De pavos reales a avestruces: ¿hay alguien al mando?

¿Por qué se ha transferido la gestión de la crisis del covid-19 del Gobierno central a las comunidades autónomas? ¿Por qué el mando único sanitario y el estado de alarma, el único plan durante los meses más duros de la pandemia —no hay plan B, decía entonces el Gobierno—, se ha convertido ahora en el último de los planes?

Apliquemos el principio de la interpretación más favorable. Es decir, partamos de la premisa de que cualquier cambio ha tenido como objetivo mejorar la gestión de la pandemia. ¿Lo ha conseguido? A la vista de la evolución del número de contagiados, la respuesta es negativa. Pero es que difícilmente podía haber sido de otra manera.

Desde el comienzo de la crisis, a principios de marzo, se puso de manifiesto la necesidad de que las decisiones fuesen coordinadas: uno de los mayores errores cometidos entonces, según opinión casi unánime de los especialistas, fue permitir que se adoptasen medidas restrictivas en Madrid, como el cierre de colegios y universidades, sin una previa coordinación con las comunidades vecinas, lo que provocó la rápida propagación del virus a las regiones limítrofes de las dos Castillas. Para que el confinamiento de la población resulte efectivo, debe acompañarse de la prohibición del desplazamiento o de cambio de residencia, medidas que solo una autoridad central puede adoptar, como de hecho prevé nuestro ordenamiento constitucional, que atribuye al Gobierno central la activación de los instrumentos excepcionales previstos para la suspensión de derechos y libertades (estados de alarma, excepción o sitio).

¿Significa eso que el mando único, en la versión utilizada por el Gobierno entre los meses de marzo y junio, es el único instrumento posible? Tampoco. Que corresponda al Gobierno central la adopción de determinadas medidas como el confinamiento, no significa necesariamente: 1) que otras medidas no precisen de la participación de las CCAA y 2) que las medidas deban ser uniformes en todo el territorio nacional.

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Mando único sí, pero ni universal (para todo) ni uniforme (igual para todos). Respecto a lo primero, cabe señalar, por ejemplo, el aprovisionamiento de material médico y sanitario. Las CCAA tienen más experiencia en estas compras, y sin perjuicio de la necesaria coordinación para evitar situaciones de acaparamiento o competencia fratricida entre los gobiernos autonómicos, la participación de las CCAA es imprescindible para que las compras sean efectivas. De hecho, este fue uno de los mayores errores del Ministerio de Sanidad durante los primeros días de vigencia del estado de alarma, desaprovechando una ventana decisiva para haber realizado un aprovisionamiento efectivo de material sanitario.

Si el primero error, en mi opinión, es pensar que mando único significa mando universal, el segundo error es convertirlo en un mando uniforme. La situación epidemiológica de unos territorios puede ser muy distinta a la de otros. Un confinamiento generalizado no solo es absurdo por innecesario (hay islas y territorios que han estado semanas sin ningún contagio mientras persistían las medidas de confinamiento para su población), sino dañino, porque acarrea unas consecuencias económicas devastadoras. El difícil equilibrio entre impacto sanitario y económico solo se puede resolver a través de confinamientos locales, quirúrgicos, aislando la población necesaria para que el confinamiento resulte efectivo, pero ni a una sola persona más. Un equilibrio difícil de lograr, como es obvio, por eso precisamente es tan importante disponer de los mejores datos para diseñar el perímetro adecuado para contener los rebrotes (la falta de datos fiables es otro de nuestros talones de Aquiles durante la actual crisis).

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De hecho, el propio Gobierno, en su plan de desescalada, adoptó esta tesis, diferenciando entre regiones según su situación sanitaria, aunque con un importante matiz: convirtió la provincia en la unidad relevante. ¿Por qué no las CCAA? Se dijo entonces que la comunidad autónoma era una unidad territorial demasiado grande, mientras que la provincia tenía un tamaño más adecuado (de hecho, en mi opinión, la unidad debían haber sido los distritos médicos). En cualquier caso, la decisión última se mantuvo, con acierto, de forma centralizada: era el Ministerio de Sanidad quien decidía el cambio de fase de las diferentes provincias. Y así debía ser: solo una autoridad central puede resolver los problemas de coordinación, ya comentados, suspender derechos y libertades, o resistir las presiones a favor de una reapertura apresurada (las presiones suelen ser más efectivas en las administraciones territoriales, aunque algunas comunidades, como Castilla y León, Asturias o Andalucía, han demostrado bastante más sentido común en la desescalada que otras como Madrid o Cataluña).

¿En qué momento, entonces, se decidió que las CCAA asumiesen el control de las operaciones? En realidad, en ninguno. La historia es más prosaica: el Gobierno estuvo en vilo para lograr los votos necesarios para sacar adelante la cuarta y quinta prórrogas del estado de alarma, aprobadas 'in extremis' gracias al voto favorable de Ciudadanos, abriendo grietas dentro del llamado 'bloque de la investidura'. Ante la presión de su socio de gobierno, y para 'compensar' el apoyo de Ciudadanos, el Gobierno buscó el apoyo de ERC a la sexta prórroga, consiguiendo finalmente su abstención a cambio de que, en este último periodo, las decisiones sobre el cambio de fase pudiesen adoptarse por cada comunidad autónoma.

Entonces, ¿por qué seguimos en esa misma situación, en la que el Gobierno central ha cedido el protagonismo a las CCAA? La razón, insisto, no es técnica (ninguno de los numerosos grupos de expertos, ni siquiera los de naturaleza espectral, así lo ha recomendado) ni tampoco de tipo legal. Se podría haber aprovechado alguna de las miles de páginas del BOE publicadas durante los últimos meses para habilitar las CCAA para adoptar algunas de las medidas que ahora están siendo discutidas judicialmente.

Pero no se hizo. Lo que ayer anunció el presidente Sánchez (que las CCAA pueden solicitar la declaración del estado de alarma) está regulado en nuestro ordenamiento desde 1981 (artículo 5 de la ley orgánica 4/1981).

¿Qué es entonces lo que ha sucedido? Déjenme resumirlo de esta manera: hemos pasado de pavos reales a avestruces. El Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo jefe de gabinete es un asesor de comunicación, como lo son también una gran parte de los altos cargos de los ministerios, vio en la declaración del estado de alarma allá por el mes de marzo una oportunidad churchilliana, una situación de crisis nacional en la que los ciudadanos refuerzan al Gobierno ('rally the flag', según la expresión inglesa). Eran los días en que el presidente se prodigaba en comparecencias interminables, vestidas con un lenguaje adornado hasta el exceso, casi bélico, en el que exhortaba a grandes sacrificios nacionales. La ostentación del poder omnímodo del Gobierno fue evidente: mandos de la Guardia Civil actuaban como portavoces, y cada comparecencia de un ministro se hacía acompañada de militares uniformados.

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Sin embargo, algo no funcionó bien en aquel espectáculo. Empezaron los tropiezos. Un general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, declaró que perseguían bulos en las redes para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Los mandos uniformados suelen ser menos maleables a repetir las mismas consignas que los portavoces de partido. Y los ciudadanos, después de varios meses de confinamiento, empezaron a acusar el cansancio acumulado, a preguntarse por qué un confinamiento tan duro, por qué otros países comenzaban a levantar las restricciones.

Seguramente los gurús de comunicación en Moncloa empezaron a percibir un cambio en la opinión pública: de un 'momento Churchill' a un 'momento Carter', por el presidente americano que acabó pagando en las urnas su incapacidad para resolver una crisis prolongada, la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Irán a finales de los setenta. Así que el Gobierno aprovechó aquella cesión marginal a ERC, de pie leguleyo de página, para bajarse del escenario y salir del foco. El presidente Sánchez se fue de vacaciones a Lanzarote e hizo mutis por el foro. De pavo real a avestruz. Y a la vista de su comparecencia de ayer, sigue empeñado en compartir el coste político de las eventuales medidas que haya que adoptar con las CCAA.

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Seamos claros: el PP se ha podido comportar de forma poco responsable, al votar en contra de las dos últimas extensiones del estado de alarma, sin que existiese ninguna alternativa viable, como estos días se pone de manifiesto. Y algunas CCAA quizá se hayan excedido en sus críticas hacia el Gobierno central durante la pandemia, traspasando la línea de la razonable reclamación de un mayor protagonismo en la toma de decisiones, pasando en algunos casos a la torticera batalla política. Pero la responsabilidad última, la mayor, la indelegable, la tiene el Gobierno de Pedro Sánchez. Por haber llegado tarde para contener la pandemia en marzo (ya fuese por torpeza, despiste o borrachera política) y por ir camino de tropezar por segunda vez con la misma piedra, por el único motivo de que algún gurú de comunicación, en este Gobierno en el que todo parece de cartón piedra, ha decidido que esta vez el marrón no se lo pueden comer ellos solos.

Una de las frases más certeras durante el 11-S la pronunció al presentador de la ABC Peter Jennings, quien en mitad de los ataques se preguntó en voz alta: “¿Dónde está el presidente?”. De todas las carreras a ninguna parte que ha emprendido Pedro Sánchez, la que tiene las piernas más cortas es la que recorre estos días, porque por mucho que se esconda, a poco que la situación siga deteriorándose, los ciudadanos exigirán medidas a los mismos responsables que hace tan solo unos meses se pavoneaban de sus poderes exorbitantes para tripular la nave en medio de la tempestad. Es decir, le pedirán cuentas a él mismo.

Antes de que lleguemos a ese inevitable punto, ¿sería mucho pedir que por una vez el Gobierno se dedicase a gobernar en lugar de dejarse guiar por la última ocurrencia de sus asesores de comunicación? ¿Que por una vez Sánchez no pretenda ser ni Churchill ni Carter, ni pavo real ni avestruz, sino un simple gobernante que dedica sus desvelos a comprar medicamentos y material de protección, a preparar los hospitales para el otoño, poner orden en el caos estadístico y coordinar la reapertura de los colegios?