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Sanidad y Telemadrid: la izquierda resucita la ‘kale borroka’
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Federico Quevedo

Dos Palabras

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Sanidad y Telemadrid: la izquierda resucita la ‘kale borroka’

El hecho de que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, muy vinculado a Izquierda Unida, haya reclamado la puesta en libertad de todos los presos de

El hecho de que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, muy vinculado a Izquierda Unida, haya reclamado la puesta en libertad de todos los presos de ETA no es un hecho que deba pasar desapercibido. Es probable que en otras circunstancias se pudiera considerar un caso aislado, pero en las actuales hay que incluirlo dentro de una estrategia global impulsada por una parte de la izquierda española, la más radical y sectaria, contra todo lo que se parezca o tenga que ver con el Partido Popular.

Algunos llamamientos en las redes sociales a la insurrección y a la toma del poder que legítimamente ostenta el centro-derecha español, tras haberlo obtenido de las urnas, son una muestra más de ese radicalismo que dista mucho de poder considerarse un comportamiento democrático. Los sindicalistas del SAT ya dieron cumplida muestra de su respeto por la ley y el Estado de derecho asaltando supermercados, pero como en Andalucía gobierna el PSOE en alianza con IU, su movilización se ve limitada al no poder actuar contra un poder que comparten: un poder contra el que no pueden practicar la violencia porque se trata de los suyos.

Sin embargo, en el resto del territorio nacional, y sobre todo allí donde la presencia del PP es hegemónica, como ocurre en Madrid, esta izquierda antidemocrática despliega toda su capacidad de acción, aunque para el cumplimiento de sus fines se tenga que ver estrechando las manos de colectivos que, de otro modo, atacaría sin piedad; es el caso de los médicos en la comunidad que preside Ignacio González. La estrategia de la izquierda pasa por convertir lo que de otro modo no sería más que una reivindicación laboral en un conflicto, y para eso se necesita recurrir a un burdo ejercicio de manipulación: el PP quiere privatizar la sanidad madrileña, es decir, quiere que deje de ser un servicio público. Eso es lo que vienen a decir los alborotadores a los que, en otras circunstancias, les importaría un comino el debate sobre la financiación.

Hay una izquierda en este país que, por desgracia, sigue sin evolucionar hacia un comportamiento democrático y sigue sin aceptar las decisiones de las urnas. Su manera de actuar no beneficia a nadie, ni a España, ni a sus ciudadanos, ni mucho menos a quienes, en principio, podrían verse beneficiadosY salvar la sanidad pública deja de ser, en efecto, una reivindicación laboral para convertirse en casus belli, en un conflicto en el que vale todo porque, supuestamente, el primero que ha cometido una agresión ha sido el PP, por más que lo que vaya a hacer sea moneda común en otras comunidades autónomas como, por ejemplo, la andaluza, donde la sanidad pública concierta buena parte de sus servicios con clínicas privadas sin que se organice una batalla campal por ello. A esta escalada de tensión se unieron hace unos días los sindicatos de Metro de Madrid, con una huelga salvaje en protesta por la supresión de la paga extra de Navidad, una medida que la empresa está obligada a cumplir por ley estatal y que no es negociable.

Pero, sin lugar a dudas, la palma en lo que a la borrokización de la protesta se refiere se la llevan los sindicatos de Telemadrid que, de alguna manera, se han convertido en algo así como la piedra angular de la movilización, el estandarte de una revuelta que no ha hecho más que comenzar y que amenaza con extenderse poco a poco al resto del país. Da igual que para ello la izquierda se vea obligada a secuestrar a los pacientes de la sanidad madrileña, o a dejar en la calle a cientos de familias que de otra manera podrían conservar su puesto en la televisión pública. Se trata de daños colaterales necesarios para alcanzar el objetivo final: echar del poder al PP; porque esa parte de la izquierda entiende que el poder le pertenece.

No cabe otra explicación al hecho de que más de 300 directivos de hospitales amenacen con el colapso de la sanidad pública como chantaje a un Gobierno que ha tomado una decisión -el tiempo dirá si acertada o no- legítima, y que bajo ninguna circunstancia supone que el usuario de la sanidad pública madrileña vaya a ver mermadas las garantías de universalidad y gratuidad -relativa esta última, porque en cualquier caso se paga con nuestros impuestos-. Como tampoco cabe explicarse de otra manera el hecho de que los sindicatos de Telemadrid hayan rechazado el último acuerdo propuesto por la dirección, que implica reducir de 925 a 654 el número de despidos afectados por el ERE, lo que supone volver al plan inicial y condenar a esos más de trescientos trabajadores y a sus familias al paro.

Pero, ¿qué cabe esperar de unos sindicatos que mantienen la emisión en un permanente fundido en negro, lo que ha llevado a la empresa a perder millones de euros, y que practican una inusitada violencia contra todos aquellos que no quieren secundar su protesta, como explicábamos ayer en este mismo periódico? Hay una izquierda en este país que, por desgracia, sigue sin evolucionar hacia un comportamiento democrático y sigue sin aceptar las decisiones de las urnas. Pero su manera de actuar no beneficia a nadie, ni al país, ni a sus ciudadanos, ni mucho menos a quienes, en principio, podrían verse favorecidos.

El hecho de que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, muy vinculado a Izquierda Unida, haya reclamado la puesta en libertad de todos los presos de ETA no es un hecho que deba pasar desapercibido. Es probable que en otras circunstancias se pudiera considerar un caso aislado, pero en las actuales hay que incluirlo dentro de una estrategia global impulsada por una parte de la izquierda española, la más radical y sectaria, contra todo lo que se parezca o tenga que ver con el Partido Popular.