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Al ‘modo Rajoy’, pero el líder del PP se ha salido con la suya: Aguirre se aviene a investigar
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Federico Quevedo

Dos Palabras

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Al ‘modo Rajoy’, pero el líder del PP se ha salido con la suya: Aguirre se aviene a investigar

Sin estridencias, sin hacer caso a los que le reclamaban acciones contundentes y vociferantes, con pies de plomo y mucha prudencia, Mariano Rajoy ha conseguido que

Sin estridencias, sin hacer caso a los que le reclamaban acciones contundentes y vociferantes, con pies de plomo y mucha prudencia, Mariano Rajoy ha conseguido que el lío del espionaje se sustancie donde debe sustanciarse, es decir, en el ámbito judicial por si hubiera responsabilidades penales, y en el ámbito del Parlamento regional por si hubiera responsabilidades políticas. Lo primero no dependía de él, es cierto, pero lo segundo sí tiene mucho que ver con su posición inamovible y con el hecho de que cuatro días después de estallar el escándalo el presidente del PP pusiera el asunto en manos de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y le encargara recabar “toda la información necesaria a fin de aclarar hasta sus últimos extremos lo ocurrido y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes”. Este doble ámbito de actuación era, desde el primer momento, por el que abogaba Rajoy y así consta en aquel primer comunicado en el que el PP afirmaba que los hechos, de confirmarse, “darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia, de la que instamos una actuación inmediata”, y añadía que, “igualmente, se derivarían en su caso, responsabilidades de carácter estrictamente político, que el Partido Popular exigiría con absoluta firmeza y determinación”, y que lógicamente deben dirimirse en el ámbito oportuno, que es el Parlamento.

Pero lo cierto es que, incluso en contra de lo que mucha gente le advertía a la presidenta esos días –“Esperanza, no te la juegues por estos dos”-, ella cerró filas con Granados y González y se opuso tanto a la investigación judicial del caso del espionaje a otros políticos del PP –sí, en cambio, impulsó que la Justicia investigara el seguimiento a Ignacio González- como, sobre todo, a la investigación política de estos hechos reduciendo todo gesto de cortesía parlamentaria a una comparecencia de Granados ante la Cámara autonómica. ¿Qué opción le quedaba a Rajoy? El líder del PP, que inicialmente comete el error de dar por buenas las palabras de Granados y González negando los hechos, corrige a los cuatro días después de intensas deliberaciones y consultas de las que sacó algo muy en claro: no podía unir su suerte a la de el vicepresidente de la CAM y a la del consejero de la Presidencia, porque en Génova tenían cada vez más claro que, de hacerlo, se hundían con todo el equipo en un mar de dudas sobre su comportamiento e indicios de algo más. Es entonces cuando encarga a Cospedal, no una investigación, sino la recopilación de información con un fin: el de aclarar lo ocurrido, adoptar medidas si fuera necesario, y dejar claro que el PP daba importancia al asunto y credibilidad a las informaciones.

Y se la daban porque en Génova había constancia de que todo o parte de esto respondía a la realidad, es decir, que desde ciertas instancias del gobierno regional se había espiado, investigado, seguido, o lo que sea a destacados dirigentes del actual equipo al frente del PP. Pero, con ser eso grave, lo que más preocupaba –y preocupa- en Génova es que de toda esta trama se deriven consecuencias en términos de corrupción que pueden ser mucho más graves. Esa, y no otra, era la razón por la que Rajoy quería que se abriera alguna clase de investigación. ¿Qué ha pasado para que al final la presidenta se avenga a permitir que se cree esa comisión en el Parlamento regional, tal y como reclamaba Génova? De entrada que frente a los que pretendían utilizar esta trama de intereses cruzados y espionajes varios para minar la imagen y la credibilidad del líder del PP, la tozuda realidad se ha dado de bruces no con Génova 13 sino con la Puerta del Sol, y no es Rajoy sino la presidenta la que parece haber salido debilitada de este asunto. Demasiados frentes abiertos en los que siempre aparecen implicados los mismos, con sus mismos amigos y con la misma trama de intereses detrás –Caja Madrid, los dosieres, los espías, las adjudicaciones en los ayuntamientos de la Comunidad gobernados por el PP, OHL, el Canal, los toros, Pedro Antonio…-. Demasiado como para que la presidenta se pueda permitir mirar siempre para otro lado, y demasiado como para que el PP se permita el lujo de lavarse las manos y no intentar sacarla del atolladero aunque ella se resista.

A pesar de la fuerte presión, ni Aguirre ni Rajoy conseguían ponerse de acuerdo. La primera se negaba a investigar más allá de lo que ya estaba en manos de los jueces –bueno, del juez-, y el segundo no estaba dispuesto a que esta vez le tomaran por el pito del sereno y, sobre todo, que algunos desalmados pretendieran que el asunto le salpicara a él. Era necesario llegar a un acuerdo, pero esta vez Rajoy no estaba dispuesto a ceder más allá de lo razonable, es decir, en ningún caso iba a dar por buenas las explicaciones de los colaboradores de Aguirre –eso sí, siempre asumiendo la presunción de inocencia, que es derecho fundamental-, pero estaba dispuesto a aplazar la investigación interna si Aguirre daba un paso en la dirección que exigía el líder del PP. Y el asunto se solucionó el mismo domingo: una llamada la noche anterior y un intercambio de billetes –Cospedal por Soraya Sáenz de Santamaría para viajar a Londres a reunirse con los ‘populares’ británicos-  y la secretaria general –cuya agenda ya busca huecos en las horas de sueño- se reúne con Aguirre y cierra el acuerdo: el PP suspende la investigación, que no la cierra, y Aguirre admite la Comisión de Investigación en la Cámara regional. De hecho, el PP no renuncia a aplicar sanciones si de los dos ámbitos de investigación se derivasen responsabilidades. ¿Cabe esperar que la Comisión aclare algo? La experiencia dice que poco, por no decir nada, pero en fin, nunca se sabe.

Sin estridencias, sin hacer caso a los que le reclamaban acciones contundentes y vociferantes, con pies de plomo y mucha prudencia, Mariano Rajoy ha conseguido que el lío del espionaje se sustancie donde debe sustanciarse, es decir, en el ámbito judicial por si hubiera responsabilidades penales, y en el ámbito del Parlamento regional por si hubiera responsabilidades políticas. Lo primero no dependía de él, es cierto, pero lo segundo sí tiene mucho que ver con su posición inamovible y con el hecho de que cuatro días después de estallar el escándalo el presidente del PP pusiera el asunto en manos de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y le encargara recabar “toda la información necesaria a fin de aclarar hasta sus últimos extremos lo ocurrido y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes”. Este doble ámbito de actuación era, desde el primer momento, por el que abogaba Rajoy y así consta en aquel primer comunicado en el que el PP afirmaba que los hechos, de confirmarse, “darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia, de la que instamos una actuación inmediata”, y añadía que, “igualmente, se derivarían en su caso, responsabilidades de carácter estrictamente político, que el Partido Popular exigiría con absoluta firmeza y determinación”, y que lógicamente deben dirimirse en el ámbito oportuno, que es el Parlamento.

Mariano Rajoy María Dolores de Cospedal