Cuatro muertes exigen una dimisión: la de Miguel Ángel Villanueva

Cuando el jueves por la mañana escuché las primeras informaciones sobre la tragedia del Madrid Arena pensé lo mismo que, seguramente, pensarían miles de padres con hijos en edad de haber estado allí: “Me podía haber pasado a mí”. De hecho, en estos cinco días he conocido a chicos que estuvieron en la macrofiesta, a padres que se enteraron la mañana del viernes de que alguno de sus hijos se encontraba en el lugar de los hechos, incluso a personas que, con mayor o menor cercanía, conocían a alguna de las cuatro chicas fallecidas o a sus familias. Todo ello hace que sea relativamente fácil ponerse en situación y añade, si se quiere, una nota más de dramatismo a la tragedia, en la medida que su impacto social es mayor.

Sin duda, más allá de las consecuencias inmediatas de este hecho, se ha abierto un debate sobre qué hacen nuestros hijos, dónde van y qué seguridad hay en torno a sus medios de diversión y entretenimiento. Lo cierto es que nadie puede negar que los padres tenemos la primera y principal responsabilidad sobre esas cuestiones, y no se trata en ningún caso de obviarla, pero también lo es que una vez que nuestros hijos ya no están protegidos dentro de las cuatro paredes del hogar familiar se encuentran a merced de su libre albedrío y de la ley de la selva urbana. Es ahí donde las autoridades públicas juegan un papel fundamental a la hora de garantizar los elementos esenciales de seguridad que nos permitan a los padres dormir con la tranquilidad de saber que, a la hora convenida, nuestros hijos volverán a casa sanos y salvos, y que la razón de que no sea así no tenga que ver con nada que los poderes públicos debieran haber evitado.

Ha habido una clara y contundente dejación de funciones por parte del Ayuntamiento de Madrid que probablemente afecta a varías concejalías, lo cual hace que el principal responsable político de lo ocurrido sea precisamente la persona encargada de coordinar todas ellas, es decir, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva

Y esto último es lo que no ha pasado en la tragedia de la noche de Halloween en el Madrid Arena, una tragedia que podía haberse evitado si desde el primer momento nuestras autoridades públicas, en este caso el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid, dueño y gestor del espacio del Madrid Arena, hubieran sometido a un estricto control, en todos los sentidos, la cesión en alquiler del local a la empresa Diviertt, organizadora de la macrofiesta. Es evidente a estas alturas que lo sucedido responde a toda una serie de errores cometidos en cadena, y que el primero de todos ellos es la propia opción de alquiler del citado local para espectáculos de masas sin que, aparentemente, reúna los requisitos de seguridad necesarios para ese uso. Y a partir de ahí, todo lo que ya sabemos, incluida, por supuesto, la más que evidente superación del aforo permitido y la ausencia casi absoluta de las necesarias medidas materiales y humanas de seguridad para que pudiera celebrarse un acontecimiento como el señalado.

Se han vulnerado las leyes y las normas. Las razones por las que se ha hecho tendrán que dirimirlas la Justicia e imponer en su momento las sanciones oportunas a los dueños de la empresa arrendataria que, en definitiva, es la responsable última de todo lo sucedido y que, por ello, tendrá que dar cuenta ante los tribunales. Pero más allá de esa responsabilidad, incluso penal, existe otra que en situaciones como esta no puede tardar en asumirse, y es la responsabilidad política. Ha habido una clara y contundente dejación de funciones por parte del Ayuntamiento de Madrid que probablemente afecta a varías concejalías, lo cual hace que el principal responsable político de lo ocurrido sea precisamente la persona encargada de coordinar todas ellas, es decir, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva.

Si a los hechos en sí añadimos la sospecha de que el empresario Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa organizadora del concierto, parece gozar de un trato bastante favorable por parte del Ayuntamiento, y a eso se añade una inusitada prisa por parte del propio Villanueva en las horas siguientes a la tragedia para salir en defensa de esta empresa y eximirla de cualquier responsabilidad, entonces la que recae sobre el vicealcalde es todavía mayor, porque él tendría que haber sido el primero en reconocer que algo había fallado y que nadie podría eludir la responsabilidad de esos fallos. Sin duda, nos encontramos ante unos hechos gravísimos que podrían haber derivado en consecuencias mucho peores de lo que ya fueron en esa noche trágica, pero que podrían, deberían haberse evitado.

Es, sin duda, la mayor crisis política a la que tiene que hacer frente la alcaldesa de la capital, Ana Botella. Si no quiere que sus consecuencias le acaben pasando factura también a ella, debería ser la primera en exigirle a su número dos que asuma la responsabilidad, sin que eso signifique que en el futuro no puedan dirimirse otras también en el seno del equipo municipal actual e, incluso, en el anterior, teniendo en cuenta que ahora parece que en la construcción del Madrid Arena se cometieron muchos fallos arquitectónicos que han contravenido las necesarias garantías de seguridad.

Pero empecemos por lo obvio, por lo inmediato, y en un país en el que tanto cuesta que los políticos asuman la responsabilidad de sus actos, o de sus omisiones, tendría un enorme significado social que Villanueva asumiera la suya y dejara el cargo. Y ya no es por esas cuatro niñas a cuyos padres no hay nada que les pueda reparar de su pérdida, sino por una sociedad que necesita cada vez más comprobar que los errores en política también se pagan, para empezar a recuperar un poco de confianza en una clase dirigente hoy por hoy muy denigrada, pero absolutamente ajena a los problemas y las necesidades de los ciudadanos a los que gobierna.