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¿Y si catalanizamos a los niños españoles, señor Wert?
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Federico Quevedo

Dos Palabras

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¿Y si catalanizamos a los niños españoles, señor Wert?

Creo que lo más sensato es empezar este post acudiendo a las fuentes del derecho, en nuestro caso a la Constitución Española, en la que se

Creo que lo más sensato es empezar este post acudiendo a las fuentes del derecho, en nuestro caso a la Constitución Española, en la que se dice claramente en su Artículo Tercero que “el castellano es la lengua española oficial del Estado”, y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Deber, y derecho. Sólo en relación al castellano como lengua oficial del Estado especifica nuestra Carta Magna que existe un derecho de uso, pero también un deber de conocimiento. En ese mismo artículo, la Constitución reconoce que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”, y la obligación de conocerlas obedece a una norma de rango inferior, como es el Estatuto de Autonomía.

Eso significa que la obligación de conocer una lengua cooficial en un determinado territorio del Estado no puede entrar en contradicción con el deber de todos los españoles de conocer el castellano y su derecho a usarlo, lo que implica que bajo ninguna circunstancia puede ser discriminado un ciudadano español en ningún territorio del Estado por usar el castellano como lengua habitual. Esto es la ley, nos guste o no. Y es evidente que hay a quien no le gusta, pero las leyes, incluso cuando no nos gustan, están para ser cumplidas y respetadas, y el Gobierno de España tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Es en este sentido en el que cabe enmarcar las declaraciones que esta semana ha hecho el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y que tanta polvareda han levantado cuando habla de “españolizar a los niños catalanes”.

En ningún caso el titular de educación está pretendiendo imponer un modelo educativo determinado en Cataluña, sino que simplemente se está limitando a afirmar que el Gobierno va a hacer lo que tenga que hacer para garantizar que en aquella comunidad se cumple la Constitución, cosa que en este momento no ocurre. La responsabilidad de que eso sea así no la tiene solo la Generalitat de Cataluña, sino también los sucesivos gobiernos de uno y otro signo –si, si, también el de Aznar que fue colaborador necesario con el actual programa de inmersión lingüística en Cataluña- que han hecho dejación del principal deber de un Ejecutivo, que es garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en todo el territorio del Estado. Y el hecho de que haya familias, por pocas que sean –y habría que demostrar que son tan pocas-, que no pueden ofrecer a sus hijos una educación pública en castellano en Cataluña demuestra que el Estado de Derecho no funciona en aquella comunidad.

¿Significa esto un ataque a la inmersión lingüística en Cataluña? No, en ningún caso, y mucho menos supone un retroceso al franquismo como quiere hacer ver el nacionalismo catalán metido en campaña. Quizás el mayor error del ministro haya sido eso, provocar este debate en pleno período preelectoral, pero más allá de eso su reflexión es escrupulosamente democrática ya que se detiene en el fundamento mismo del sistema, que no es otro que la capacidad de elección, algo que sistemáticamente niega el modelo educativo nacionalista, luego siendo francos habrá que concluir que no es Wert quien practica el fascismo, sino quienes imponen ese modelo excluyente.

Pero, dicho eso, el debate sobre las lenguas y sobre la españolización o no de los niños catalanes debería servirnos para dar un paso más en esa dirección. Me explico: si aceptamos, y la mayoría lo hacemos así, que las Comunidades con hechos diferenciales y con lengua cooficial propia son parte de España, deberíamos aceptar también que su hecho diferencial y su lengua propia forma parte también de nuestro patrimonio cultural, histórico y lingüístico, luego no estaría de mas que en aras del enriquecimiento de todos los niños españoles se potenciara fuera de esos territorio el estudio y el conocimiento de esos hechos diferenciales y de esas lenguas.

Si, en efecto, lo que propongo es que un niño de Madrid, o de La Rioja, adquiera también unos conocimientos básicos sobre la realidad de Cataluña, de Galicia, del País Vasco o de la Comunidad Valenciana, conocimientos que deberían incluir las lenguas propias de esos territorios, catalán, gallego, valenciano o euskera. No se trata de que un niño de La Coruña termine el colegio hablando todos los idiomas del estado español pero sí de que al menos tenga unos conocimiento básicos sobre esas lenguas y que si de esos conocimientos básicos se desprende un interés mayor por desarrollarla tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Porqué? Pues porque la inclusión en nuestro modelo educativo de este aprendizaje sobre los demás nos ayudara muy mucho en la convivencia futura y probablemente contribuya a rebajar tensiones y a ser más comprensivos sobre las realidades de cada uno. Y quizá una propuesta en este sentido, nacida del propio Gobierno de España, ayudaría a limar asperezas actuales.

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Creo que lo más sensato es empezar este post acudiendo a las fuentes del derecho, en nuestro caso a la Constitución Española, en la que se dice claramente en su Artículo Tercero que “el castellano es la lengua española oficial del Estado”, y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Deber, y derecho. Sólo en relación al castellano como lengua oficial del Estado especifica nuestra Carta Magna que existe un derecho de uso, pero también un deber de conocimiento. En ese mismo artículo, la Constitución reconoce que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”, y la obligación de conocerlas obedece a una norma de rango inferior, como es el Estatuto de Autonomía.