Me lincharán por esto, pero Junqueras debería estar libre

No me ha sorprendido la decisión de los tres jueces del Supremo que han fallado en contra del recurso presentado por Oriol Junqueras y, por lo tanto, han decidido que el exvicepresidente de la Generalitat siga en prisión preventiva. Que no sea una sorpresa, no significa que la comparta. La respeto, por supuesto, y en el fondo comprendo que no era fácil contradecir la decisión del juez Llarena, entre otras cosas porque desde un punto de vista jurídico está muy bien documentada y argumentada y, siempre desde ese punto de vista, no cabe probablemente mucha discrepancia.

Es evidente, además, que los actos llevados a cabo por los responsables de la Generalitat así como los llamados 'Jordis' son, sin duda, constitutivos no de un solo delito, sino de varios. Y de delitos de una enorme gravedad, que deberán ser convenientemente juzgados en su momento por un tribunal competente para ello. Nada de eso es discutible y lo único que cabe esperar en el futuro es que si son condenados haya un gobierno que los indulte. No será este de Rajoy, porque si lo hiciera probablemente cavaría su propia tumba, pero es probable que otro Gobierno se vea en la tesitura de tener que tomar esa decisión.

Presuntos delincuentes con delitos graves son puestos en libertad mientras otros cuyos delitos tienen un componente político son encarcelados

Pero todo eso es un futurible, y hasta que se produzca ese juicio y se les condene, o no, tanto a Junqueras como al resto de sus compañeros en prisión preventiva les asiste el mismo derecho a la presunción de inocencia que nos asiste a todos los españoles. Este es un dato esencial porque en España, en mi opinión, se abusa de manera cuestionable del uso de la prisión preventiva. Y se hace, además, no sin cierto agravio comparativo en el sentido de que presuntos delincuentes con delitos graves son puestos en libertad mientras otros, cuyos delitos tienen un evidente componente político, son enviados a prisión sobre la base, además, de un argumento tan subjetivo como el de que hay riesgo de que vuelvan a incidir en los mismos delitos.

Cuidado, con esto no me sumo en absoluto a quienes los consideran presos políticos, ni mucho menos a quien los cataloga de rehenes al mismo tiempo que brinda con champán francés por la decisión del Supremo. Me refiero a Puigdemont quien, probablemente, es el único que reúne de verdad los requisitos para estar encerrado en prisión preventiva. Pero él sabe que si Junqueras sigue preso tiene pocas posibilidades de quitarle la Presidencia de la Generalitat, y a esa baza es a la que juega el expresidente fugado en Bruselas.

Y es que, aunque los jueces se muevan en el tablero jurídico, lo cual es un síntoma inequívoco de que existe separación de poderes —otra cosa es la independencia judicial, la cual es más cuestionable—, la realidad es que todo lo que está pasando se mueve en el terreno político. Y desde ese punto de vista, mantener a Junqueras en la cárcel no solo es un error, sino además una irresponsabilidad. Con ello no solo se dan nuevos argumentos a los independentistas, sino que además se abona el terreno para nuevos conflictos cuya resolución no dependerá de los jueces, sino de los políticos. Dicho de otro modo, los primeros crean un problema sobre el que luego se lavarán las manos, porque no les compete.

"¡La culpa es de quienes cometieron los delitos!", se me dirá, con toda la razón. Pero no dejan de ser actos políticos. Con consecuencias penales, sin duda, pero actos políticos al fin y al cabo. Y en esa borrosa línea divisoria es en la que los jueces se han movido pero aplicando solo una visión estrictamente jurídica, y es aquí donde me parece que se han equivocado, porque una cosa es la aplicación de una sentencia judicial que se sostiene sobre fundamentos de derecho que incluso pueden ser recurridos, y otra muy distinta la decisión subjetiva de aplicar una prisión preventiva que puede estar fundamentada en argumentos mucho más prosaicos.