Sánchez, Torra y las rodajas del salchichón

En algún artículo anterior he comentado en qué consiste la “estrategia del salchichón”. Dos partes se sientan a negociar, y una de ellas empieza a reclamar concesiones como “gestos de buena voluntad”, para ablandar a los “más duros” entre sus propias filas, o para “desbloquear” el diálogo cuando se empantana. Figuradamente, es como si hubiese un salchichón en el centro de la mesa, y una de las partes se fuese sirviendo rodajas cada vez más generosas. A poco que se baje la guardia, el salchichón puede desaparecer antes de que empiece propiamente la negociación.

Aunque tal vez con otro nombre, la “estrategia del salchichón” es de sobra conocida y utilizada por cualquier negociador avezado. Lo primero que hace un policía que entabla contacto con un secuestrador (una de las negociaciones que más se han estudiado), es pedirle una rodaja de salchichón, la liberación de algunos rehenes por ejemplo. Los sindicatos mineros, los negociadores más duros con los que me he encontrado, pedían rodajas de salchichón simplemente para sentarse en la mesa.

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El Gobierno de Pedro Sánchez llegó con el muy encomiable objetivo de “desinflamar” el conflicto en Cataluña, un objetivo que muchos compartíamos, porque el nivel de decibelios había llegado al umbral en el que los humanos somos incapaces de entender los sonidos. Para conseguirlo, el Gobierno de Sánchez ha ido ofreciendo una rodaja de salchichón tras otra. El Govern de Torra se las ha zampado todas. Hasta el punto de que, cuando ambos gobiernos se sienten propiamente a negociar, seguramente no quede salchichón en la mesa.

¿De qué rodajas de salchichón estoy hablando? Ha habido rodajas de todos los tipos, algunas previsibles y seguramente justificadas, otras imprudentes, y algunas que me atrevería a calificarlas como inquietantes. Repasémoslas todas.

El levantamiento del control financiero de la Generalitat era una consecuencia natural del levantamiento del artículo155

Entre las primeras, las previsibles y más justificadas, están las adoptadas en los primeros días del Gobierno Sánchez. El levantamiento del control financiero de la Generalitat era una consecuencia natural del levantamiento del artículo 155, aunque admitía diversos grados de control, y el Gobierno español terminó optando por la opción más generosa para la Generalitat.

También justificado estaba el acercamiento de los políticos presos a centros penitenciarios en Cataluña tras la finalización de la fase de instrucción. Asunto distinto es si era obligada la diligencia, o hasta premura, que demostró el Gobierno de Sánchez durante aquellos días. Otra rodaja de salchichón en aras de la desinflamación.

Las siguientes rodajas tienen tonalidades más grises. Que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat se reúnan, o que lo haga la comisión bilateral entre el Gobierno central y una Comunidad Autónoma, forma parte de una saludable normalidad institucional. Que la celebración de estos encuentros exija a la vicepresidenta Carmen Calvo aceptar previamente un “diálogo sin cortapisas” arroja alguna sombra de duda. Que en democracia se puede hablar de todo es tan obvio que es una frase sin contenido, no significa nada.

Opinión

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Que un Gobierno acepte hablar de determinados temas (como la celebración de un referéndum ilegal), en cambio, es un gesto con un evidente significado político. Como también lo tendría, por ejemplo, que el Gobierno aceptase reunirse con un colectivo homófobo para escuchar sus democráticas pero poco constitucionales reivindicaciones. No, en democracia no se puede “hablar de todo”. Hablar políticamente, me refiero. Hace más de 200 años, en una de las mayores conquistas de la humanidad, el legislador revolucionario francés decidió que había una serie de temas sobre los que “no se podía hablar”. Los denominó, con cierta pomposidad, “Declaración Universal de Derechos del Hombre”.

En España, el legislador constitucional añadió de su cosecha propia: la soberanía es “indisoluble”, la forma política es la “monarquía parlamentaria” y los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Se puede hablar de estos temas en una charla de bar, como también puede hacerse sobre el sexo de los ángeles. Pero no se debe hablar “políticamente” sobre los mismos. El legislador constitucional decidió blindarlos del debate político.

Aceptar que el referéndum de independencia se incluya en el orden del día de una reunión entre poderes públicos no es un gesto inane: rompe un tabú constitucional, sienta un precedente y manda una señal equivocada, la de que todo cabe en nuestra Constitución. Porque no caben diferentes formas de soberanía, así lo decidió el legislador constitucional y lo ratificaron los españoles. Si se aspira a cambiar los cimientos, debe construirse otro edificio.

Pero la forma verbal es taxativa y sugiere que el Gobierno está dispuesto a plegar velas y embridar la maquinaria judicial. Un escenario inquietante

Pasemos ahora al tercer grupo de rodajas del salchichón, las verdaderamente inquietantes. Una de las menos tranquilizadoras fue la declaración de Pedro Sánchez en su comparecencia hace unos días: “No abriré más vías judiciales con Cataluña”. Si Sánchez se hubiese expresado en forma de desiderátum (“No me gustaría tener”) no pasaría de ser una mera declaración de intenciones más. Pero la forma verbal es taxativa (“No abriré”) sugiere que el Gobierno está dispuesto a plegar velas y embridar la maquinaria judicial. Un escenario sencillamente inquietante, porque si algo paró el desafió independentista hace un año fue precisamente la firmeza en la respuesta del aparato del Estado.

¿Y qué ha ofrecido el Govern a cambio de este banquete de salchichón (o de fuet, si lo prefieren)? La balanza no puede ser más desigual. Dejemos fuera la investidura de Sánchez (soy de los que piensan, cada vez con menos convicción, que no hubo acuerdos previos, sino una confluencia de intereses). En el deber de los partidos independentistas (en el haber del Gobierno central) apenas cabe apuntar el apoyo al decreto de RTVE, a la postre intrascendente.

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En el lado contrario, todo lo demás: el rechazo al techo de gasto, la elección de una dirección “dura” en el congreso del PDeCAT, o el impostado comedimiento en la conmemoración del 17-A que reventó tras el llamamiento del 'president' Torra a “atacar al Estado español”. Y vienen curvas, lo que podríamos llamar la rapsodia del independentismo: el aniversario de la aprobación de las leyes de desconexión (6 y 7-S), la diada (11-S), el pseudo referéndum de independencia (1-O) y la DUI (27-O).

En el tema catalán, el Gobierno actúa con un patrón que empieza a resultar familiar, y tiene tres elementos: el primero es un diagnóstico simple y adanista, que asume que el simple cambio de inquilino en La Moncloa tendría efectos taumatúrgicos (Sánchez declaró que la “falta de criterio del anterior Gobierno” era la “causante de la fractura social en Cataluña”). El segundo elemento es la confusión entre táctica y estrategia. Seguimos sin saber cuál es el plan del Gobierno en Cataluña (¿una reforma constitucional?, ¿un nuevo estatuto?), mientras lo fía todo a la desinflamación, una mera táctica, sacrificando cuantas cabezas de cordero hagan falta para conseguirla.

El Gobierno de los 84 diputados parece ignorar cuál es su verdadera fuerza, y pretende navegar solo en el conflicto catalán, sin el concurso de la oposición

Y el tercer elemento lo podríamos llamar el “síndrome del Correcaminos”: el Gobierno de los 84 diputados parece ignorar cuál es su verdadera fuerza, y pretende navegar solo en el conflicto catalán, sin el concurso de la oposición. Incluso si tuviese el doble de diputados, no le alcanzaría para aprobar un nuevo estatuto. Y para reformar la Constitución necesitaría el triple. Como en el Correcaminos, llegará el momento en que el Gobierno mire para abajo y se dé cuenta que va caminando sin red. Para entonces, no tendrá ni una rodaja de salchichón que llevarse a la boca.