Una decisión valiente, pero suicida

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado el cierre de Canal 9, o Nou como se llama ahora, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, que declara ilegal el ERE que afectaba a más de mil trabajadores del ente público, lo cual implica su inmediata readmisión. Sin duda se trata de una decisión valiente, teniendo en cuenta las consecuencias que la misma va a tener en el futuro inmediato, pero inevitable si, como justifica el propio Fabra, entre tener que seguir asumiendo un coste elevadísimo por la continuidad de la televisión pública valenciana y pagar con ese dinero determinados servicios sociales que, de otra manera, no se prestarían, el Consell opta por lo segundo.

El cierre de Nou es, sin lugar a dudas, una triste noticia, de entrada porque implica que cerca de dos mil personas se van a quedar en la calle y, de salida, porque siempre que cierra un medio de comunicación hay que lamentarse, aunque en este caso el lamento sea desde mi punto de vista menor que el que produce el cierre de un medio de comunicación privado. ¿Por qué? Pues básicamente porque los medios de comunicación públicos están controlados por el poder, sirven a su amo, sea este el PP o el PSOE o los nacionalistas, da igual, pero el caso es que ninguno de ellos puede llamarse independiente. De hecho, esta es la primera razón por la que la decisión de Fabra es valiente: el PP pierde un medio de propaganda clave y fundamental de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Es probable que el saneamiento de las cuentas públicas le cueste a Fabra seguir gobernando, pero es loable que haya un presidente autonómico que anteponga el interés general al partidista

De propaganda, sí. No nos llamemos a engaño. Miren, les voy a contar algo: cuando llegué a Valencia para trabajar en la campaña de Eduardo Zaplana en las primeras elecciones autonómicas que ganó el PP, fui testigo de cómo algunas personas que conocía y que querían entrar a trabajar en Canal 9 se sacaban el carné del Partido Socialista como parte fundamental de su curriculum. Así llenó Joan Lerma la televisión pública de gente afín a su partido. Igual que hizo Leguina con Telemadrid, o se hizo en otras televisiones como Canal Sur. Llegó el PP, y como a toda esa gente no se la podía echar porque las televisiones públicas funcionaban con el mismo criterio funcionarial que el resto de la Administración Pública y a los que se podía echar los elegían como liberados sindicales, lo que hizo fue engordar aún más la plantilla contratando a los suyos.

Eso pasó bajo mandato de Zaplana, pero fue sobre todo con la presidencia de Camps cuando se llevó esa política al extremo, de la mano de Pedro García. Bajo ambos mandatos, la deuda del ente público se disparó y sobrepasó los mil millones de euros, una cantidad que ya ha sido asumida por la Generalitat. Pero Nou seguía engordando su deuda con unos ingresos miserables –no más de 18 millones de euros– y unos gastos que superaban los cien millones. Imposible de asumir para ninguna Administración salvo que, como ocurre con la catalana, en aras del soberanismo se anteponga la propaganda a los servicios sociales básicos.

Pero Fabra tiene un problema, primero porque en su propio partido los campistas y los zaplanistas se han echado las manos a la cabeza y critican abiertamente la decisión. En segundo lugar, porque se ha creado un enemigo importante: todos esos trabajadores despedidos no votarán jamás al PP, ni ellos ni sus familias. Y, tercero, pierde, como decía, un elemento de comunicación fundamental de cara a la campaña. Es suicida, porque esta decisión le va a pasar factura al PP, pero déjenme que les diga una cosa: ojalá cundiera el ejemplo. No porque yo me oponga a la existencia de televisiones autonómicas, sino porque me opongo a la existencia de televisiones autonómicas mal gestionadas y deficitarias.

Alberto Fabra está haciendo en Valencia el saneamiento de las cuentas públicas y de la propia estructura de la Generalitat que otros no se atreven a llevar a cabo en sus respectivas autonomías. Es probable que eso le cueste al PP seguir gobernando, pero es loable que haya un presidente autonómico que anteponga el interés general al partidista.