“¿Por qué no exploramos la ‘vía Cameron’ para Cataluña?”

El movimiento es incipiente, muy minoritario, pero está ahí y ha venido para quedarse e ir ganando adeptos. Es transversal y, de hecho, sin que haya habido ninguna clase de interrelación entre sus partidarios a un lado y al otro del arco parlamentario, ha encontrado adeptos o, al menos, quienes no ven mal que se reflexione sobre ello y se analice tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista.

“¿Por qué no exploramos la ‘vía Cameron’ para Cataluña?”, me preguntaba esta misma semana gente del PP. Y he encontrado también en el PSOE alguna posición favorable. Obviamente, ni en un caso ni en el otro se trata de políticos o dirigentes partidarios de la independencia de Cataluña, de eso ni hablar, pero si de personas que creen que el pulso ha ido demasiado lejos y que, a lo mejor, ha llegado la hora de preguntarle a los ciudadanos de Cataluña qué es lo que de verdad quieren, pero situando la pregunta en la máxima aspiración del nacionalismo: la independencia.

Vayamos por partes, porque el asunto es más que complejo y merece una reflexión sosegada. De entrada, y a pesar de que yo lo traiga hoy aquí a debate del foro de este post, lo lógico será que cualquier reflexión política en este sentido se aplace hasta después de las elecciones catalanas el 25 de noviembre, y esperar a que el resultado de las mismas aclare un poco más hasta dónde está dispuesto a llegar Artur Mas, lo cual va a depender muy mucho de si logra o no mayoría absoluta y de qué apoyos requiere si no consigue su objetivo principal, que es gobernar en solitario y eludir el castigo de la ciudadanía a una gestión absolutamente desastrosa. Mi impresión -contrastada- es que difícilmente va a poder Artur Mas enfriar la expectativa que ha generado en una parte importante de la sociedad catalana, y que este proceso que se ha abierto es irreversible, como me decía un destacado dirigente catalán del PP.

Al final Cameron se ha dejado seducir por la idea muy liberal -que yo comparto- de que no se puede obligar a nadie a ser lo que no quiere ser aunque, eso sí, habrá que explicarle a ese alguien la consecuencias que tiene su decisión y enfrentarle a la crudeza de la mismaEs decir, que Artur Mas va a ir a por todas. El problema es que en su ir a por todas no está incluida la independencia de Cataluña, sino una configuración de Estado Libre Asociado al modo en que ya planteó en su día el lehendakari Ibarretxe para el País Vasco y que fue rechazado por el Parlamento español. Lo que quiere Mas es hacerlo por la fuerza, consciente de que si toma el mismo camino que tomó entonces Ibarretxe va a chocar con el mismo muro con el que chocó el lehendakari con desastrosas consecuencias incluso electorales para el nacionalismo vasco que ha tardado en recuperar su hegemonía. Es decir, lo que quiere preguntar Mas a los catalanes en ese referendo ilegal que amenaza con convocar es si quieren que Cataluña sea un Estado en Europa con un pleno autogobierno, pero sin romper todos los vínculos con España para no quedarse precisamente fuera de la UE. O sea, una trampa saducea en la que pretende que caigamos todos como si fuéramos idiotas.

Y es aquí donde tendría todo el sentido del mundo explorar esa ‘vía Cameron’ para cerrar este debate al menos durante unas cuantas décadas. Existe la posibilidad de que, una vez ganadas las elecciones, Artur Mas aparque la idea de la consulta y se limite a negociar con el Gobierno central una mejor financiación para Cataluña y la posibilidad anecdótica de que las selecciones catalanas puedan competir con marca propia en competiciones internacionales. Pero, francamente, me temo que no va a ser así. Si insiste en convocar esa consulta, quizá haya llegado el momento de abrir un proceso de diálogo similar al que se ha producido en Gran Bretaña entre David Cameron y los secesionistas escoceses para dar forma a un referendo en Cataluña sobre la independencia. Ya sé que hablamos de casos distintos… Bueno, lo son en su perfil histórico, pero no en su sentimentalidad presente: al final Cameron se ha dejado seducir por la idea muy liberal -que yo comparto- de que no se puede obligar a nadie a ser lo que no quiere ser aunque, eso sí, habrá que explicarle a ese alguien la consecuencias que tiene su decisión y enfrentarle a la crudeza de la misma.

Los enemigos acérrimos de la consulta esgrimen las leyes y la Constitución como armas para frenarla, pero ni las leyes ni la Constitución son inmutables. Bastaría un acuerdo en el Parlamento entre los dos partidos mayoritarios para autorizar el referendo en Cataluña sin necesidad de modificación legal alguna. En un estupendo trabajo de los profesores Enrique Linde y Miguel Herrero Lera sobre el Referendo en nuestra Constitución se señala que “es materia competencia exclusiva del Estado la ‘Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum’. La disposición, evidentemente, va dirigida a los referéndums autonómicos, pues los demás están en la órbita de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. A nuestro juicio, siendo evidente que la convocatoria de los referéndums autonómicos es competencia del Rey, se trata de interponer entre el acto de convocatoria y el de proposición (que pudiera atribuirse, como sostuvimos más atrás, a órgano diferente del Gobierno o los ministros) un acto de autorización (del Ejecutivo o Legislativo) al efecto de verificar si procede o no, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley orgánica de referéndums, la convocatoria de referéndum. De este modo, aunque la propuesta de referéndum se atribuyera a la órbita autonómica, estaría sujeta a un control-autorización como trámite previo al acto de convocatoria real”.

Por lo tanto, la convocatoria sería negociable, y también los términos de la misma, que no podrían ser otros que una pregunta clara, concisa y concreta y una respuesta igual de clara, concisa y concreta y que sólo de opción a un SÍ o un NO a la independencia de Cataluña de España. Obviamente, en esa negociación se deberían establecer los criterios por los que el resultado sería vinculante, es decir, no vale cualquier mayoría sino que ésta tendría que ser cualificada –tres quintos del total de los votantes, o un 70% de los mismos-, la exigencia de que el paso que se dé no tiene vuelta atrás y la facilidad para que el Gobierno de España pueda hacer una campaña de información en la que se explique a los ciudadanos catalanes las consecuencias que tendría un voto favorable a la independencia, empezando por la salida inmediata de la UE y el trámite largo y complejo de solicitar la incorporación como Estado, lo cual, además, exigiría la unanimidad de los 27. “Una consulta planteada en esas condiciones es casi seguro, por no decir que totalmente seguro, que tendría un resultado negativo para la independencia, y eso podría aplacar el debate durante mucho tiempo, sino anularlo del todo”.