Algo huele a podrido en la trastienda del ‘caso Bárcenas’

El diputado del Partido Popular Vicente Martínez Pujalte fue ayer el altavoz del sentir de buena parte de sus compañeros de partido cuando señaló que quizás lo mejor que podría hacer el actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, es reflexionar sobre su propio futuro, una manera sutil de recomendarle que deje el cargo a iniciativa propia con el fin de no hacer más daño a la imagen del partido. Digo que es el sentir de buena parte de sus compañeros porque es cierto, y he podido comprobarlo, que aún defendiendo la mayoría de ellos la presunción de inocencia del tesorero del PP, también consideran que su caso es el foco de atención de la opinión publicada y que eso va en detrimento de la buena imagen del partido. Quizá hace ya tiempo que Bárcenas debería haberse retirado para evitar ese daño sin condicionar esa decisión a la que pueda tomar el Tribunal Supremo sobre su imputación, porque siendo cierto que hacerlo puede interpretarse como un reconocimiento de culpa que Bárcenas no está dispuesto a llevar a cabo, también lo es que para buena parte de la opinión pública existe al menos una duda razonable sobre su honorabilidad, y ya no digamos para la publicada, que directamente lo ha sentenciado como culpable de todos los delitos habidos y por haber. Y es aquí donde quería llegar porque eso explica de manera muy razonable porqué Rajoy no actúa de ‘motu propio’ con los datos de que hasta ahora dispone.

El líder del PP ha tomado la decisión de mantener a Luis Bárcenas en su cargo y no dar pábulo a todas las acusaciones que se vierten sobre él. Esto solo puede deberse a dos razones de mucho peso: la primera, que Bárcenas fuera su hermano, lo cual es obvio que no es así; y la segunda, que no tenga elementos de juicio suficientes como para tomar la decisión contraria y que, sin embargo, el propio tesorero haya sido capaz de explicar todos y cada uno de los hechos que los medios de comunicación han venido aportando como supuestas pruebas de su deshonestidad. Un partido político no es una ONG ni la sede del PP de la calle Génova es una comuna de colegas bien avenidos, por lo que este empeño de Rajoy en desoír a quienes le empujan a echar a Bárcenas tiene que estar muy bien fundamentado en una convicción personal, y esta no es otra que la de que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe preservarse por encima de cualquier otra consideración, y más aún en el caso de un político expuesto al escaparate mediático sin contemplación alguna y al que se le está privando de manera inmisericorde de todas las garantías jurídicas e incluso procesales que son propias de nuestro Estado de Derecho. Ni Bárcenas, ni Merino, ni Galeote han podido declarar ante instancia judicial, tributaria o policial alguna, por lo que se da la circunstancia de que el Tribunal Supremo va a decidir sobre su imputación en delitos graves sin haber escuchado su declaración ni haberles dado la oportunidad de defenderse, algo que forma parte de la esencia de cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo: incluso al más vil criminal le asiste el derecho de declarar ante un juez antes de que se le impute delito alguno.

En lugar de eso, Bárcenas, Merino y Galeote son objeto de un linchamiento mediático diario por parte, por un lado, de los medios afectos al régimen socialista de Rodríguez y, por otro, de los medios enemigos de Rajoy que todavía quieren pasarle la factura de no haber cedido a sus presiones para que diera paso a otro liderazgo al frente del partido. Y con esto no justifico sus comportamientos, entre otras cosas porque no es posible justificar lo que no se conoce…, porque sigue habiendo secreto del sumario y nadie sabe de qué se les acusa, ni siquiera ellos. Esta es la gran paradoja de todo este caso: se les ha acusado e incluso sentenciado como culpables en las tribunas mediáticas por unos delitos desconocidos, y las distintas instituciones -Justicia, Agencia Tributaria, Policía- han puesto la lupa sobre ellos sin darles siquiera la oportunidad de explicarse porque no saben qué es lo que tienen que explicar. Pues algo falla en todo esto. Algo que convendría corregir en el futuro. Las garantías jurídicas deben ser iguales para todos, independientemente de su papel en la sociedad, sobre todo cuando se trata de presuntos delitos individuales que más allá de las responsabilidades políticas pueden tener graves consecuencias penales.

Cosa distinta es el uso que los responsables políticos hacen de los bienes públicos y, en este sentido, es interesante diferenciar entre el ‘caso Bárcenas’ y el ‘caso Chaves’, porque la delimitación de responsabilidades en ambos es muy diferente. De Chaves sabemos, y son hechos probados, que siendo presidente de la Junta concedió una subvención de diez millones de euros a la empresa Matsa de la que era apoderada su hija Paula. Y ya está. Tan simple y tan políticamente denunciable. Es grave, porque implica el uso de bienes públicos en beneficio propio, pero la responsabilidad jurídica, si la hay, debe delimitarla la Justicia. Lo que toca en este caso es exigir su responsabilidad política y, en última instancia, su dimisión. No ocurre lo mismo en el ‘caso Barcenas’, porque las supuestas irregularidades no están relacionadas con el uso o abuso de bienes públicos, sino que de haberse producido lo serían en el ámbito privado, razón por la que la responsabilidad política solo es exigible en el caso de que se confirme la responsabilidad penal o judicial, sujeta a su vez a las máximas garantías constitucionales, garantías que, hoy por hoy, les han sido hurtadas por una prensa dedicada a extender mantos de sospecha sobre todo aquel que se ponga a tiro, una clase política absolutamente irresponsable en lo que a su papel constitucional se refiere, y un Gobierno que actúa perfectamente coordinado con las instituciones a las que manda -por eso se persona en la causa- para acosar judicialmente al principal partido de la oposición. Esto es lo que verdaderamente está podrido en nuestro sistema, y no verlo nos condena a lo peor de las dictaduras bananeras.