La reforma judicial y el coche de Bertolt Brecht
Los partidos que forman el Gobierno han presentado una reforma judicial. Seguramente saldrá adelante, porque existe una mayoría suficiente en el Congreso para sacarla
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Hace unos días, Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, dio una entrevista en 'El País' que ponía los pelos de punta. Decía que el 1-O de 2017 fue una “jugada inteligente” porque permitió “tener las imágenes de policías reventando escuelas”. Ojalá nunca nos acostumbremos a escuchar manifestaciones de este tipo de nuestros representantes políticos. También denunciaba Artadi “un poder judicial que ataca sistemáticamente a la democracia”. Quizás el momento más elocuente fue cuando el periodista le preguntó por la 'mesa de diálogo': “Creemos que debe ser de negociación. Las charlas, en el bar. Negociaremos lo que creamos que realmente ayude; por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Es una medida concreta que ayuda a acabar con estructuras antidemocráticas y franquistas. Creo que contra Lesmes, somos muchos”.
Los partidos que forman el Gobierno de coalición han presentado una reforma judicial. Seguramente saldrá adelante, porque existe una mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. “Contra Lesmes, somos muchos”. Según los socialistas, la reforma busca terminar con el bloqueo a la renovación del CGPJ. Según Artadi (JxCAT es un socio aritméticamente necesario para que salga adelante), “acabar con estructuras franquistas”. En este doble juego moral se condensa una de las jugadas más arriesgadas de la ya de por sí temeraria forma de hacer política del actual Gobierno.
El artículo 122 de la Constitución regula el funcionamiento del CGPJ: estará integrado, dice, por 20 vocales nombrados por un periodo de cinco años. “De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión”.
En 1985, los socialistas hicieron una interpretación bastante libre de este artículo: si se pregunta a 100 personas qué significa el precepto constitucional, seguramente 99 respuestas coincidan: de los 20 vocales, 12 son nombrados por jueces y magistrados, y los otros ocho por las Cortes. Sin embargo, la ley orgánica de 1985 estableció que todos (los 20) fuesen nombrados por las Cortes. Con la única restricción que, de ellos, 12 vocales debían ser jueces o magistrados.
El Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias más polémicas, reconoció que ese no era el espíritu de la norma constitucional, aunque esa alambicada interpretación cabía en su letra. Fue de esta manera como se consagró el nombramiento parlamentario de todos los vocales del CGPJ y su “reparto” entre los grandes partidos y las formaciones nacionalistas, una constante en las últimas décadas, y la consiguiente politización del máximo órgano de los jueces.
La reforma propuesta ahora por PSOE y Podemos es aún más forzada: si se lleva a cabo, 12 vocales serán nombrados por las Cortes por una mayoría simple, y otros ocho por una mayoría de 3/5. ¿Alguien piensa que este era el modelo de elección del Constituyente? La interpretación es tan forzada que el Gobierno, para evitarse el sofocón de que los órganos consultivos señalen lo evidente, que la norma tiene serios indicios de inconstitucionalidad, ha decidido plantear la reforma directamente en el Congreso, una maniobra muy poco habitual.
La principal pregunta es si estamos ante un farol o un Rubicón. Es decir, si el Gobierno amaga con la reforma para forzar al PP de Casado a negociar la renovación del CGPJ, y de esta forma lograr cambiar la mayoría, incluido a su presidente, o si por el contrario el Gobierno está verdaderamente dispuesto a llevar adelante esta reforma, cruzando un Rubicón que hasta ahora nadie se había atrevido a cruzar.
Si efectivamente el objetivo de la reforma hubiese sido sortear el bloqueo institucional, cabían muchas otras fórmulas. Por ejemplo, volver al sistema de elección “por jueces y magistrados”, mucho más acorde con el sentido constitucional y que estuvo vigente hasta 1985. O incluso, buscar soluciones más imaginativas, por ejemplo, en caso de bloqueo, un sorteo entre una lista de candidatos presentada por las principales asociaciones judiciales.
Pero no. La reforma no busca desbloquear, o si lo busca es a costa de profundizar en la 'politización de la Justicia'. La principal diferencia es que ya no es una politización por 3/5, sino por mayoría. Del bipartidismo decadente, al monopartidismo rampante.
También la reforma tiene otro efecto colateral: fortalece el discurso de los independentistas catalanes, que llevan años clamando contra el poder judicial. Al fin y al cabo, al contrario que el presidente Sánchez, que antes de serlo abogaba por despolitizar la Justicia, para los independentistas el problema de la Justicia no es que haya estado 'politizada', sino que lo ha estado por los señores equivocados. La ley de transitoriedad establecía que el máximo órgano de los jueces en Cataluña sería nombrado por un procedimiento muy similar al que ahora se propone.
Y, finalmente, está el juicio de oportunidad. Porque abierta la caja de Pandora, cruzado el Rubicón, no sabemos lo que nos espera después. En 2013, harto del bloqueo del Senado de los EEUU, el presidente Obama activó la denominada 'opción nuclear': cambiar las reglas vigentes hasta entonces, para cubrir las vacantes judiciales con una mayoría simple de votos —con la única excepción del Tribunal Supremo—. Gracias a este cambio, durante el año 2014 salieron adelante muchos de los nombramientos hasta entonces bloqueados, la mayor parte en los tribunales de distrito.
La historia no tendría un final tan feliz para los demócratas. Cuando en el año 2016 se produjo una vacante en el Tribunal Supremo, los republicanos se negaron a cubrirla hasta conocer el resultado de las elecciones. Uno de los argumentos utilizados fue precisamente que Obama había hecho saltar por los aires el consenso judicial. Gracias a esta maniobra, Donald Trump va camino de nombrar a su tercer juez en el Tribunal Supremo. Obama, en ocho años, solo nombraría a dos.
Objetivo, derrocar a Lesmes: el Gobierno controlará a 17 de los 21 miembros del CGPJ
Cuando se rompen las normas básicas que sostienen el equilibrio institucional (los famosos 'checks and balances'), lo que viene detrás es la selva. Durante años, antes de llegar a la presidencia, Sánchez se rodeó de personas bienintencionadas, que construyeron el magma justificativo (el 'Gobierno de la dignidad') que les sirvió para justificar una moción de censura alambicada y, posteriormente, todas y cada una de las degradaciones institucionales que se han acumulado en los últimos años, desde el plagio de una tesis al sometimiento de instituciones como el CIS, el nombramiento de afines en las empresas públicas, y de hasta una ministra como fiscal general.
Al pensar en la España de las trincheras que estamos cavando, donde las tropelías en cada lado no solo se toleran sino ya hasta se justifican, me viene a la cabeza una anécdota que cuenta Elias Canetti en sus memorias ('La antorcha al oído'). Cuando conoció a Bertolt Brecht en Berlín, casi se muere de un síncope (de un ataque de dignidad) al enterarse de que Brecht vendía sus poemas para poder comprarse un coche americano, del que disfrutaba gozosamente. Con el silencio que se escucha en nuestras trincheras, otrora tan ajetreadas cuando se aprobaban reformas similares en otros países, uno tiene una sensación parecida: verás cuando algunos se enteren de que Brecht solo escribía poesía para poder conducir un coche.
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