejecutar será todo. Que no sea necesario racionar vacunas será fundamental.

Según el Comité de Bioética, lo importante es que se alcancen consensos robustos que tengan a la vez en cuenta las razones científicas y éticas de la sociedad. Por eso, entiende que el protocolo del ministerio sea un “documento vivo” que se va actualizando a medida que va aumentando el conocimiento sobre las vacunas, así como las características de la inmunidad generada tras la vacunación. Bueno, por eso y porque en este país tardamos más en ponernos de acuerdo que en otros donde ya tienen claro desde hace semanas cómo organizar la vacunación. En España, el debate de los grupos prioritarios sigue abierto y lo bueno sería que se cerrara cuanto antes y con el mayor consenso.