Pensiones: Pensiones e impuesto a las tecnológicas: marchando una de populismo económico

Pensiones e impuesto a las tecnológicas: marchando una de populismo económico

Tantos años alertando sobre la llegada del populismo económico a nuestro país y resulta que ha llegado por la puerta de detrás, apoderándose del alma de los partidos tradicionales

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

La propuesta del Gobierno de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC y financiar esta subida con un impuesto a las grandes empresas tecnológicas tiene los mismos defectos que la propuesta socialista de hace unos meses, entonces con un impuesto a la banca y, seguramente, algún problema añadido: ignora el problema de fondo (los desequilibrios de nuestro sistema de pensiones), es apenas un esparadrapo para el incendio más inmediato (dar respuesta a las movilizaciones de los jubilados) y, finalmente, tiene el riesgo de marchitar anticipadamente algo que podría ser una buena idea (el impuesto a las empresas tecnológicas). Quizá lo más grave es lo que late detrás: tantos años alertando sobre la llegada del populismo económico a nuestro país, y resulta que ha llegado por la puerta de atrás, apoderándose del alma de los partidos tradicionales.

¿Cuál es el problema estructural? El déficit de la Seguridad Social, que en 2016 ascendió a 18.000 millones (el 1,6% del PIB). No es un problema puntual: durante los últimos años, este déficit ha sido sistemático, hasta el punto de que nos hemos 'merendado la cena' de la hucha de las pensiones, utilizando más de 60.000 millones originalmente destinados a cubrir la jubilación de los 'baby boomers' a partir de 2020. El desequilibrio de la Seguridad Social es uno de los problemas estructurales más importantes de la economía española; su insatisfactoria solución puede poner en riesgo no solo el bienestar de nuestros jubilados sino también nuestro mercado laboral (ante el riesgo de tener que imponer cargas sociales adicionales), condicionar el debate político (dado el creciente peso demográfico de los mayores), y debilitar los equilibrios sociales entre generaciones, por citar unos cuantos efectos.

El problema estructural tiene que ver con factores como la caída de la natalidad, el envejecimiento de la población o el alargamiento de la esperanza de vida. En 2013 se introdujeron una serie de reformas, la más importante la introducción del factor de sostenibilidad (que está detrás de la revalorización del 0,25% que ha enervado a los jubilados). Personalmente, el factor de sostenibilidad no me gusta por varias razones: tiene un efecto regresivo y además condena a una pérdida de poder adquisitivo que es inasumible para cualquier horizonte vital.

Una persona que se jubila hoy con una pensión de 1.000 euros puede terminar cobrando al final de su vida una pensión de 800 euros (en euros constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación). Sería más razonable, en mi opinión, que los jubilados empezasen cobrando 800 para terminar cobrando 1.000 euros, y todavía más sensato que cobraran 900 euros durante todo el periodo de su jubilación (insisto, 900 euros constantes, es decir, que mantuvieran su poder de compra durante todo el periodo de la jubilación). Claro que implementar esta última solución obligaría a anunciar una bajada de las pensiones que es políticamente incomestible para los partidos. En este sentido, el 'factor de sostenibilidad' era una especie de 'second best', una manera de recomponer el equilibrio del sistema de una forma gradual e indolora.

Pero no hay solución indolora cuando se tiene la piel tan fina como nuestros responsables políticos, que no han resistido ni el primer asalto. Los jubilados se empezaron a movilizar en enero, y la clase política entró en pánico de inmediato, especialmente PP y PSOE, que para algo recibieron entre ambos el 80% de los votos de los mayores de 65 años en las últimas elecciones generales. Así que optaron por seguir el manual de populismo económico. Primero, ignorar el problema de fondo: el PSOE haciendo una propuesta que apenas tapaba una parte minúscula del agujero, y el Gobierno retrasando la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 (“ya lo arreglarán otros”, parecen decir siguiendo la famosa reflexión de Unamuno).

El principio de unidad de caja impide la creación de impuestos finalistas

Segundo, ambos partidos decidieron centrar su atención en lo urgente, no en lo importante: en calmar los ánimos de los jubilados. ¿Cómo? El manual de populismo recomienda utilizar una idea que esté flotando en el debate económico para parecer sofisticado. Por ejemplo, el impuesto a las empresas tecnológicas o los bancos. El siguiente paso es decir que este nuevo impuesto financiará la subida de las pensiones. Por supuesto, no es verdad: el principio de unidad de caja impide la creación de impuestos finalistas. La creación de un nuevo impuesto financia la subida de las pensiones tanto como la compra de armamento militar a Arabia Saudí. Cada año, la Ley de Presupuestos es soberana para decidir dónde gastar el dinero. Finalmente, estos nuevos impuestos se diseñan no para que sean efectivos (algo especialmente complejo, debido a su peculiar configuración), sino para recaudar exactamente los 1.000 millones de euros necesarios para la paga a los pensionistas.

Resulta, sin embargo, muy dudoso que estos nuevos e improvisados impuestos alcancen esta recaudación. Los beneficios totales de la banca por sus actividades en España ascienden a unos 3.000 millones, así que déjenme mantener un cierto escepticismo sobre que se vaya a recaudar un tercio de esta cifra. En el caso de las tecnológicas, es todavía más improbable: Google declaró el pasado ejercicio 19 millones de beneficios en España, y Amazon cinco. Y aunque la propuesta de la Comisión es que estos grupos paguen un porcentaje sobre sus ventas, no sobre sus beneficios, está por ver que el legislador (sobre todo cuando es nacional y actúa unilateralmente) sea capaz realmente de conseguir este resultado en la práctica.

Ni Google ni Santander van a pagar la subida de las pensiones, sino los recortes en educación, sanidad o los planes para la infancia

Así que les voy a anunciar lo que va suceder: durante los próximos años, nos gastaremos 1.000 millones más en pensiones, mientras la cantidad adicional de ingresos (a través de las nuevas figuras impositivas) ni de lejos se acercará a esta cifra (a lo sumo, llegará a un par de cientos de millones), así que el dinero tendrá que salir de otro sitio. O por decirlo de otra manera: ni Google ni Santander van a pagar la subida de las pensiones, sino los recortes en educación, sanidad o los planes para la infancia.

El populismo económico es como el chapapote, porque lo mancha todo: no solo ignora el problema de fondo y deja sin resolver el puntual, sino que además estropea lo que podría ser una buena idea. El impuesto de transacciones financieras (ITF) está siendo discutido por varios países dentro del mecanismo de cooperación reforzada de la UE. No tiene ningún sentido improvisar una propuesta unilateral (como hicieron los socialistas) porque, debido a las características del hecho imponible, solo una actuación coordinada entre países puede hacerlo viable. Para ser justos, la discusión sobre el ITF está en punto muerto, pese al impulso recibido por el presidente Macron. La propuesta socialista, en este sentido, era un brindis al sol, impracticable e inútil, pero sin provocar mayores desperfectos.

En el caso del impuesto sobre las empresas tecnológicas, en cambio, la situación es distinta. A finales del pasado mes de marzo, la Comisión Europea anunció un plan para hacer más efectiva la fiscalidad sobre grandes tecnológicas, como Google, Facebook o Amazon, que han aprovechado su particular modelo de negocio y la falta de armonización sobre el impuesto de sociedades para reducir al mínimo sus obligaciones fiscales en la UE. Este es el paraguas al que se agarra el Gobierno español para anunciar el nuevo impuesto que pagarán las pensiones: en este caso, no se trata de una broma inocua, como en la propuesta de los socialistas.

Que un país improvise un impuesto propio mientras la propuesta se discute en el seno de los cauces comunitarios puede dar al traste con una iniciativa tan compleja como necesaria: la fiscalidad de las grandes multinacionales que se sustraen a la acción de los ordenamientos nacionales es uno de los grandes retos del presente. Pero es uno de esos grandes retos —como el cambio climático o la lucha contra el terrorismo internacional, por citar otros dos ejemplos, que nada tienen que ver— que no puede tomar un país en solitario. Por muy Quijote que sea. O, en algunos casos, por muy Sancho Panza.

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