La lista única no es por el auto de la AN, sino por el miedo a perder la mayoría absoluta

Dos advertencias cabe hacer sobre esta conclusión: en primer lugar, algunos diputados se mueven de un partido a otro por miles o incluso centenares de votos. La clave está en que al presentarse por separado, ERC y PDeCAT desperdician votos por duplicado (los famosos “restos” de la Ley d’Hondt), mientras que si se presentan juntos estos restos se reducen significativamente.

Los 500.000 votantes de los que depende el futuro de Cataluña a partir del 1-O

Isidoro Tapia

¿Existe una mayoría silenciosa en Cataluña? Y si existe, ¿cómo es de grande? ¿Y hacia dónde puede moverse a partir del 1-O?

La segunda advertencia es que las coaliciones electorales casi nunca son una sencilla suma, en la que uno más uno sea igual a dos. El ejemplo más reciente es el “pacto de los botellines” entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en las elecciones de junio de 2016. Ambos creyeron que una coalición electoral garantizaría el 'sorpasso' al PSOE, pero al unirse perdieron más de un millón de votos, en comparación con obtenidos por separado apenas seis meses antes. A menudo se cita también el pacto entre Joaquin Almunia y Francisco Frutos en las elecciones generales del año 2000, aunque en realidad en estas elecciones no hubo una coalición electoral, salvo en algunas circunscripciones en el Senado.

Son muchas las razones que explican este comportamiento: entre los votantes del socio minoritario, puede generar rechazo que la lista la encabece un representante de otro partido; por su parte, los votantes del partido mayoritario pueden preferir una política de alianzas distinta (por ejemplo, con un tercero). A su vez, la confección de una lista única genera tensiones entre ambos partidos. En general, históricamente en las coaliciones electorales uno más uno suele dar un resultado menor que dos.

No obstante, es probable que en el caso catalán uno más uno esté cerca de sumar dos: en las elecciones autonómicas de 2015, la retención del voto independentista fue altísima: cerca de un 90% de los antiguos votantes de CiU votaron a JxSí, aunque solo lo hicieron el 75% de los antiguos votantes de ERC (el resto lo hizo por la CUP), presumiblemente debido a las reticencias de apoyar una lista que, aunque formalmente encabezaba Raúl Romeva, en la práctica conducía a la investidura de Artur Mas. En cambio, estas reticencias ahora serían mucho menores, aunque lógicamente depende del cabeza de cartel. A priori, Junqueras despertaría menos recelos entre los antiguos votantes convergentes de lo que provocaba Mas entre los republicanos.

El CEO de Cataluña deja algunos otros datos que evidencian la fractura de la sociedad catalana: seguramente dan para otro artículo, pero aquí van algunos a modo de titular: el 80% de los votantes independentistas sigue habitualmente los informativos de TV3, frente a apenas el 10% de Ciudadanos o el PP, pero también solo el 20% entre los votantes del PSC y (ojo) los de Podem. Algo parecido ocurre con las emisoras de radio. El dato más curioso es que no hay ni un solo votante de la CUP que reconozca escuchar una radio que no sea RAC 1 o Catalunya Ràdio. La imagen de los políticos independentistas entre los votantes constitucionalistas está por los suelos (Puigdemont, por ejemplo, obtiene una nota de 1 sobre 10 entre los votantes de Ciudadanos y de 2 entre los del PSC). Al revés, es incluso peor: Arrimadas obtiene una nota del 0,87 entre los votantes de JxSí. Solo algunos representantes políticos del PSC o de Podem, como Iceta, Meritxell Batet o Domènech, consiguen despertar alguna simpatía transversal. Definitivamente, y con todo el dolor que acarrean estas palabras, parece confirmarse que hay dos Cataluñas, que viven en dos círculos separados: una y otra han dejado de comunicarse.

El auto de Lamela ha irrumpido como un elefante en la campaña electoral del 21-D. Lo más difícil de explicar, en mi opinión, es el diferente criterio utilizado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo respecto a una misma causa, especialmente cuando los indicios de comportamientos delictivos individuales son mayores entre los miembros de la Mesa del Parlament (ignoraron resoluciones del Tribunal Constitucional dirigidas a ellos específicamente) que entre los miembros del Govern. No creo que el auto de Lamela tuviese ninguna motivación política, pero es evidente que tiene consecuencias políticas. Entre otras, da una coartada perfecta a los independentistas para hacer de la necesidad virtud, y vestir de resistencia heroica unas listas unitarias que, en realidad, tienen una razón de ser muy distinta: la necesidad de ocultar su debilidad electoral y el riesgo de perder la mayoría absoluta.