¿Sedición, rebelión o... rendición?
Es legítimo que el presidente tenga dudas sobre los hechos de los que se acusa a los líderes soberanistas. El problema es que hace tan solo cinco meses no parecía tener ninguna
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Hace 40 años, también coincidiendo con unos días festivos en Madrid, el Gobierno de Adolfo Suárez autorizó la legalización del Partido Comunista. Más allá de la circunstancia de que la decisión se anunciase cayendo la tarde de un día festivo, no se me ocurre una decisión más opuesta al escrito de conclusiones de la Abogacía General del Estado en el juicio abierto contra los responsables del desafío soberanista en Cataluña. Si la decisión de Suárez fue audaz y cambió el curso de nuestra transición democrática, la del Gobierno de Pedro Sánchez es de vuelo corto. Donde hubo valentía en la decisión de Suárez, solo se advierten trazas cobardes en la de Sánchez. Y si Suárez defendió al Estado en contra de su propio Gobierno, Sánchez ha hecho exactamente lo contrario: poner las instituciones del Estado a los pies de los caballos, con la única intención de darle una bocanada de aire a su maltrecho Gobierno.
Es legítimo que el presidente tenga dudas sobre si los hechos de los que se acusa a los líderes soberanistas (concienzudamente detallados en los escritos de las acusaciones) encajan mejor en el tipo penal de sedición o de rebelión. Determinar si el alzamiento fue “tumultuario” (sedición) o “con violencia” (rebelión) es técnicamente un asunto complejo. El problema es que hace tan solo cinco meses Pedro Sánchez no parecía tener ninguna duda (“Clarísimamemte ha habido un delito de rebelión”, dijo entonces). La cuestión, insisto, no es si rebelión o sedición (algo que no compete determinar ni al presidente ni a sus asesores, sino al tribunal que juzgará a los acusados). La cuestión es por qué donde dijo digo, dice Diego. ¿Qué ha motivado el cambio de criterio del presidente? La vicepresidenta Calvo lo ha justificado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros arguyendo que cuando hizo estas declaraciones Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno. ¿Tal vez esta explicación no les resulta convincente? No se preocupen, no son los únicos. Así que vaya aquí un capote para tratar de hacer esta explicación inteligible.
Cuando Pedro Sánchez hizo estas declaraciones no era presidente de un Gobierno apoyado por 84 parlamentarios. Entonces no había anunciado un acuerdo presupuestario con Podemos que, en el mejor de los casos, le asegura el apoyo de 155 diputados, todavía insuficientes para sacar adelante la pieza básica de cualquier Gobierno, la misma que en el mes de marzo llevó al entonces líder de la oposición Pedro Sánchez a declarar: “La responsabilidad del Gobierno pasa por aprobar los Presupuestos Generales y no jugar a trampear con reales decretos leyes para prorrogarlos”. "En caso contrario, el presidente debe convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza”.
Así que la encrucijada del Gobierno de Sánchez es esta: si no consigue sacar adelante sus Presupuestos, habrá quien empiece a plantearse si para tener un Gobierno que no haga nada no era mejor quedarse con Don Tancredo, que al menos guardaba un mayor equilibrio entre cuerpo y espíritu, ya que su tono general estaba más acorde con su inactividad política y al menos no iba anunciando a diestro y siniestro el alumbramiento de una nueva era.
Joan Tardà insinuó en la tribuna del Congreso que sería suficiente con que el Gobierno “instase” a la Fiscalía a rebajar las penas
Así que la aprobación de los Presupuestos es un asunto de vida o muerte para el Gobierno de Sánchez. En realidad, no es una misión imposible, porque sus socios de investidura tienen el mismo poco entusiasmo por someterse al veredicto de la ciudadanía. Si a Pablo Iglesias le hubiesen enviado en 2016, cuando se empeñó en bloquear la investidura de Sánchez, el mismo acuerdo presupuestario que firmó con gran pompa hace unas semanas, ni se lo hubiese leído. Por su parte, para convencer al PNV solo hay que tirar de talonario; la 'responsabilidad política' de los nacionalistas vascos suele hacer el resto. La principal dificultad está en los partidos catalanes, que tendrían que justificar ante su electorado el apoyo a los Presupuestos de Madrid. Pero el Gobierno de Sánchez cree haber encontrado una grieta en ERC, que en el péndulo histórico del independentismo catalán, parece convencida que ahora toca un par de años de pragmatismo y negociación antes de retomar el desafío con la siguiente acometida al Estado español.
Así que la estrategia del Gobierno de Sánchez es esta: asegurarse el voto positivo de ERC e incrementar así la presión sobre el PDeCAT para que finalmente pase también por el aro presupuestario. En realidad, incluso así los Presupuestos no estarían garantizados: está por resolver la cuestión del veto del Senado, y si el PDeCAT solo se mueve hasta la abstención, el Gobierno necesitaría el voto positivo de los nacionalistas canarios o de Bildu. Pero, en fin, más difíciles eran las cuentas para la moción de censura, deben pensar en Moncloa.
Conseguir el voto favorable de ERC a los Presupuestos es, en definitiva, decisivo. Y los republicanos se han dejado querer. Su propia estrategia pasa por aislar a Puigdemont, así que están dispuestos a vender su voto favorable por mucho menos de “155 monedas de plata”. Bastarían un puñado de monedas de hojalata. Joan Tardà insinuó en la tribuna del Congreso que sería suficiente con que el Gobierno “instase” a la Fiscalía a rebajar las penas. El Gobierno ha estado valorando en los últimos días los pros y contras de los posibles gestos para contentar a ERC. Finalmente, se ha decantado por la vía de utilizar la Abogacía del Estado para señalizar su postura favorable a la rebaja de las penas, en lugar de instar públicamente a la Fiscalía a hacerlo. Seguramente el motivo ha sido que en el segundo caso hubiese hecho falta un portavoz político para conminar públicamente a la Fiscalía, mientras que con el camino elegido se utiliza vicariamente a un funcionario (la abogada general del Estado) para defender el cambio de postura. De nuevo, entre dos alternativas, el Gobierno siempre elige la que es políticamente más cobarde. La que hace menos daño a su propio cálculo electoral, la verdadera 'raison d’Etat' de este Gobierno.
El cambio de criterio supone una aceptación tácita de las tesis defendidas por los tribunales alemán y belga
¿Cuáles son las consecuencias del cambio de criterio de la Abogacía del Estado? Aclaremos en primer lugar que efectivamente se trata de un cambio de criterio, porque existe cierta confusión al respecto: inicialmente, la Abogacía del Estado se personó solo por el delito de malversación (en línea con su línea tradicional de limitarse a defender el interés patrimonial del Estado, sin entrar a valorar el resto de delitos). En el mes de agosto, sin embargo, pidió la apertura del juicio oral por los delitos de “malversación y rebelión”. Ahora, en cambio, la 'rebelión' se ha caído de su escrito de conclusiones. Una rectificación innegable.
Las consecuencias del cambio de criterio son múltiples:
- En primer lugar, significa una desautorización en toda regla al escrito de la Fiscalía, publicado de forma casi simultánea, y a la labor del propio juez de instrucción, que habían apreciado indicios de la comisión de un delito de rebelión.
- En segundo lugar, supone una aceptación tácita de las tesis defendidas por los tribunales alemán y belga, que han denegado la extradición de personas fugadas de la Justicia española al no apreciar indicios de rebelión en los hechos que se les atribuían, uno de los mayores reveses jurídicos y políticos sufridos por nuestro país en los últimos años.
Los hechos que describen los escritos seguramente merezcan un reproche penal menor que entrar pegando tiros en el Congreso, por poner un ejemplo
- Pero, sobre todo, supone un torpedo contra el presunto carácter 'apolítico' de los procesos judiciales en nuestro país. ¿Existe una razón más puramente política que obligar a la Abogacía General del Estado a cambiar de criterio por el simple hecho de necesitar un puñado de votos para aprobar los Presupuestos?
- Y, finalmente, la decisión adoptada no va a contribuir un ápice a resolver el desafío político independentista. Tanto el 'president' Torra como el expresidente Puigdemont se han apresurado a descalificar los escritos de acusaciones (y, de paso, porque saben de qué va realmente este juego, a anunciar su voto negativo a los Presupuestos). Al fin y al cabo, para quien piensa que estaba conduciendo a los catalanes a la tierra prometida, la diferencia entre una pena de 15 o 30 años es por completo secundaria.
¿Sedición o rebelión? Reconozco que yo también tengo mis dudas. Los hechos que describen los escritos de acusaciones son gravísimos, concertados y sistemáticos. Pero seguramente merezcan un reproche penal menor que entrar pegando tiros en el Congreso, por poner un ejemplo. Pero insisto que no son las dudas (razonables) sobre la calificación jurídica lo que ha movido al Gobierno. Las convicciones deberían ser las mismas ya se esté en el Gobierno o en la oposición. Son los intereses los que cambian. Así que, señora Calvo, déjeme decirle que tiene usted razón: el problema no es lo que el presidente del Gobierno dijo antes de serlo; el problema es lo que ha hecho después. Esta semana ha intentado rendir las instituciones para arrancar un puñado de votos a su proyecto presupuestario. Afortunadamente, hay estados más fuertes que sus peores gobiernos. España es uno de ellos.
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