Hagamos una consulta en Cataluña de una vez por todas

Lo dije hace tiempo, coincidiendo con la convocatoria del referéndum en Escocia por parte del Gobierno de Cameron, y sigo creyendo que es la única salida posible a esta situación: hay que hacer una consulta en Cataluña, para cerrar definitivamente el permanente conflicto que enfrenta al nacionalismo con el Estado español. Y, si no definitivamente, al menos sí durante un tiempo lo suficientemente dilatado como para hacernos olvidar los desagradables desencuentros de estos últimos años. Se puede hacer. Es perfectamente posible, sin necesidad de tener que modificar la Constitución ni cambiar ninguna ley.

El Gobierno catalán se agrieta por el apoyo de Puigdemont al referéndum unilateral

Antonio Fernández. Barcelona

Lo que no se puede hacer es un referéndum jurídicamente vinculante, ya que al tratarse de un cuestionamiento de la propia Constitución el ámbito del mismo no puede ser regional, sino nacional. Pero una consulta pactada, convocada de acuerdo con las fuerzas políticas parlamentarias por el Gobierno español, no jurídica pero sí políticamente vinculante, es perfectamente encajable en el ordenamiento jurídico actual. Es decir, se trataría de una consulta cuyo objetivo es conocer la voluntad del pueblo catalán respecto de su propio futuro.

La consulta la convocaría el Gobierno, que también sería el encargado de redactar la pregunta, y al ser parte interesada podría dedicar recursos para una campaña en Cataluña en contra de la independencia. A Cameron le salió bien, porque lo hizo de acuerdo con todas las fuerzas políticas, y de hecho todos los partidos no independentistas se volcaron en una campaña que dio como resultado el rechazo a la independencia de Escocia. Cabría hacer algo parecido aquí, sin duda. El PP tendría el respaldo del PSOE y Ciudadanos, e incluso el de Podemos, para una operación de ese calado.

No se puede hacer un referéndum jurídicamente vinculante, pero sí una consulta pactada, convocada de acuerdo con las fuerzas políticas parlamentarias

Lo normal es que la consulta diera como resultado un rechazo a la independencia, e incluso el Gobierno podría introducir en la pregunta otras formas de relación de Cataluña con el Estado, como la responsabilidad fiscal que pedía Artur Mas y a la que dio portazo Mariano Rajoy, para facilitar el ‘no’ a la independencia. El Gobierno, además, establecería los porcentajes necesarios para tener en cuenta el ‘sí’, es decir, no podría valer con la mitad más uno de los votos sino que, como ha ocurrido en otras consultas de ese estilo, para tomar una decisión de esa magnitud tendrían que darse unos porcentajes determinados de participación y de voto. Por ejemplo, no menos de un 60% de votos favorables a la independencia con una participación no inferior al 70% del censo.

¿Y si, a pesar de todo, hay una mayoría de catalanes que quieren la independencia? Pues entonces habrá que tenerlo en cuenta. En ese caso, el Gobierno debería pactar una reforma de la Constitución que, esta vez sí, tendría que someter a referéndum nacional. Sé que decir esto me va a traer muchas críticas pero, de verdad, creo que es la única forma de resolver un problema que lleva enquistado en nuestra convivencia, no ya unos años, sino al menos un siglo. Y sé, también, que si se llevara adelante una propuesta de este tipo y el resultado no fuera el que desean los partidos independentistas, pasado un tiempo volverán a reproducir sus esquemas victimistas, pero ese tiempo será largo, lo suficientemente largo como para que no se vuelvan a cometer algunos de los errores que se han cometido en estos años pasados, y a lo mejor el ánimo independentista se desinfla lo suficiente en Cataluña como para que el nacionalismo pase a ser un referente marginal.

No podemos tenerle miedo a preguntar. Los recursos a la ortodoxia constitucional y al Estado de derecho para negarse a hacer una consulta no son más que manifestaciones de temor, porque tal y como la planteo —y lo hago porque hay juristas destacados que están convencidos de que es perfectamente posible— no se salta ninguna línea roja del Estado de derecho. Lo que sí hace es saltarse las líneas rojas del inmovilismo. Esto no se va a arreglar por la vía de las denuncias en los tribunales, ni llevando a los líderes nacionalistas al banquillo de los acusados. Esto se va a resolver por la vía del diálogo, y por la vía de la consulta para conocer, de una vez por todas, lo que quiere el pueblo catalán.