Junqueras no es un criminal (ni Forn, ni Sànchez…)

El pasado jueves, el mismo día en el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, visitaba a Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera, un dirigente catalán del PP me reconocía que "mientras Puigdemont está consiguiendo convertirse en una caricatura de sí mismo, por el contrario nosotros estamos consiguiendo que Oriol Junqueras se convierta en una especie de mártir de la causa". Este dirigente catalán del PP era partidario —como lo soy yo, y lo he dicho y lo he escrito— de que el exvicepresidente de la Generalitat —y el resto de los encarcelados también— sea puesto en libertad. Con las medidas cautelares que el juez estime oportunas, pero mantener en prisión a alguien a quien no puede considerarse un criminal, ni siquiera presuntamente, parece excesivo.

La prisión preventiva es una medida cautelar, que no obedece en ningún caso a la consecución de una sentencia, sino que es fruto de la decisión subjetiva, o arbitraria, del juez que lleva a cabo la instrucción del caso. El problema es que, quizás, los jueces en España abusan en demasía de ella y a lo mejor deberían limitarse a aquellos delitos que verdaderamente puedan considerarse fruto de una acción criminal, y no a delitos que, por graves que sean —y en este caso, lo son—, tienen su origen en un posicionamiento ideológico que, para más inri, es constitucional y está legítimamente representado en las instituciones.

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Y esta no deja de ser una curiosa paradoja, porque nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema político aceptan como bueno, como legítimo, que una fuerza política —y, por lo tanto, sus dirigentes, sus militantes y sus votantes—, pueda ser independentista, es decir, promueva la independencia de una región y, sin embargo, castiguen los intentos de llevar a cabo ese objetivo. La respuesta que se da es la de que hay recursos en nuestro ordenamiento jurídico para conseguir ese objetivo sin trasgredir la ley, y de hecho se pone como ejemplo el intento de Juan José Ibarretxe de llevarlo a cabo por la vía legítima. Pero no es cierto. Es imposible alcanzar un objetivo de esas características por ninguna vía, salvo que de pronto el resto de los españoles —incluidos los partidos políticos— nos volvamos locos y accedamos a sus pretensiones por alguna razón que yo, desde luego, no alcanzaría a comprender.

Luego, como todos sabemos que eso no va a ocurrir, lo cierto es que el independentismo vive en esa paradoja según la cual el independentista puede serlo, incluso votar a sus representantes, pero bajo ninguna circunstancia puede tan siquiera intentar conseguir su objetivo. Y esto se ha visto claramente con la aplicación del artículo 155 por un lado, y con la acción de la Justicia, por otro. El Estado está a salvo de aventuras secesionistas luego, ¿qué sentido tiene mantener en prisión a quienes, además —como quedó claro en los audios que el pasado jueves publicaba El Confidencial—, no tienen intención de reincidir en el delito?

Los jueces en España abusan en demasía de la prisión preventiva y a lo mejor deberían limitarse a aquellos delitos fruto de una acción criminal

Y este es, para mí, uno de los asuntos más graves que se citan en los autos del juez Llarena, porque en ellos se pone de manifiesto la absoluta subjetividad con la que se decide el mantenimiento de la prisión preventiva, como si se tratara de criminales, en lugar de políticos que han actuado como lo han hecho en base a unas ideas. No lo digo yo, lo dice el propio juez cuando deniega la libertad de Forn entre otras razones porque sigue siendo independentista y, presupone el juez, apoya una vía unilateral para la independencia… Pero ¿no quedamos en que eso es legítimo? Entonces, que tienen que hacer los encarcelados para demostrar que no van a reincidir, ¿afiliarse al PP, o a Ciudadanos?

Lo que dice el Código Penal es que para mantener una prisión preventiva deben darse tres circunstancias: riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva. Las pruebas ya están todas en manos de la Justicia, la fuga parece poco probable dada la disposición de los encarcelados a colaborar y al hecho de que los que sí han salido de la cárcel no se han fugado —argumento que se puede contraponer al de que Puigdemont sí lo hizo—, y todos ellos han afirmado que no van a reincidir en el delito. Es más, lo que hace el juez no es razonar porqué cree que existe riesgo de reiteración delictiva, sino cuestionarse si existen razones para creer lo contrario. Y, de ese modo, pone a los encarcelados al mismo nivel que cualquier otro criminal lo cual, en sí mismo, ya es una enorme injusticia.