El lío con los referéndums del presidente Sánchez

Mi profesora de latín de Bachillerato, tan estricta como apasionada por la enseñanza, me hubiese pegado un grito por hacer caso a la RAE (y al oído) y escribir 'referéndums' en lugar de 'referenda'. Espero que me disculpe. Pero es que el presidente del Gobierno se ha hecho no un lío, sino varios. Y no con uno, sino con varios referéndums.

Sánchez ha propuesto como fórmula para salir del atolladero catalán un “referéndum sobre el autogobierno”. Pese a las interpretaciones maliciosas, Sánchez no se refería a un referéndum de independencia: a preguntas de José Antonio Zarzalejos, el presidente aclaró que hablaba de un nuevo Estatuto catalán, seguido de un plebiscito para refrendarlo. El problema, según Sánchez, es que los “catalanes tienen un Estatut que no han votado”, en referencia a la sentencia del Constitucional que declaró nulos algunos preceptos del texto previamente aprobado por los catalanes en referéndum.

Opinión

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Que Sánchez no se refiriese a EL referéndum (el referéndum de independencia “pactado y vinculante” que volvió a reclamar Torra el pasado martes), no quiere decir que su referéndum sea una buena idea. Más bien al contrario, es un planteamiento vacío, de pretensiones taumatúrgicas, que además transpira un sesgo miope sobre lo ocurrido en Cataluña durante los últimos años.

Uno de los mayores tópicos sobre el 'procés' es situar su origen en la sentencia del Estatut

Uno de los mayores tópicos sobre el proceso soberanista (así lo recuerda el libro colectivo 'Anatomía del procés') es situar su origen en la sentencia del Estatut. Hay sin embargo dos inconsistencias en este relato. Una es temporal: la sentencia se hizo pública en junio de 2010. La siguiente Diada, en septiembre, tuvo una repercusión limitada. Artur Mas ganó las elecciones en noviembre de aquel año, formó un Gobierno 'business-friendly', alejado de planteamientos identitarios y aprobó sus primeros Presupuestos con el apoyo del PP. También la Diada del año siguiente, 2011, volvió a reunir apenas unos miles de personas. No fue hasta septiembre de 2012 cuando se produjo la eclosión independentista. Si la sentencia del Estatut fue el origen de todo, el malestar soberanista estuvo en 'modo avión' durante más de dos años.

La segunda inconsistencia es material: en un artículo hace unos meses, Roger Senserrich repasaba el contenido de la famosa sentencia. En total, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre una docena de artículos, a menudo retocando apenas una palabra o delimitando su interpretación 'constitucional' (sobre un total de 223 artículos y 22 disposiciones adicionales). Se limitaron las competencias del Síndic de Greuges, se modificaron algunas cuestiones en materia fiscal (como la exigencia de que otras autonomías pagasen tantos impuestos como Cataluña) y se recordaba que la declaración de Cataluña como nación no tenía efectos jurídicos (algo asumido por los propios redactores del Estatut cuando movieron esta declaración al preámbulo). El único cambio significativo fue anular la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, algo que para cualquier jurista era manifiestamente contrario a la configuración del poder judicial en nuestra Constitución.

El 'procés' tuvo otras causas y otros orígenes. Lo del Constitucional es una excusa fabricada 'a posteriori'

La miopía consiste en ver mal de lejos. Este es el sesgo de quienes sitúan el origen del desafío soberanista en la sentencia del Constitucional. El 'procés' tuvo otras causas y otros orígenes. Lo del Constitucional es una excusa fabricada 'a posteriori', que permite a los independentistas alimentar su pira histórica de agravios, y a otros partidos (principalmente a los socialistas) revestir el irresponsable camino que tomaron cuando abrieron en solitario el proceso de reforma estatutaria en 2005.

Si el primer lío del presidente Sánchez es sobre lo que ocurrió entonces, el segundo es respecto a lo que está por venir. Porque cuando dice que los catalanes deben tener un Estatut que hayan votado, ¿de qué Estatut habla? Pareciera que lo importante es el cómo (votarlo) más que el qué (el contenido del futuro Estatut). ¿Qué es exactamente lo que propone incluir en el nuevo Estatut? ¿Recuperar el Consejo Judicial catalán? ¿La cláusula que limita la financiación de otras CCAA? No es una cuestión menor. Digo yo que un estatuto que declarase Bruselas capital de Cataluña, Cataluña protectorado de Liechtenstein y el lazo amarillo el nuevo escudo oficial de los catalanes, no sería del agrado de Sánchez, por mucho que fuese un estatuto 'votado' por los catalanes.

Pareciera que lo importante es el cómo (votarlo) más que el qué (el contenido del futuro Estatut)

Decir que se quiere un nuevo estatuto sin decir qué estatuto se quiere es no decir nada, es volver a caer en el mismo error que en 2005: poner el arado delante de los bueyes. Con varias dificultades añadidas: porque entonces el PSOE tenía 164 diputados en el Congreso (casi el doble de los 84 actuales), 42 diputados en el Parlament catalán (ahora tiene 17), y una parte del nacionalismo era favorable a una reforma estatutaria, que ahora el soberanismo en pleno rechaza.

Pero es que además lo del “Estatut que no se ha votado” es una perversa falacia política. Las leyes o son constitucionales o no son leyes. La propia Constitución que votaron los españoles dice en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Algún ciudadano pudo entender, antes de votar en el referéndum constitucional, que ese artículo le garantizaba una vivienda. Posteriormente, en diversas sentencias, el Tribunal Constitucional interpretó que no se trataba de un derecho subjetivo, sino de un mandato a los poderes públicos para “definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo aquel derecho, configurado como un principio rector o directriz” (sentencia 152/1988, de 20 de julio). ¿Significa eso que el texto que votaron los españoles estaba adulterado? ¿Que los españoles tienen una Constitución que no votaron? La respuesta es no. El control constitucional de las normas, incluida la interpretación del propio texto constitucional, es parte del funcionamiento normal de cualquier Estado democrático y de derecho. Una norma que vulnera la Constitución no deja de hacerlo porque la refrenden los ciudadanos en las urnas o porque la voten sus representantes en el Parlamento.

Una norma que vulnera la Constitución no deja de hacerlo porque la refrenden los ciudadanos en las urnas o porque la voten sus representantes

El presidente Sánchez se hizo un tercer lío, esta vez con un tercer referéndum, la pseudoconsulta del 1-O del año pasado. Tal vez fue un lío bienintencionado, pero no por ello menos peligroso. Sánchez defendió que los soberanistas no tienen un mandato ciudadano porque “el 1-O participó en torno al 43% del censo mientras que el 21 de diciembre participó el 79% en unas elecciones autonómicas”. Lo cierto es que si el 1-O hubiese participado el 79% del censo, eso no lo hubiese convertido en legitimo. Y si en las pasadas elecciones autonómicas hubiese votado solo el 43%, no serían por ello unas elecciones espurias. Por cierto, que en el referéndum sobre el Estatut de 2006 apenas votaron a favor del texto el 35% de los catalanes. Lo que evidencia las debilidades de esta línea argumental.

Hace unos días, una noticia en este diario hablaba, con bastante gracia, de los “homeópatas del cambio de hora”. Son aquellos que piensan que con solo cambiar el huso horario saldremos antes del trabajo, dormiremos más horas, desayunaremos salmón ahumado y tomaremos ensalada para almorzar. Al parecer, también existen los 'homeópatas del referéndum', los que piensan que simplemente por depositar una papeleta (como si los catalanes no lo hubiesen hecho durante estos años), todos los problemas desaparecerán milagrosamente. Lo más llamativo es que uno de ellos nos está gobernando.