La lista única no es por el auto de la AN, sino por el miedo a perder la mayoría absoluta

Los partidos independentistas están a punto de cerrar un acuerdo electoral para presentarse bajo una lista unitaria a las elecciones del 21-D. Es posible que el auto de la jueza Lamela haya servido para “engrasar” estas discusiones. Pero el verdadero motivo de la lista unitaria es otro: si se presentan por separado, los partidos independentistas corren el riesgo de perder la mayoría absoluta en el Parlamento catalán, incluso si consiguen mantener su apoyo electoral. Es una de las consecuencias del sistema electoral catalán. Mejor dicho, del español (el previsto en la LOREG), ya que Cataluña es una de las pocas comunidades autónomas que no cuenta con una ley electoral propia.

La singularidad catalana es doble: por un lado, Cataluña sufre las consecuencias propias del sistema electoral español, bien conocidas (Ley d’Hondt, circunscripciones provinciales, mínimo de votos válidos por provincia para entrar en el reparto de escaños); pero en el caso catalán estas consecuencias se agravan debido a que el reparto de escaños por provincia no se ha modificado desde que Josep Tarradellas convocara las primeras elecciones autonómicas en 1980: 85 escaños en Barcelona, 18 en Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. Un reparto provincial inalterado en cuarenta años pese a que la población de Girona y Tarragona ha crecido cerca de un 60% y la de Barcelona y Lleida apenas un 20%. No es la única anomalía: tal vez parezca que los escaños de Barcelona son muchos, pero apenas representan el 63% cuando el censo de Barcelona asciende al 75% del total.

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Estos desajustes han favorecido históricamente al nacionalismo: en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003, Pasqual Maragall ganó en votos pero CiU lo hizo en escaños. La razón principal fue que en las provincias menos pobladas (Girona y Lleida), las más favorecidas por el reparto de escaños, los nacionalistas obtuvieron una clara victoria.

Curiosamente, las tornas podrían ahora cambiar si los independentistas se presentan por separado. La razón es que el PDeCAT se convertiría en un partido minoritario (el tercer o incluso el cuarto partido, según la circunscripción). Y como tal sufre los rigores de nuestro sistema electoral con los partidos minoritarios.

Las coaliciones casi nunca son una sencilla suma, en la que uno más uno sea igual a dos. El ejemplo más reciente es el “pacto de los botellines”

Así se observa simulando tres escenarios con los datos del último CEO de octubre (el CIS catalán): en el escenario 1, los partidos independentistas se presentan por separado (ERC, PDeCAT y CUP); en el escenario 2, se reedita la coalición de JxSí mientras la CUP se presenta por su lado; en el escenario 3, todas las fuerzas independentistas se agrupan en una sola candidatura.

Dos advertencias cabe hacer sobre esta conclusión: en primer lugar, algunos diputados se mueven de un partido a otro por miles o incluso centenares de votos. La clave está en que al presentarse por separado, ERC y PDeCAT desperdician votos por duplicado (los famosos “restos” de la Ley d’Hondt), mientras que si se presentan juntos estos restos se reducen significativamente.

La segunda advertencia es que las coaliciones electorales casi nunca son una sencilla suma, en la que uno más uno sea igual a dos. El ejemplo más reciente es el “pacto de los botellines” entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en las elecciones de junio de 2016. Ambos creyeron que una coalición electoral garantizaría el 'sorpasso' al PSOE, pero al unirse perdieron más de un millón de votos, en comparación con obtenidos por separado apenas seis meses antes. A menudo se cita también el pacto entre Joaquin Almunia y Francisco Frutos en las elecciones generales del año 2000, aunque en realidad en estas elecciones no hubo una coalición electoral, salvo en algunas circunscripciones en el Senado.

Son muchas las razones que explican este comportamiento: entre los votantes del socio minoritario, puede generar rechazo que la lista la encabece un representante de otro partido; por su parte, los votantes del partido mayoritario pueden preferir una política de alianzas distinta (por ejemplo, con un tercero). A su vez, la confección de una lista única genera tensiones entre ambos partidos. En general, históricamente en las coaliciones electorales uno más uno suele dar un resultado menor que dos.

No obstante, es probable que en el caso catalán uno más uno esté cerca de sumar dos: en las elecciones autonómicas de 2015, la retención del voto independentista fue altísima: cerca de un 90% de los antiguos votantes de CiU votaron a JxSí, aunque solo lo hicieron el 75% de los antiguos votantes de ERC (el resto lo hizo por la CUP), presumiblemente debido a las reticencias de apoyar una lista que, aunque formalmente encabezaba Raúl Romeva, en la práctica conducía a la investidura de Artur Mas. En cambio, estas reticencias ahora serían mucho menores, aunque lógicamente depende del cabeza de cartel. A priori, Junqueras despertaría menos recelos entre los antiguos votantes convergentes de lo que provocaba Mas entre los republicanos.

El CEO de Cataluña deja algunos otros datos que evidencian la fractura de la sociedad catalana: seguramente dan para otro artículo, pero aquí van algunos a modo de titular: el 80% de los votantes independentistas sigue habitualmente los informativos de TV3, frente a apenas el 10% de Ciudadanos o el PP, pero también solo el 20% entre los votantes del PSC y (ojo) los de Podem. Algo parecido ocurre con las emisoras de radio. El dato más curioso es que no hay ni un solo votante de la CUP que reconozca escuchar una radio que no sea RAC 1 o Catalunya Ràdio. La imagen de los políticos independentistas entre los votantes constitucionalistas está por los suelos (Puigdemont, por ejemplo, obtiene una nota de 1 sobre 10 entre los votantes de Ciudadanos y de 2 entre los del PSC). Al revés, es incluso peor: Arrimadas obtiene una nota del 0,87 entre los votantes de JxSí. Solo algunos representantes políticos del PSC o de Podem, como Iceta, Meritxell Batet o Domènech, consiguen despertar alguna simpatía transversal. Definitivamente, y con todo el dolor que acarrean estas palabras, parece confirmarse que hay dos Cataluñas, que viven en dos círculos separados: una y otra han dejado de comunicarse.

El auto de Lamela ha irrumpido como un elefante en la campaña electoral del 21-D. Lo más difícil de explicar, en mi opinión, es el diferente criterio utilizado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo respecto a una misma causa, especialmente cuando los indicios de comportamientos delictivos individuales son mayores entre los miembros de la Mesa del Parlament (ignoraron resoluciones del Tribunal Constitucional dirigidas a ellos específicamente) que entre los miembros del Govern. No creo que el auto de Lamela tuviese ninguna motivación política, pero es evidente que tiene consecuencias políticas. Entre otras, da una coartada perfecta a los independentistas para hacer de la necesidad virtud, y vestir de resistencia heroica unas listas unitarias que, en realidad, tienen una razón de ser muy distinta: la necesidad de ocultar su debilidad electoral y el riesgo de perder la mayoría absoluta.