Un plan de choque sanitario y educativo: no malgastemos la única bala del estímulo

Se reúnen estos días los principales empresarios del país y se acumulan las ideas para el plan de estímulo económico tras la crisis del covid-19. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha propuesto un plan para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Brufau y Galán (Repsol e Iberdrola) discrepan sobre si la transición ecológica debería ser neutral tecnológicamente. En paralelo, el Gobierno presenta un plan de ayuda a la compra de automóviles, y se anuncia otro de apoyo al turismo. Al mismo tiempo, algunas voces apuestan por incrementar el peso de las actividades industriales, y otras defienden adaptar el modelo de nuestras ciudades a la 'nueva normalidad' con la que, desgraciadamente, tendremos que convivir durante los próximos meses o años.

Se trata de planes bienintencionados y que coinciden todos en un diagnóstico común: la capacidad de nuestros sistemas productivos se encuentra intacta. De lo que se trata, para salir de la crisis, es de sostener la demanda agregada durante el tiempo necesario para que la investigación médica desarrolle una vacuna eficaz. Hay que evitar, se dice, los mismos errores que en la crisis anterior, cuando las políticas de ajuste deprimieron la actividad agregada sin evitar la espiral que transformó la crisis financiera en una crisis de deuda soberana.

En realidad, aunque este sea el relato que ha quedado en la memoria colectiva, no fue exactamente así. En 2009, las principales economías mundiales acordaron, bajo los auspicios del FMI, entonces dirigido por Dominique Strauss Kahn, una respuesta fiscal expansiva y coordinada. Dentro de las muchas crisis que hubo tras la crisis financiera de 2008, hubo un mini periodo de expansión económica. Debemos mirar con detenimiento aquellos meses para no repetir los mismos errores.

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En España, este impulso contracíclico se tradujo en el denominado Plan E, un plan de inversión a corto plazo diseñado por el Gobierno central en coordinación con las administraciones locales, focalizado en el sector de la construcción. En mi opinión, hay en concreto dos lecciones de aquella experiencia que no deberíamos olvidar ahora.

La primera, es el error de intentar utilizar una crisis para postergar ajustes estructurales inevitables. Que el sector de la construcción en 2009 estaba varios puntos del PIB por encima de su nivel estacionario, y que esta realidad no iba a cambiar por mucho que se levantasen aceras y parques municipales, era tan evidente entonces como que, ahora, el sector del automóvil está inmerso en un proceso de cambio estructural a nivel mundial frente al que poco podrán hacer las ayudas anunciadas. Si alguien piensa que Nissan va a seguir produciendo en Barcelona porque se habilite una ayuda pública de varios miles de euros para adquirir un vehículo eléctrico (incluso aunque se trate de un Nissan eléctrico), me temo que anda bastante desencaminado. Es fundamental, en la respuesta, diferenciar entre aquellos sectores que pueden sufrir un 'shock' intenso pero pasajero, vinculado a la propia crisis (como podría ser el caso del turismo), de aquellos otros en los que las transformaciones tienen ramificaciones que van mucho más allá del covid-19 (como el del automóvil).

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La segunda reflexión, a la luz de la experiencia de 2009, es que el margen de maniobra que tendremos será en realidad mucho menor del que pensamos. Estos días, vivimos en una especie de abundancia del nuevo rico: debatimos en qué gastarnos los miles de millones de apoyo que nos 'lloverán' desde Europa. Pero no nos engañemos: lo que realmente podremos gastar en planes de estímulo será mucho menos. Volvamos a 2009: el déficit público aquel año alcanzó el 11,3% del PIB, alrededor de 6,7 puntos por encima del ejercicio anterior. Es decir, unos 70.000 millones de euros: ¿cuánto de esta cantidad fueron verdaderamente planes de estímulo, y cuánto en cambio se consumió en estabilizadores automáticos, como el subsidio de desempleo, la caída en la recaudación fiscal o el pago de los intereses derivados del mayor endeudamiento público? El Plan E alcanzó los 8.000 millones de euros (hubo una segunda parte, pero esa correspondió al año siguiente). Sumando otras actuaciones de estímulo, como mucho se alcanzaron los 10.000 millones de euros. El resto, es decir, el 85%, se consumió en estabilizadores automáticos.

No existe ninguna razón para pensar que ahora será distinto, más bien al contrario. Los trabajadores sujetos a un ERTE pueden no contabilizar en las estadísticas oficiales del desempleo, pero su coste para las arcas públicas es parecido, o incluso mayor, al de un desempleado. La caída en el consumo puede tener un coste gigantesco en la recaudación del IVA. Teniendo todas estas variables en cuenta, la conclusión es que de los cientos de miles de millones de 'estímulo' que se anuncian, la mayor parte (alrededor del 90%) serán estabilizadores automáticos, y solo una parte mínima consistirá verdaderamente en planes de expansión.

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Por decirlo de manera gráfica: tendremos una única bala para la recuperación, como ya ocurrió en 2009. Por eso es tan importante dirigirla al objetivo adecuado. ¿De cuál se trata? En mi opinión, son dos: el sector sanitario y el educativo.

En primer lugar, un plan de choque para reforzar nuestro sistema sanitario con el objetivo de evitar que un posible rebrote el próximo otoño tenga consecuencias parecidas a las ya vividas. Reforzando las unidades de UCI, los equipamientos de nuestros hospitales y el material de protección adecuado para nuestros sanitarios, de forma que incluso si el rebrote tiene la misma virulencia, el coste en vidas sea mucho menor. Al mismo tiempo, reforzando la capacidad de rastreo y de respuesta de nuestro sistema: algunos países están desarrollando capacidades para evitar recurrir a 'confinamientos generalizados' ante nuevos rebrotes.

Sería terrible para nuestra economía (y para nuestra convivencia social) que en España, en cambio, no tuviésemos más remedio que recurrir a otro 'confinamiento generalizado' para evitar la propagación del virus. Y mucho me temo que en España no estamos analizando qué ha fallado en la respuesta sanitaria. Fernando Simón se ha convertido en una batalla cultural más, un tótem que unos atacan y otros defienden con la misma pasión que falta de argumentos. En cambio, el presidente Macron acaba de anunciar la creación de una comisión independiente para analizar qué falló en la respuesta sanitaria, con el objetivo de extraer las lecciones adecuadas y evitar que ocurra de nuevo.

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El segundo plan de choque en el que no corremos el riesgo de equivocarnos es el educativo. Un país que abre bares, terrazas, discotecas y hasta se plantea abrir al público los campos de futbol antes que los colegios, tiene un grave problema de prioridades. No es difícil prever que, en caso de rebrotes en otoño, los colegios serán de nuevo los primeros damnificados. Los últimos en abrir y los primeros en cerrar. No hay manera de exagerar las consecuencias que dos cursos educativos en blanco pueden tener sobre una generación entera de estudiantes: el abandono escolar de los mayores de 16 años, o las desigualdades en el aprendizaje de los más pequeños. Si es necesario contratar a miles de profesores temporales para reabrir los colegios, hágase. O abrir los colegios en el mes de julio. O invertir para cerrar la brecha digital entre centros. Pero sería imperdonable que la molicie de nuestras autoridades, las lógicas resistencias del profesorado y el estéril sistema de reparto de competencias educativas impidan la reapertura efectiva de los colegios.

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Es comprensible que, en la peor crisis en varias generaciones, aspiremos a completar la transición ecológica, reindustrializar el país y acabar con las dificultades en el acceso a la vivienda. Pero no nos engañemos: ninguna de estas cosas va a pasar. Firmaría, en cambio, si alcanzásemos dos objetivos mucho más modestos: que el próximo otoño los sanitarios tuviesen mascarillas suficientes y que los niños completasen un curso escolar completo.