Pobreza energética: la increíble torpeza de las eléctricas
El problema de los cortes de suministro es como mucho de 45 millones al año. Pero el sector ha elegido no hacer nada. El coste de reputación que va a tener para las empresas es incalculable
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El desgraciado accidente de una anciana en Reus, fruto de un incendio provocado por las velas con las que iluminaba su hogar después de que se le cortase el suministro eléctrico, ha devuelto el debate sobre la pobreza energética a todas las portadas. Quizá no sea el momento más adecuado para plantear un debate sereno sobre esta cuestión. Pero como el momento de los debates no se elige, sino que se acepta, y éste ya se está produciendo, vayan aquí algunas reflexiones sobre esta cuestión.
Vaya por delante que la pobreza energética me parece un problema grave, aunque limitado. Solo la increíble torpeza de las empresas eléctricas lo está convirtiendo en un problema social de primer orden.
Solo existen cifras parciales de los cortes de suministro eléctrico. Iberdrola y Endesa (con una cuota cercana al 80%) realizaron 506.481 cortes de suministro por no abonar las facturas en 2015, de los cuales un 75% se reestablecieron en pocos días. Gas Natural Fenosa no publica cifras al respecto, pero suponiendo porcentajes parecidos, podemos estimar que los cortes de suministro eléctrico total ascendieron a 600.000 en 2015, de los cuales alrededor de 150.000 serían cortes por más de una semana, lo que podríamos identificar con verdaderas situaciones de pobreza.
Un segundo hecho es que el número de hogares con dificultades para pagar el suministro eléctrico se ha incrementado significativamente durante los últimos años, como consecuencia del incremento del desempleo y de los propios precios eléctricos (desde 2005, la factura eléctrica para los consumidores domésticos se ha incrementado un 100%). Según los datos del INE el porcentaje de hogares con dificultades para pagar su suministro energético se sitúa por encima del 10%, un porcentaje que se ha duplicado durante los últimos años.
Y un tercer hecho es que la electricidad cada vez tiene un papel más básico en los hogares. Hace años, la electricidad suministraba iluminación a las viviendas. En la actualidad, es necesaria para la iluminación, la ventilación, internet, la conservación y cocción de alimentos, y en muchos hogares para el suministro de agua caliente o la propia calefacción. La electricidad se ha convertido en un bien mucho más que básico: un bien instrumental para el suministro de productos básicos.
Las dificultades para pagar el suministro se han incrementado. En diez años, la factura eléctrica para consumidores domésticos se incrementó un 100%
Hasta aquí los hechos. Hagamos ahora unos cálculos. ¿Qué coste tienen estos consumidores vulnerables? Tomemos la cifra de 150.000 hogares y supongamos un consumo en línea con la media doméstica, de 60 euros al mes (cifra sin duda muy generosa ya que lo razonable es pensar que el consumo de estos hogares está por debajo de la media). El coste anual asciende a unos 100 millones de euros al año. En realidad, esta no es la cifra que soportan las empresas eléctricas, ya que la mayor parte de las deudas se acaban recuperando. Suponiendo que la deuda no recuperable es del 40% y el coste financiero del 5% anual (de nuevo, supuestos muy generosos), el coste sobre las empresas eléctricas puede estimarse en 45 millones de euros al año (un 1% del beneficio operativo de la actividad eléctrica en España).
La principal medida de apoyo a los consumidores vulnerables en el sistema eléctrico es el bono social. El bono social es un descuento del 25% en la factura eléctrica para determinados colectivos. Fue introducido en el año 2009 fruto de una negociación entre el Gobierno y las empresas eléctricas, por la cual las segundas se comprometieron a financiar el bono social (en su momento, se estimó que por un importe anual de 500M€) a cambio fundamentalmente de la colocación con garantía del Estado de la deuda acumulada en el sistema eléctrico a través del fondo FADE.
El bono social nunca alcanzó los 500 millones de euros. De hecho, cada año ha habido menos beneficiarios. En 2010 llegaron a disfrutarlo 3 millones, pero progresivamente los beneficiarios disminuyeron y en la actualidad lo disfrutaban menos de 2,5 millones de hogares.
Puede parecer llamativo que cayeran los beneficiarios del bono social durante la crisis económica pero había una razón obvia. Las empresas eléctricas financiaban una partida mayor del bono social cuantos más usuarios disfrutaban del mismo. Es como si un vendedor de enciclopedias recibiese un bonus por cuantas menos enciclopedias vendiese. Lógicamente, no vendería ninguna.
Las empresas eléctricas financiaban una partida mayor del bono social cuantos más usuarios disfrutaban del mismoUn problema aún mayor del bono social era la definición de las categorías de beneficiarios: incluía las familias numerosas (con dudosos efectos redistributivos) o los hogares con potencia contratada inferior a 3 KW (en muchos casos, segundas residencias). No eran seguramente los colectivos más necesitados.
Por cierto, antes de que alguien tenga la tentación de “hacerme la autocrítica”. Yo formaba parte del equipo de la Secretaria de Estado de Energía en 2009. Durante el tiempo que allí estuve no me di cuenta, ni me consta que lo hiciese ninguno de mis compañeros, de que la medida era manifiestamente mejorable.
Como he indicado, el bono social fue fruto de esta esa arraigada costumbre en el sector eléctrico de aprobar reformas mediante un quid pro quo entre las empresas y el Gobierno. Como a menudo sucede, un par de reformas eléctricas más tarde, tanto una como otra parte olvidaron sus compromisos. En el caso de las empresas eléctricas, denunciaron el bono social ante el Tribunal Supremo, que acaba de anular su modo de financiación, que corría a cargo de las propias compañías eléctricas en función de su cuota de mercado. Por este concepto, las empresas pagaban alrededor de 200 millones de euros al año.
¿No era posible utilizar el bono social para resolver el problema de pobreza energética, antes señalado? Por supuesto que lo era. El bono tenía un coste anual de 200 millones, y el problema de los cortes de suministro, como se ha indicado, es como mucho de 45 millones de euros al año. En lugar de denunciarlo ante los tribunales, las eléctricas debían haber reclamado desde hace años que el bono social se destinase a financiar el coste de las interrupciones de suministro. De hecho, Endesa empezó a solicitarlo a principios de 2016. Pero fue demasiado poco, demasiado tarde. Para entonces el gobierno estaba ya en funciones y no era viable un cambio de este calado.
Dado que no consiguieron convencer en tiempo y forma al Gobierno para modificar el bono social, las empresas eléctricas deberían haber anunciado, hace tiempo, la siguiente medida: “no vamos a interrumpir por completo el suministro eléctrico a ningún hogar”. No se trata de decir que la electricidad es gratis, ni de dejar de reclamar las deudas. Y debe subrayarse la coletilla "por completo": es decir, se puede reducir el suministro eléctrico pero manteniendo un mínimo (por ejemplo, el necesario para iluminación y refrigeración). 45 millones de euros para el sector en su conjunto es un coste asumible. Tal vez hubiese algún cliente adicional que dejase de pagar, pero seguiría habiendo suficientes motivos para seguir haciéndolo (entrar en las listas de morosos o la reducción del suministro eléctrico hasta el mínimo, por ejemplo)
Por contra, el coste reputacional para las empresas de la campaña social que ya se ha iniciado contra los cortes de suministro eléctrico es incalculable. Basta señalar el precedente de los movimientos contra los desahucios. Dejando al margen sus derivaciones políticas (la alcaldía de Barcelona, la propia aparición de Podemos, etc.), sus efectos sobre la imagen de bancos y cajas de ahorros puede estimarse en miles de millones. Para ser precisos, no sobre todas las entidades. El Banco Sabadell fue el primero y único en advertir que el coste reputacional que tenía un desahucio era mucho mayor que el dinero que podía recuperar de la hipoteca concedida. Puso en marcha un protocolo de actuación para evitar los desahucios, lo que lo ha convertido en la única entidad que no los ha ejecutado hasta la fecha. Por cierto, sin que los clientes dejasen de pagar las hipotecas por ello. Hasta el propio Pablo Iglesias declaró que el único banco con el que podría tener relaciones, en caso de llegar al gobierno, sería el Banco Sabadell
El Sabadell fue el primero y único en advertir que el coste reputacional que tenía un desahucio era mucho mayor que el dinero que podía recuperar
Hay muchos precedentes de empresas que saben reaccionar a tiempo al advertir que una medida tiene más costes que beneficios. Hace años, cuando Netflix dejaba de ser un videoclub clásico para convertirse en un distribuidor de contenido online, decidió separarse en dos empresas, una para cada negocio. La reacción de sus clientes fue furibunda. Muchos querían seguir usando ambos servicios pero no querían tener que abrir dos cuentas distintas para ello. Netflix tardó solo unos días en anular su plan original. Otros, en cambio, optan por la opción contraria. Shylock, el mercader de Venecia, prefería cobrarse sus deudas en libras de carne de sus deudores. Si su objetivo era terminar cobrando las deudas, era una terrible idea.
Puede que las empresas eléctricas pensasen que la hidra de varias de cabezas que se ha llevado por delante el establishment político en EEUU y en media Europa, la masa densa e insaciable de la que hablaba Elías Canetti, nunca las alcanzaría. Pero se equivocaron. Y ahora, tal vez, sea demasiado tarde.
¿Y el Gobierno, a todo esto? Solo cabe esperar que con un equipo nuevo y la obligación de reformar el bono social para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, sea el momento de hacerlo con sentido.
Isidoro Tapia es economista y MBA por Wharton Business School
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