El lío hipotecario: togas, vampiros y aquelarre populista

Lo que late detrás de la controversia suscitada en el Tribunal Supremo a cuenta del impuesto hipotecario es la incomprensión entre el derecho y la economía

Foto: Foto: Reuters.
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El derecho y la economía son como el agua y el aceite. No conozco dos disciplinas más antitéticas: no se trata simplemente de que una junte letras y la otra números, sino de una diferencia más radical: cómo ven a sus destinatarios.

El derecho es cartesiano, disecciona la realidad con la precisión de un cirujano. Como este, asume que el paciente está inmóvil, dormido. La Justicia es ciega. Prefiere no saber qué ocurre cuando actúa.

La economía en cambio es como un médico de familia: hace un diagnóstico preliminar, receta y observa cómo responde el paciente. En función de lo que ve, modifica el diagnóstico y muchas veces también el tratamiento. Los economistas viven permanentemente entre la prueba y el error. Por eso a la economía se la conoce como la 'ciencia lúgubre'.

El derecho asume que la realidad es estática; la economía, en cambio, que no para de moverse.

Para la economía da igual quién diga la ley que debe pagar un impuesto. Para el derecho es capital, incluso si se lleva por delante el sistema financiero

Tan distintas son una de la otra que, cuando siendo un adolescente decidí estudiar ambas carreras, no me di cuenta de estar cometiendo un error que en realidad era un acierto: estudiar Derecho y Economía es la mejor garantía de que nunca serás especialista en nada, aunque querrás opinar de todo. Lo que no es un mal plan para los que nunca tuvimos más vocación que la curiosidad. Quiero pensar que estas columnas son el barro de aquellos lodos.

Mi experiencia en la universidad estuvo llena de anécdotas que daban testimonio de la incomprensión mutua entre una y otra disciplina. A un profesor de macroeconomía que intentaba explicarnos que el dinero es convencional (en el sentido de que no tiene un valor intrínseco, sino lo que colectivamente hemos acordado darle), alguien le objetó que quemar el dinero es un delito, y que por tanto la ley debía estar protegiendo su 'valor intrínseco'. Como el profesor no encontró un mejor contraargumento, sacó un mechero y prendió un billete de 5.000 pesetas, que quedó reducido a cenizas ante la mirada atónita de toda la clase.

Otra vez, un profesor de Derecho Laboral, a la sazón juez de lo social, nos explicó que en su opinión una empresa no podía pagar salarios diferentes a sus empleados. Como para entonces en las clases de economía llevábamos años estudiando que el salario que cobra un empleado es igual a su productividad marginal, se montó un tumulto en clase que nos partió por la mitad. Nunca más pudimos ignorar quién se inclinaba a las togas y quién lo hacía por la ciencia lúgubre.

Cuento todo esto porque, en el fondo, lo que late detrás de la controversia suscitada en el Tribunal Supremo a cuenta del impuesto hipotecario es esta misma incomprensión entre el derecho y la economía. Para esta última, da igual quién diga la ley que debe pagar un impuesto. Para el derecho, en cambio, este asunto es capital, incluso si se lleva por delante nuestro sistema financiero.

El origen de la controversia, a estas alturas, es bien conocido: durante más de 20 años, desde su regulación en 1995, el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) que se devenga con la constitución de una hipoteca ha sido satisfecho por el prestatario (el cliente). En tres recientes sentencias, en cambio, el Tribunal Supremo ha interpretado que el IAJD en realidad incluye varios tributos de naturaleza muy diferente, y que uno de ellos, el de mayor importe, corresponde pagarlo al prestamista (el banco). Incluso desde el punto de vista estrictamente jurídico, la conclusión es discutible: a los tribunales les corresponde interpretar la ley, no crearla.

Y aunque la redacción de la ley definiendo el sujeto pasivo del impuesto era ciertamente confusa, es difícil explicar qué criterio justificaba que el Supremo se apartase de una jurisprudencia consolidada durante más de 20 años (según el Código Civil, las normas se interpretarán “según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”).

El legislador (o el Supremo) puede decir lo que quiera. En la práctica, el impuesto lo pagarán bancos o clientes según su elasticidad relativa

¿Qué diría un economista al respecto? Que en realidad da igual lo que diga la ley sobre quién debe pagar el impuesto. No es lo mismo el sujeto pasivo tributario que quien lo soporta de verdad. El legislador (o el Tribunal Supremo) puede decir misa: en la práctica, el impuesto lo pagará una parte u otra, dependiendo de las elasticidades relativas de oferta y demanda. Hace poco hemos visto un ejemplo práctico: el Gobierno, después de años de reivindicaciones del sector, bajó el IVA aplicable a la venta de entradas en las salas de cine. Pero estas, en lugar de repercutir la bajada en los consumidores, aprovecharon para subir sus precios 'antes de impuestos' y mejorar sus márgenes. Es decir, en la práctica, las salas se embolsaron la bajada de impuestos llevada a cabo por el Gobierno. El motivo, seguramente, es que a día de hoy la demanda de clientes de películas es muy inelástica: los que siguen yendo a las salas son aficionados incombustibles, a los que una subida (o bajada) de poco más de un euro en el precio apenas condiciona su decisión.

Algo parecido ocurre con el IAJD: el legislador (o el Supremo) puede decir lo que quiera. En la práctica, el impuesto lo pagarán bancos o clientes según su elasticidad relativa. Es decir, que incluso si se hubiese dictaminado que eran los bancos los obligados a pagar este impuesto, estos hubiesen repercutido, al menos en parte, este impuesto sobre sus clientes, como hay evidencia de que hicieron las salas de cine con sus clientes cuando el Gobierno subió el IVA.

Incluso si se hubiese dictaminado que eran los bancos los obligados a pagar, estos hubiesen repercutido este impuesto sobre sus clientes

Esto, claro está, hubiese sido a futuro. Pero ¿y a pasado? ¿Qué hubiese pasado con el dinero indebidamente cobrado? Este era el gigantesco agujero que se abría sobre nuestro sistema financiero (o, más probablemente, sobre nuestras cuentas públicas, porque si hay una lección que deberíamos haber aprendido después de la crisis es que cualquier agujero que la banca no está en condiciones de soportar lo acaban pagando los contribuyentes). Déjenme decir primero que la política de comunicación en todo este asunto ha sido un auténtico dislate: después de presentar como 'cosa juzgada' e inamovible las tres sentencias particulares, una sucesión de comunicados tan equívocos como contradictorios, ha generado una confusión tan lógica como inadmisible en los ciudadanos, además de alimentar la sospecha de que la banca, siempre habilidosa para mover sus hilos en la sombra, estaba moviendo sus tentáculos alrededor de los jueces. Como escribió la revista 'Rolling Stone' en un artículo sobre Goldman Sachs en 2009 que se hizo inmortal, el “calamar vampiro” que rodea con sus brazos a los hombres.

La tormenta política no se ha hecho esperar. La rectificación del Supremo ha despertado un aquelarre populista. El presidente del Gobierno se ha apresurado a anunciar un cambio legislativo sobre el IAJD para que “nunca más tengan que pagarlo los consumidores”. Tal vez sea pedir demasiado que el Gobierno hubiese aprendido la lección del IVA de los cines, pero al menos debería saber que es muy dudoso que un real decreto-ley pueda modificar el sujeto pasivo de un impuesto. ¿Por qué no tramitarlo entonces como una ley ordinaria? La respuesta es doble: para mostrar iniciativa y capitalizar la ola de indignación ciudadana, y porque el Gobierno no se fía de que su socio, en una tramitación ordinaria, intente rescatar la retroactividad que el Supremo ha echado por tierra. Esta es su triste realidad parlamentaria.

Podemos, siempre presto a socavar los últimos cimientos de las instituciones, ha convocado manifestaciones contra el Supremo para este sábado. Quizá lo más estrambótico ha sido la última incorporación al populismo de gatillo fácil: el PP de Casado, que ha propuesto eliminar el impuesto 'ipso facto', bajo el argumento de que su proyecto “se basa en defender la libertad individual, la seguridad jurídica y la propiedad de los españoles” (de dónde piensa recuperar los cerca de 2.000 millones de recaudación, es algo que no ha explicado).

Al nivel del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que hace unos días prometió devolver el dinero del impuesto hipotecario a los andaluces si ganaba las elecciones. Entran ganas de preguntarle al nuevo gurú económico de los populares, Daniel Lacalle, qué piensa al respecto. Fue él mismo quien escribió: “El populismo da soluciones simples a problemas complejos y, sobre todo, empodera a muchos individuos al acentuar el resentimiento, la envidia y la división. Por fortuna, siempre fracasa”. Nunca mejor dicho: por fortuna.

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