La semana que nuestras pensiones vivieron peligrosamente

Durante la última semana, nuestro sistema público de pensiones ha vivido donde no acostumbra: en el ojo del huracán. Primero Pedro Sánchez anunciaba la creación de un impuesto a la banca (en realidad, dos). Poco después, la ministra de Empleo anunciaba, con cierta confusión, una propuesta (voluntaria) para ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral.

¿Qué valoración merecen estas medidas? Antes de entrar en el fondo, procede una valoración política, y es que los dos partidos tradicionales han decidido entrar al trapo en materia de pensiones. Durante un tiempo, hubo consenso en mantenerlas alejadas del debate político (el Pacto de Toledo). Esa barrera ha quedado definitivamente enterrada: si la razón es la situación de nuestro sistema de pensiones o las urgencias electorales de PP y PSOE, es algo abierto a discusión.

¿Cuál es la situación de nuestro sistema de pensiones? Sin paños calientes, muy grave. Durante los últimos años, ha aparecido un déficit creciente en la Seguridad Social que en 2016 alcanzó los 17.757 millones de euros, pese al fuerte crecimiento económico. El déficit resulta de varios factores, unos estructurales y otros coyunturales: la reducción de cotizantes tras la crisis (hemos tardado casi 10 años en recuperar los 18,5 millones), la presión demográfica, la contención salarial (desde 2012, los salarios en España han crecido un 0,9% frente al 5,3% en la zona euro) y las políticas de bonificaciones.

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Para hacer frente al pago de las pensiones, se ha utilizado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (originalmente destinado a cubrir el grueso de la jubilación de los 'baby boomers' a partir de 2020) además de préstamos del Estado. Hemos agotado la hucha mucho antes de lo deseado: apenas quedan en el fondo 8.095 millones de euros (en 2011 llegó a tener 66.815 millones).

Esto ocurre cuando además no ha llegado lo peor: como ha señalado Conde Ruiz citando datos del INE, en las próximas décadas la tasa de dependencia (la ratio los mayores de 65 años y la población en edad de trabajar) aumentará del 27,6% actual al 76%, la más alta de los países de nuestro entorno, disparando nuestro gasto en pensiones.

El documento socialista contenía un diagnóstico a grandes rasgos acertado. Su propuesta, en cambio, está bastante desorientada. En mi opinión, no es que se trate de una medida populista, es que le falta rigor. Para entendernos, mi crítica no es que el impuesto socialista sea el de Robin Hood, es que parece el de Pepe Gotera.

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-Un impuesto insuficiente. Los socialistas parten de un déficit estructural de 15.000 millones de euros. Estiman que un 30% del mismo vendrá de “una política de creación de empleo basada en salarios decentes”. El 70% restante (10.500 millones) lo cubren con tres vías: 3.500 millones, dicen, vendrán del “crecimiento económico y del empleo” (cualquier lector atento diría que los socialistas cuentan esto por segunda vez), 2.750 millones mediante los nuevos impuestos (1.000 millones del “extraordinario” a los beneficios bancarios y 1.750 millones del de transacciones financieras) y finalmente 4.350 millones de la “racionalización del gasto”. No se asusten, los socialistas no proponen recortar las pensiones (de hecho, proponen volver a revalorizarlas con el IPC), sino que un conjunto de partidas (gastos de personal y corrientes) pasen a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Y cómo se pagarían? Misterio. Al pasarlas a los PGE, desaparece la necesidad de financiarlas. Muerto el perro, se acabó la rabia.

Así que el gravamen a la banca en realidad apenas cubre entre un 15% y un 20% de lo necesario, y ello sin considerar el efecto futuro de los 'baby boomers'. Lo más grave, en mi opinión, no es el impuesto a la banca sino los más de 8.000 millones que la propuesta socialista 'olvidó' o contó dos veces.

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-Aunque, en realidad, el impuesto a la banca también es un esperpento. Por varios motivos: el impuesto sobre los beneficios roza lo confiscatorio. Quizá los ciudadanos tengan la sensación de que los bancos han escapado de rositas de la crisis (en el viejo continente no abusamos del 'perp walk'), pero lo cierto es que la actividad bancaria en Europa es, como consecuencia de las nuevas regulaciones prudenciales, una actividad mucho menos rentable de lo que acostumbraba. El ROE de la banca española en 2016 fue del 3,4%, en línea con el sector financiero de la zona euro, cuyo ROE está entre el 3 y el 5%; en EEUU, en cambio, alcanza el 8%; en los bancos nórdicos, el 9%. En su conjunto, los beneficios totales del sector por sus actividades en España ascienden a entre 3.000 y 3.500 millones.

En este contexto: ¿qué representa un tajo de 1.000 millones sobre el beneficio de los bancos? Pues aproximadamente un tercio de su beneficio total en España, lo que situaría su ROE no muy lejos de los bonos del Tesoro a 10 años. A ver quién se lo explica a sus accionistas.

-¿Un impuesto extraordinario? Hay una parte terriblemente confusa en el documento de los socialistas, que con atino ha señalado Juan Rallo. Tras señalar que el déficit es estructural, afirman que las medidas propuestas “son de corto plazo” aunque reconocen que algunas de ellas “pueden ser necesarias en el medio plazo" ¿Estructural o de corto plazo? ¿Extraordinario u ordinario? ¿El impuesto a la banca sería temporal o permanente? Alguien debería aclarar este galimatías.

-El segundo impuesto propuesto (el de transacciones financieras, ITF) tiene algo más de enjundia. Tras las recomendaciones del FMI, la Comisión Europea lanzó en 2011 una propuesta de ITF. Actualmente hay un grupo de 11 países dentro del mecanismo de cooperación reforzada discutiendo una propuesta. El único país donde se ha implementado es Francia (el 'stamp duty' en el Reino Unido tiene unas características muy distintas), cuyo impuesto ha recibido diferentes críticas (por ejemplo, afecta a las acciones y no a las emisiones de deuda). Su recaudación hasta ahora no ha superado los 800 millones de euros anuales. ¿Tiene sentido el ITF? Es una interesante discusión académica que excede este artículo. Lo que está más claro es lo que no tiene sentido: improvisar una medida cuando existe una iniciativa europea en marcha, instaurarla de forma unilateral para todas las transacciones financieras (escapar de la jurisdicción española del ITF será tan fácil como conectarse a internet) y estimar su recaudación en más del doble que en Francia (cuyo PIB prácticamente duplica el español).

-Unión bancaria. Los dos primeros pilares de la unión bancaria, el Mecanismo Único de Supervisión (SSM) y el de Resolución (SRM), ya están en marcha, pero existe un amplio abanico de medidas todavía en desarrollo (incluido un eurofondo de garantía de depósitos, una iniciativa del eurodiputado español Jonás Fernández). ¿Cómo casa la propuesta socialista con las iniciativas en marcha de la Unión Bancaria? Digamos simplemente que en ningún país se vinculan los beneficios bancarios con las pensiones.

-Impuestos finalistas. Uno de los principios de la Hacienda pública es el de unidad de caja. Los socialistas pueden decir que el impuesto a la banca financiará las pensiones, pero no lo hará. Financiará las pensiones, los sueldos de los profesores y la compra de tanques. Ya tuvimos un céntimo sanitario (por cierto, declarado contrario al derecho comunitario), y hemos tenido propuestas variopintas sobre alcohol, tabaco o azúcar. Pero que sea una práctica política habitual para 'endulzar' los nuevos impuestos no la convierte en correcta.

Pasemos ahora brevemente a la propuesta de Báñez. Pese a la confusión de su anuncio, parece que la propuesta de Trabajo es flexibilizar el periodo de cálculo de las pensiones, permitiendo tomar periodos no consecutivos ni inmediatamente anteriores a la jubilación. De esta forma se protegería a aquellos trabajadores a los que la crisis económica hizo interrumpir sus cotizaciones durante unos años. La propuesta se dirige a un problema concreto, pero no a los desequilibrios estructurales. Y no amplía la base de cálculo, sino que la deja a discreción del trabajador, reduciendo la equidad del sistema.

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En definitiva, déjenme que les resuma lo ocurrido en la última semana. Los socialistas copiaron una propuesta del programa electoral de Podemos (impuesto a la banca) y le añadieron la genial coletilla de que la recaudación se utilizará “para pagar las pensiones”. Y el PP, aprovechando el ruido, improvisó una medida tan torpemente explicada que parecía lo contrario de lo que proponían.

Si el objetivo de los socialistas era capturar algunas decenas de votos desencantados porque Podemos ha dejado de estar de moda, y el de los populares reforzar su apoyo entre los jubilados ante el empuje de Ciudadanos, tal vez lo consigan (o no, por la torpeza demostrada en ambas propuestas). Pero si lo que unos y otros buscaban era tranquilizar a los trabajadores y jubilados sobre la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones, mejor que vuelvan a la casilla de salida. Que dejen de armar ruido sobre las pensiones y lleven la discusión donde corresponde. Y si este ya no es la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo (basta escuchar a su presidenta, Celia Villalobos, para entender por qué), habrá que empezar por el principio, por volver a ponernos de acuerdo en lo más básico: que las pensiones no son un cambalache político, y que el mejor sitio para discutir sobre ellas no es en la televisión los sábados por la noche.