La vice ya no lo tiene todo bajo control

Sin duda, durante mucho tiempo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pasado por la mujer mas poderosa de España –seguramente lo seguirá siendo-, bajo cuyo control no se escapaba nada. De hecho, durante la pasada legislatura –no la corta de seis meses, sino la anterior–, su poder fue tal que pese a que el famoso G-5 –los ministros amigos de Rajoy que se oponían a la vicepresidenta– contaba, supuestamente, con la complicidad del presidente, al final consiguió que ninguno de ellos permaneciera en el Ejecutivo en la legislatura actual.

Cierto que Rajoy ha compensado su ausencia poniendo otro fiel en la balanza, Cospedal, pero ya no es lo mismo. Y cierto también que el presidente optó por restarle algo de protagonismo eligiendo a Méndez de Vigo como ministro portavoz, pero aunque la vice acusó ese golpe que supuestamente la alejaba de uno de los centros de poder que manejaba con mas efectividad –para sus propios intereses–, es decir, la prensa, lo cierto es que en términos de poder político mantuvo su control sobre los elementos jurídicos y sobre los principales canales de información: el CNI directamente y la Agencia Tributaria a través de su hombre de confianza, Cristóbal Montoro.

Con esa capacidad de acción, creyó que podría cortocircuitar la intentona separatista catalana, y a eso se dedicó con ahínco los meses posteriores a la investidura. Para ello puso en la Delegación de Gobierno a un hombre de su confianza, Enric Millo, y apartó al partido de cualquier escenario de negociación o protagonismo en la política catalana. Y por bambalinas encontró un aliado que le informaba de lo que ocurría dentro del Govern. Y no, no era Junqueras, sino Santiago Vila, el 'conseller' de cultura y ahora de empresa.

Vila era el ‘elegido’ por Sáenz de Santamaría para el 'posprocés', pero esta ha sido su primera derrota, porque ni ha conseguido romper la unidad independentista del Govern de Puigdemont, como era su objetivo, ni tampoco ha logrado que Vila se erigiera como líder del sector moderado del nacionalismo. De hecho, una de las preguntas que cabía hacerse tras la remodelación del Gobierno que llevó a cabo Puigdemont era la de por qué no había caído Vila, y la respuesta, según dicen, parece estar en unas fotos un tanto comprometedoras de las que ni tengo noticia, ni he visto.

Pero el fracaso en su estrategia para Cataluña –evidente desde el momento en el que el choque de trenes parece inevitable– no ha sido lo único que está pasando factura a la vicepresidenta. Mientras se dedicaba a lo que algunos miembros del Gobierno –no afines, claramente– calificaban de “operación de imagen” a la catalana, la vice desatendía una institución fundamental para el Gobierno: el Tribunal Constitucional. Es un hecho que todos los gobiernos han querido tener, si no bajo control, sí al menos lo más a favor posible al Alto Tribunal debido a la numerosa cantidad de leyes y recursos que afectan a su quehacer político.

Mientras se dedicaba a lo que algunos miembros del Gobierno calificaban de “operación de imagen” a la catalana, la vice desatendía el Constitucional

Y aunque orgánicamente el TC dependa de Rafael Catalá, ministro de Justicia, la que llevaba la voz cantante en este tema era la vicepresidenta, de ahí la sorpresa ante algunos de los nombramientos de letrados que se han efectuado por parte de los magistrados del TC. Me explico: recientemente, uno de los magistrados conservadores del TC, el ex teniente fiscal Antonio Narváez, decidió elegir como letrado a un hijo de Tomás de la Quadra, experto constitucionalista pero muy próximo al PSOE. Sin embargo, el caso más llamativo es el del magistrado progresista Cándido Conde Pumpido –ex fiscal general del estado con el PSOE–, que propuso como letrado a Ignacio Sánchez Yllera, que fuera jefe de gabinete de Teresa Fernández de la Vega y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Ante tal propuesta, el exrector universitario y magistrado conservador Antonio González Trevijano fue a ver al actual presidente del TC, Juan José González Rivas, para señalarle la inconveniencia de ese nombramiento, que ya se había intentado en anteriores ocasiones y había sido rechazado por inadecuado. Sánchez Yllera está presuntamente implicado en algún caso de corrupción, el que afecta al presunto intento de soborno del exconsejero de Ordenación del Territorio del cabildo de Lanzarote por parte del empresario Luis Lleo, al que presuntamente asesoraba Sánchez Yllera precisamente para cometer irregularidades fiscales.

Advertido Conde Pumpido por el propio presidente del TC de las objeciones de González Trevijano, llamó a este último y, sin que se conozca el contenido de la conversación, consiguió convencerle para que retirara tales objeciones. ¿Por qué? Todo apunta a que los magistrados conservadores no se sienten identificados con este Gobierno y eso hace que este haya perdido toda relación con ellos, lo que ha llevado a que el grupo de letrados –fundamental para el trabajo del Constitucional– esté más próximo al PSOE. Y ya hay en el Gobierno quien le echa la culpa de esto a Sáenz de Santamaría.