Una de cal y otra de arena: un "escudo" para los empleos, una "mina" para la estabilidad
Durante las próximas semanas o meses entraremos en un terreno económico desconocido. Se ha comparado este escenario con una “economía de guerra”. En realidad es mucho peor
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Durante las próximas semanas o meses, entraremos en un terreno económico completamente desconocido. Se ha comparado este escenario con una 'economía de guerra'. En realidad, es mucho peor: durante las guerras, salvo aquellas zonas situadas dentro del frente de batalla (donde toda actividad se dirige hacia el aniquilamiento del adversario), las economías funcionan. Como es obvio, con muchas limitaciones: la actividad industrial se reorienta hacia la producción de equipamiento militar; el comercio se limita a los países neutrales o aliados, los hogares cambian sus costumbres. Pero, mal que bien, la actividad se mantiene. En algunos casos, incluso se incrementa (es conocida la opinión de Keynes de que el gasto asociado a la Segunda Guerra Mundial rescató la economía mundial de la depresión de los años treinta).
Una cuarentena con un porcentaje alto de la población encerrada es otra cosa: es una contracción simultánea en todos los rincones de la economía. La producción industrial se paraliza por las interrupciones en el abastecimiento. El sector servicios es el que más sufre: algunos sectores, como el turismo, el comercio o la hostelería, entran en el cero absoluto. Un estado de práctica criogenización. En una recesión económica (incluso las más severas), la cadena de contagio va por pasos: en 2008, por ejemplo, empezó como una contracción generalizada del crédito, que produjo una caída de la construcción y el aumento del desempleo; a continuación, un aumento de la morosidad y el deterioro de las carteras crediticias de los bancos, y, finalmente, la crisis bancaria se convirtió en una crisis de deuda soberana en 2010. Entre los primeros compases y la crisis soberana, transcurrieron más de dos años.
Ahora, sin embargo, todo sucede de manera simultánea: la caída de la producción, el aumento del desempleo, la crisis bancaria y el aumento de los 'spreads' en la deuda pública tienen lugar al mismo tiempo, como estamos viendo estos días. No existen precedentes de 'shocks' semejantes sobre las economías; la clave, por supuesto, es saber si nos enfrentamos a una crisis de semanas o meses. Y, como escribía Jaime Malet este lunes en este medio, debemos prepararnos para lo peor: para una crisis sanitaria prolongada. La evolución en Italia así lo sugiere; dado que la respuesta sanitaria en nuestro país ha sido más parecida a la italiana —incluso se han adoptado las medidas con más retraso— que a la de China o Corea, deberíamos mirar el país transalpino para saber a qué atenernos durante las próximas semanas.
Por este motivo, la respuesta de varios países (Italia, Dinamarca, Alemania o Francia) ha consistido en los siguientes pilares: en primer lugar, preservar los salarios. En segundo lugar, garantizar la liquidez de las empresas. Y tercero, proteger el sistema financiero, todavía convaleciente, para evitar que la caída de la actividad real se convierta en una crisis financiera (al contrario que en 2008, pero con los mismos efectos potencialmente devastadores). El plan anunciado por el Gobierno español es correcto en los dos primeros puntos; en el tercero, introduce una peligrosa mina para la estabilidad financiera.
Respecto al mantenimiento de los salarios, no es estrictamente necesario garantizar a un trabajador que se queda en su casa el 100% del salario. Mientras estemos en cuarentena no salimos a cenar, ni al cine, y reducimos al mínimo nuestro gasto en comercio (salvo el electrónico). Por este motivo, en la mayoría de países (Francia, Dinamarca, Alemania o Italia), los planes anunciados admiten una caída en la renta salarial de los trabajadores, de entre el 10 y el 20%, se impone a las empresas asumir una parte parecida, y el resto se asume por parte del Estado. Este es el resultado que se alcanzaría en nuestro país de utilizar la figura del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El trabajador puede acceder a la prestación de desempleo, que durante los primeros meses garantiza una prestación salarial del 70% de la base reguladora (con una caída por tanto del 30%). La empresa asume el pago de las cotizaciones salariales del empleado (alrededor de un 25%). Y el Estado, a través de la prestación por desempleo, asume la mayor parte del coste.
El Gobierno español ha decidido, en cambio, que el 100% de la renta salarial de aquellos trabajadores que interrumpan su actividad quede garantizado, así como el pago de la cotización social de los trabajadores. Es una medida que va más allá de la aprobada en otros países, y cuyo coste puede estimarse en alrededor de unos 15.000 millones de euros al mes (12.000 millones para los trabajadores y 3.000 millones para las cotizaciones empresariales).
Las otras medidas anunciadas por el Gobierno en materia laboral van en la buena dirección: la ampliación de la cobertura de los ERTE —incluso para el caso de los autónomos— y la flexibilización de las jornadas laborales, facilitando las reducciones o la utilización del teletrabajo, son medidas oportunas para garantizar el nivel de empleo durante esta difícil coyuntura.
También la habilitación de una línea de avales por hasta 115.000 millones es adecuada para garantizar la liquidez de las empresas. Junto con los 15.000 millones de gasto, la movilización de recursos públicos puede cifrarse por tanto en 130.000 millones (la cifra de 200.000 anunciada por Sánchez incluye una parte de ingeniería contable, al incluir el capital privado).
También ha anunciado el presidente del Gobierno una medida innecesaria, injusta y peligrosa: la moratoria en el pago de las hipotecas para hogares en dificultades. Innecesaria porque si a los hogares se les garantiza el 100% de la renta, no parece necesaria una garantía adicional sobre la hipoteca. Injusta porque solo beneficia a los hogares propietarios de una vivienda, no a los que viven en alquiler, que son precisamente los más vulnerables. Y peligrosa porque traslada una parte de la factura de esta crisis a las entidades financieras, sin que se sepa muy bien el motivo. No se puede reprochar al sector financiero responsabilidad alguna en la propagación del coronavirus. Es una falta de responsabilidad imperdonable que, para satisfacer el ansia de los discursos prefabricados en anteriores crisis, se someta al sistema financiero español a un estrés adicional al que ya de por sí sufrirá en las próximas semanas.
Porque, como indicaba, uno de los mayores peligros de esta crisis es que suceda lo mismo que en 2008, pero a la inversa: que la crisis de la economía 'real' (que vamos a sufrir, sin lugar a dudas) se convierta también en una crisis financiera. Quizá podamos asumir un incremento puntual del gasto de 15.000 millones durante algunos meses (al que habrá que sumar la caída en la recaudación de otros impuestos, especialmente el IVA). Lo que, les aseguro, no podríamos soportar es que, por el camino, tengamos que socorrer también a un sistema financiero herido por el capricho irresponsable de quien (o quienes) se sientan en el Consejo de Ministros.
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