Después de la maratón electoral, ¿vendrá la calma?

En septiembre de 2020, se celebrarán elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia. Después, salvo sorpresas, se abrirá un periodo de dos años y medio sin convocatorias electorales

Foto: Campaña electoral. (EFE)
Campaña electoral. (EFE)

Es el reverso de la maratón de citas con las urnas de los últimos meses. Si los cálculos no me fallan, sería el periodo más largo sin procesos electorales nacionales o autonómicos desde las primeras elecciones democráticas en 1977. ¿Cómo puede cambiar este parón la dinámica política en nuestro país? Después de la maratón de elecciones, ¿vendrá la calma?

Habrá quien piense que todavía falta mucho hasta el otoño de 2020 y que puede haber muchas sorpresas hasta entonces (en realidad, lo más probable es que también haya elecciones catalanas antes de esa fecha, pero el panorama seguiría despejado en 2021 y 2022).

Precisamente por ello, creo que la legislatura que ahora comienza tendrá dos fases claramente diferenciadas: la primera, hasta el otoño de 2020, será todavía un periodo 'caliente', no muy distinto del vivido hasta ahora: PSOE y Podemos buscarán acomodarse a su nuevo equilibrio interno (ya sea Gobierno de coalición o colaboración parlamentaria), mientras PP y Ciudadanos se disputan el liderazgo de la oposición (con la amenaza siempre latente de un zarpazo de Vox). Por su parte, el desafío independentista mantendrá su tensión con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, todo puede cambiar a partir del otoño de 2020. Hasta entonces, los partidos persistirán en las estrategias más recientes; después, tendrán necesariamente que renovarse. O morir por el camino.

Empecemos por la izquierda. El PSOE de Pedro Sánchez ha vivido en un carrusel de vértigo casi desde finales de 2015, incluido el periodo posmoción de censura. Sánchez, como se ha comentado, no formó un Gobierno para gobernar sino para ganar las elecciones.

Ahora que lo ha hecho, empieza lo más difícil. Tal vez durante unos meses los socialistas mantengan las inercias, rescaten algún conejo de la chistera (como su efimerísima propuesta de reforma constitucional) o las banderas culturales (como la exhumación de Franco). Pero antes o después, tendrán que meter las manos en harina, empezar a recorrer el tedioso ciclo presupuestario (ahora controlan el Senado) y dedicarse en definitiva al noble pero ingrato oficio de gobernar.

Por eso es difícil de entender la resistencia de los socialistas a formar un Gobierno de coalición con Podemos. Es decir, son obvios los muchos inconvenientes que para los socialistas tendría gobernar con Podemos, pero su alternativa, a día de hoy, es aún peor. Con 123 diputados, un Gobierno en solitario de los socialistas sería extremadamente débil. Por mucho que Sánchez rescate ejemplos de otros gobiernos en solitario, ninguno es comparable: tanto Felipe en su última legislatura como Aznar en su primera, o Zapatero en sus dos mandatos (los ejemplos más recientes de gobiernos sin mayoría absoluta), tenían grupos parlamentarios mucho más numerosos (de todos ellos, el que menos diputados tenía fue Aznar, con 156 diputados, es decir, una treintena más que ahora los socialistas).

Y además, en muchos casos, los socios no entraron en el Gobierno simplemente porque no quisieron hacerlo, no porque se les negase tal posibilidad. Un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, desde mi punto de vista, es el resultado natural tras los resultados electorales, seguramente manteniendo las respectivas proporciones de fuerza (tres a uno a favor de los socialistas) y copiando alguno de los modelos que mejor han funcionado: por ejemplo, los nombramientos cruzados del Gobierno valenciano han sido más eficaces que el reparto vertical de ministerios (un solo partido controlando un departamento de arriba abajo) de los gobiernos de coalición que hubo en Cataluña —tripartito— o Galicia —entre socialistas y nacionalistas—.

Aunque es cierto que la incorporación de Podemos no alcanza a los socialistas para llegar a la mayoría absoluta, no es lo mismo empezar una negociación con 123 diputados (los socialistas en solitario) que con 166 (incluyendo a Podemos y Compromís). La resistencia de Sánchez, en mi opinión, responde más a los tics de los últimos meses, es decir, a un Gobierno que estaba empeñado en hacer caja rápidamente con sus iniciativas políticas, más que en articular una mayoría sólida para llevar a cabo sus programas.

¿Y en la derecha? También aquí habrá dos etapas claramente diferenciadas: la primera será una lucha sin cuartel por alzarse con el liderazgo. Cuando digo 'sin cuartel', me refiero a que será ruidosa. Hasta ahora, en mi opinión, la competencia entre PP y Ciudadanos no ha hecho converger sus propuestas políticas (basta repasar sus programas para constatar que sigue habiendo muchas diferencias). Lo que sí se ha producido es una escalada en la personalización de los ataques de ambas formaciones hacia Pedro Sánchez. Seguramente ha sido un error: como si fuese una llave de judo, el presidente del Gobierno ha utilizado la fuerza de los ataques de la oposición para fortalecer su propia figura.

Algo parecido ocurrió en 1996 con Felipe González y en 2008 con Zapatero: cuando los ataques de la derecha se personalizan demasiado, acaban teniendo un efecto bumerán. Los votantes de izquierda se abrazan a su líder para protegerlo, aunque para ello tengan que rebajar sus propios estándares, disculpando aspectos que en otro contexto hubiesen considerado imperdonables (como los casos de corrupción en el caso de González, los errores de gestión de Zapatero o el entendimiento con los partidos independentistas de Sánchez).

Quizás el caso más paradigmático sea el de Borrell: a finales de los noventa, dimitió por un caso que es una minucia comparado con una sanción por el uso de información privilegiada (una estafa, para los que compraron las acciones que Borrell vendió), de la que ahora ha salido indemne. La mayor dificultad para PP y Ciudadanos será disputarse el liderazgo de la oposición, pero hacerlo rebajando el tono de sus ataques.

O, mejor dicho, despersonalizando sus críticas. Se puede ser firme en la oposición sin cargar las tintas sobre el presidente y sin utilizar expresiones como "okupa", “felón” o “traidor”. La oposición, para ser eficaz, debería desplazar su centro de gravedad de las personas a las políticas. La presencia de Iglesias en el Gobierno podría ser un arma de doble filo en este sentido: por un lado, pone más distancia entre las (previsibles) políticas del nuevo Gobierno y la oposición de PP y Ciudadanos, pero también la figura de Iglesias tiene un magnetismo especial que puede hacer imposible 'despersonalizar' las críticas.

Como también debería buscarse el espacio para hacer oposición sin renunciar a llegar a acuerdos con el Gobierno. Mal negocio harían tanto PP como Ciudadanos si se resignasen a no implantar ninguna medida de su programa durante los próximos cuatro años. Ningún partido puede permitirse desaparecer por completo del escenario político (basta que se miren en el espejo de Podemos durante la pasada legislatura).

Que la estrategia de Rajoy entre 2004 y 2008 fuese equivocada, no quiere decir que la única salida posible sea el arriolismo político, quedarse cruzado de brazos esperando que una crisis económica saque a tu rival del Gobierno. Más allá de los acuerdos puntuales, si se abre o no una fórmula alternativa a la del Gobierno de PSOE y Podemos, dependerá de cuál de los dos partidos, PP o Ciudadanos, consigue consolidarse como oposición al Gobierno. Y en cualquier caso, habrá que esperar a la segunda parte de la legislatura, a partir del otoño de 2020, para ver si se abre algún escenario alternativo.

Y, para finalizar, un guiño a los que piensan que los “opinadores” solo tenemos certezas y nunca dudas: ¿saben cuáles son los únicos precedentes, en los últimos treinta años, en los que no hubo elecciones? 2002 y 2013. En el primero hubo una huelga general, se ilegalizó Batasuna y se hundió el Prestige. En el segundo, se incubó la abdicación de un rey, irrumpió Podemos y empezó a explotar el desafío independentista. Así que no conviene dar por hecho que dejar de acudir a las urnas va a reducir automáticamente la temperatura de la confrontación política.

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