El debate sobre el debate: gana Vox, pierde Sánchez

Ha sido la racanería de Sánchez, unida a la falta de regulación de los debates electorales en nuestro país y la firmeza de la JEC, la que ha convertido en polémica un asunto que parecía menor

Foto: El líder de Vox, Santiago Abascal. (Reuters)
El líder de Vox, Santiago Abascal. (Reuters)

El mayor temor de un candidato en una campaña en la que todo parece ir sobre ruedas es encontrarse con una piedra en el camino que acabe haciendo descarrilar el tren. Sobre todo cuando la piedra viene de tus propias manos. En el caso del debate televisivo, ha sido la racanería de Pedro Sánchez, unida a la falta de regulación de los debates electorales en nuestro país y la firmeza de la Junta Electoral, la que ha convertido en polémica un asunto que parecía menor. Y, por el camino, le han hecho un favor a Vox (por raro que parezca para quien acaba de ser 'desinvitado' al debate en televisión) y han metido en un lío al PSOE. Lo que no es poco en una campaña en la que todo parecía ya escrito. Vayamos por partes.

Que Pedro Sánchez vela por su propio interés, como el resto de candidatos o de presidentes del Gobierno anteriores a él, no debería sorprender a nadie. Lo que llama la atención de Sánchez son dos cosas: por un lado, la descomunal desproporción entre retórica y realidad. Un Gobierno que se autodenomina “de la dignidad”, que llega para “oxigenar la vida política” o “abrir un nuevo tiempo”, no solo hace lo mismo que todos los anteriores. Es que lleva las reglas hasta el límite. Es que trata de exprimir en su beneficio hasta la última gota del hecho de vivir en la Moncloa, haciendo palidecer, por comparación, cualquier maniobra parecida de un Gobierno anterior.

Los debates electorales no están regulados en nuestro país. En la práctica, esto se ha traducido en que decide el candidato que lidera las encuestas. Hubo debate en 1993 entre González y Aznar porque convenía a ambos, pero ya no hubo en 1996, 2000 (Aznar no quiso arriesgar su ventaja en las encuestas) ni 2004 (lo mismo Rajoy). Volvió a haberlo en 2008 entre Zapatero y Rajoy, porque el primero reconoció que le interesaba la 'tensión' y también probablemente porque tenía una concepción más amplia del debate político. No volvió a haber debates hasta 2015, donde hubo de todos los formatos: uno a tres en el que el PP no quiso participar, uno a cuatro con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el resto de candidatos, y un cara a cara entre Rajoy y Sánchez. En 2016, en la repetición de las elecciones, hubo un debate a cuatro, esta vez sí con la participación de Rajoy.

Así que Sánchez tenía donde elegir. La que eligió era la opción que más le convenía electoralmente; también la menos respetuosa con nuestro sistema electoral, según ha decretado la JEC. Sánchez podía haber aceptado el debate a cuatro que propuso RTVE. Hubiese sido la decisión más natural: el precedente más inmediato, en 2016, fue precisamente un debate a cuatro entre los mismos partidos, y el terreno de RTVE era un escenario neutral que hubiese sido irreprochable. El problema de esta opción, sin embargo, es que no daba entrada a Vox, que es el principal tema del que quieren hablar los socialistas durante la campaña. Así de estrechas son algunas miras.

Una segunda alternativa para Sánchez, algo más arriesgada, hubiese sido aceptar un cara a cara con Casado. A fin de cuentas, el PP era el grupo parlamentario mayoritario en la legislatura recién finiquitada, y existía el precedente de 2015, cuando Rajoy aceptó un debate con Pedro Sánchez cuando las encuestas eran tan poco generosas con el líder socialista como ahora lo son con Casado. El problema, claro está, era que aceptar un cara a cara con Casado implicaba reconocerlo como líder de la oposición, dándole un estatus que los socialistas todavía no tienen claro si les beneficia o perjudica electoralmente. Algo parecido a lo que debió pasar por la cabeza de Rajoy en 2015. Pero el anterior presidente, quizá porque de natural era más conservador, o porque también era más de guardar las formas, aceptó un debate que terminó convirtiéndose en una confrontación tan agria como estéril (fue el debate en el que Sánchez le espetó aquello de “usted no es una persona decente”).

Así que Sánchez optó por torcer las reglas hasta darles el formato que más le interesaba: un debate a cinco, incluyendo a Vox, en una cadena privada propiedad por cierto de la editorial que acaba de publicarle un libro. Un debate con muchos candidatos para no darle estatus a ninguno. Un debate cuya principal novedad (y foco mediático) sería la presencia de Vox en el estrado. Un debate para que los españoles viesen en directo reproducida la 'foto de Colón', un entremés de trifachito.

Aceptar un cara a cara con Casado implicaba reconocerlo como líder de la oposición, dándole un estatus que todavía no tienen claro si les beneficia

El problema es que la Junta Electoral ha entendido que la presencia de Vox no respeta el principio de proporcionalidad porque hay otros partidos (como ERC, PNV o CC) que no han sido invitados y obtuvieron una representación mayor en la anterior convocatoria electoral de ámbito nacional. El problema de fondo es la falta de regulación de los debates en nuestro país.

El debate electoral debería ser reconocido como un derecho de los ciudadanos, y no quedar al albur de los intereses partidistas en cada cita electoral. En EEUU, los debates se han celebrado de manera ininterrumpida desde 1976. En Francia, el primer debate presidencial se celebró entre François Mitterrand y Valéry Giscard d'Estaing en 1974, y se ha celebrado desde entonces en cada elección presidencial, con la única excepción del año 2002, cuando Chirac se negó a debatir con Jean-Marie Le Pen.

La regulación de los debates electorales en la mayoría de los países es normalmente consuetudinaria, arraigada en la costumbre electoral. Sin embargo, existen precedentes de su regulación normativa. En EEUU, de hecho, el primer debate electoral precisó de una regulación del Congreso, dado que la regulación entonces en vigor impedía limitarlo a solo dos candidatos. Desde entonces, son organizados por la Commission on Presidential Debates (CPD), una entidad privada sin ánimo de lucro, y regulados mediante un acuerdo entre los partidos mayoritarios. El número y formato de los debates electorales se decide con un año de antelación. Incluso Trump, que amagó con no asistir a los debates electorales al considerarlos parte de los medios tradicionales, respetó una tradición casi sagrada para los candidatos presidenciales en EEUU.

Desde un punto de vista de interés para el ciudadano, es obvio que debería pesar más el apoyo futuro que el pasado, es decir, qué porcentaje de voto otorgan las encuestas y no cuál fue el apoyo recibido en los anteriores comicios. Es innegable que Vox desempeña un papel relevante en las presentes elecciones, como también lo era que UPYD tenía un papel residual en 2015, por mucho que hubiese tenido un resultado significativo en los comicios inmediatamente anteriores. Sin embargo, a falta de regulación, la Junta Electoral no tiene otra alternativa que utilizar como único criterio objetivo los resultados de las últimas elecciones de ámbito nacional, que es lo que ha hecho en este caso, como también lo hizo en 2015.

Una alternativa relativamente sencilla sería regular por ley el número y formato de los debates. Por ejemplo, establecer como mínimo la celebración de un debate entre todos los partidos a los que el último CIS publicado antes de las elecciones otorgase al menos un 10% de la intención de voto, y un segundo debate electoral, más restringido, entre aquellos partidos a los que el CIS atribuyese una intención de voto superior al 20% (mejor que utilizar solamente el CIS preelectoral, sería tomar una media de encuestas, por ejemplo, las publicadas en los tres meses anteriores a la convocatoria electoral con una muestra mayor de 1.000 observaciones). Y, sobre todo, sería imprescindible que el formato y número de los debates se decidiesen con meses de antelación, no en el fragor de la contienda electoral.

Porque la experiencia demuestra que si se deja este tema para la campaña, los intereses cortoplacistas de los partidos acaban primando sobre cualquier otra consideración. Aunque sea a costa de forzar las reglas hasta el límite, como ha sido el caso. Y aunque sea provocando un efecto bumerán, otra marca de la casa del Gobierno de Sánchez. Porque ha pasado con la presencia de Vox en el debate algo parecido a la exhumación de Franco. Que todo ha salido al revés para llegar al mismo sitio.

El resultado es casi de ensueño para Vox. Ya no tendrán altavoz mediático el próximo martes. Pero a la vista del desempeño de su candidato allí donde ha tenido ocasión de hacerlo (en el Club Siglo XXI, en una entrevista en un portal de armas o en la casa de Bertín Osborne; en todos los casos, las intervenciones de Abascal han dejado un reguero de charcos que se han vuelto contra su formación en los días siguientes), es dudoso que fuese realmente en el interés de Vox participar en el debate.

En cambio, haber sido excluidos les regala la coartada perfecta para no hacerlo, para no exponerse en el debate mientras les permite seguir alimentando su campaña victimista, subterránea, trumpista, compuesta solo con estampas de masas enfervorecidas, una España que crece imparable a pesar de la persecución de los medios tradicionales. Dicen que las tormentas perfectas no se ven venir de lejos. No se puede decir, en cambio, que sea el caso de la que otea por nuestro horizonte.

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