Una reflexión, desde la incredulidad, sobre lo de Moix

Vaya por delante que yo he sido el primero –es un decir– que cuando se conoció la noticia de que el Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tenía una cuenta 'off-shore' en Panamá, dije que debía dimitir. El hecho de que tal información no fuera, además, pública o, dicho de otro modo, que la hubiera mantenido oculta, hacía más evidente que la decisión no podía ser otra. Aunque, sinceramente, no era eso lo que realmente me llevaba a pensar que Moix no era la persona adecuada para estar en ese cargo, sino la forma tan extraña en la que el Gobierno había optado, primero, por José Manuel Maza como Fiscal General del Estado y, segundo, este por Manuel Moix como Fiscal Anticorrupción en detrimento de otras alternativas mucho más independientes manejadas en su momento por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Me temo que Catalá está siendo el cabeza de turco de una serie de errores cometidos por el Gobierno y de los que él es simplemente un mandado, porque me consta que esos nombramientos se hicieron contra su voluntad. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el Gobierno, y sobre todo en la vicepresidencia del Gobierno, se sabía que había casos de corrupción del PP que iban a salir a la palestra y se pretendía tener bajo control a la Justicia en la medida de lo posible, para evitar daños mayores. Insisto, por tanto, para que quede constancia, en que desde mi punto de vista la dimisión de Moix es una buena noticia, y sería todavía mejor su fuera acompañada de la del Fiscal General del Estado y al frente de este organismo se pusiera a alguien con un mayor prurito de independencia.

Pero, intentemos por un momento aislar las razones obvias por las que Moix debía dimitir, y centrémonos en el hecho concreto por el que se ha pedido su dimisión: una cuenta en Panamá por la que el ya ex Fiscal Anticorrupción había declarado a Hacienda y, por lo tanto, no conllevaba objeción alguna. Puede ser que, como dijo después el ministro de Justicia, no sea muy ético tener una cuenta en Panamá pero, en sí mismo, no es ningún delito siempre que se cumpla con las pertinente obligaciones tributarias. Y, sin embargo, como ya ocurriera en un caso muy similar con el exministro Soria, se utiliza como excusa para proceder a un linchamiento político y mediático del protagonista.

Catalá está siendo el cabeza de turco de una serie de errores cometidos por el Gobierno. Me consta que los nombramientos se hicieron contra su voluntad

Lo he dicho otras veces: vivimos un momento especialmente delicado, en el que la opinión pública está muy sensibilizada ante situaciones como esta, tanto que olvida el obligado deber de respetar la presunción de inocencia y juzga, e incluso condena, sin tener la potestad para ello. Esto es un problema para nuestro sistema democrático, porque pervierte los principios básicos de cualquier Estado de derecho como son la presunción de inocencia y el derecho de todo ciudadano a la legítima defensa.

Es verdad que en el caso de los cargos públicos, muchas veces los comportamientos son tan evidentemente inmorales que la dimisión es necesaria. No digamos si además hay una sospecha de delito y una imputación por parte de un juez, aunque también en este caso habría que establecer algún criterio lógico. Pero, ¿qué pasa cuando el susodicho no ha cometido delito alguno, ni siquiera una falta leve?

Se sabía que había casos de corrupción del PP que iban a salir a la palestra y se pretendía tener bajo control a la Justicia en la medida de lo posible

Me contaban el viernes que Moix tiene un hijo estudiando en la universidad y que los compañeros de clase del mismo le empezaron a echar en cara que su padre tuviera cuentas en Panamá para defraudar a Hacienda… Esto no es cierto o, al menos, nadie ha cuestionado que Moix haya cumplido con sus obligaciones tributarias, luego ¿realmente es necesario poner a una persona en la situación de tener que proteger a su familia de falsas acusaciones e, incluso, campañas de acoso? No es positivo que como sociedad cometamos estos excesos que tienen consecuencias graves para las personas y sus entornos. No le hacemos ningún bien a la convivencia en un Estado de derecho. Insisto: había razones para que Moix dimitiera, pero no había razones para juzgarlo.