Las prácticas incívicas de la Endesa de Borja Prado

Las prácticas incívicas de la Endesa de Borja Prado

Se ha permitido el descaro de espiar a profesionales y responsables de El Confidencial con el doble propósito de lograr la depuración de directivos de su compañía y el silenciamiento de nuestro periódico

El Confidencial ha venido informando desde el pasado martes del espionaje a que, por orden del presidente de Endesa, Borja Prado, se sometió al anterior consejero delegado de la compañía y a otros directivos mediante la comprobación de sus llamadas telefónicas a través de móviles corporativos. También se sometió a revisión el contenido de sus correos electrónicos, todo ello con la intención de localizar a un supuesto 'topo' que estaría proporcionando información interna de la empresa a medios de comunicación, y más concretamente, al nuestro. Razón por la cual Borja Prado ordenó que se espiasen también teléfonos móviles de periodistas y de la dirección de El Confidencial que, en el ejercicio de su responsabilidad profesional y conforme a las prácticas deontológicas más exigentes, ha ido proporcionando información del máximo interés sobre Endesa y las decisiones y comportamientos de su presidente. Y lo seguirá haciendo.

La conducta de Borja Prado y de las personas que le han secundado, acatando sus decisiones sin oponer siquiera reparos éticos, podría constituir, desde luego, un ilícito civil por intromisión ilegítima en la intimidad de las personas espiadas y, muy probablemente, también otro u otros de carácter penal. En todo caso, es una violación flagrante de la Constitución, que en su artículo 18.3 garantiza “el secreto de las comunicaciones y, especialmente, de las postales, telegráficas y telefónicas”. Sin embargo, tan importantes como las responsabilidades legales en las que haya podido incurrir el presidente de Endesa, y que corresponde valorar a los jueces y tribunales, es el incivismo que su decisión y comportamientos delatan.

Ante informaciones críticas con la gestión de la compañía, Borja Prado, en vez de adoptar las pautas de actuación gestora usuales en la contemporaneidad empresarial -la transparencia, el intercambio de opiniones con sus colaboradores, la confianza en ellos y la rectificación de errores-, ha echado mano de los recursos más anacrónicos, desprestigiados e inmorales: el orwelliano fisgoneo prepotente sobre sus comunicaciones telefónicas y digitales. No solo lo ha hecho con sus subordinados -en un testimonio decimonónico de señoritismo empresarial- sino que, además, se ha permitido el descaro de espiar a profesionales y responsables de El Confidencial, seguramente con el doble propósito de lograr la depuración de directivos de su compañía y el silenciamiento de nuestro periódico. Ignoramos si ha conseguido lo primero, pero aseguramos rotundamente que no ha logrado lo segundo.

Su comportamiento afecta a la reputación de Endesa y podría acabar con un reproche judicial desastroso en términos de imagen y credibilidad para la empresa

Borja Prado es un gestor polémico que ha incurrido en un notorio conflicto de intereses -era presidente de Mediabanca, cargo incompatible con la presidencia de Endesa- y que ofrece una trazabilidad de su gestión al frente de la compañía eléctrica digna de una paupérrima valoración general que, además, ha contribuido negativamente a los intereses de la economía española. Si la matriz de Endesa -la italiana pública Enel- ya tenía razones suficientes para prescindir de Prado, su comportamiento en el espionaje a directivos de su compañía y a este periódico es una circunstancia que le urge a retirarle definitivamente su confianza. Porque su comportamiento afecta gravemente a la reputación de Endesa y podría acabar con un reproche judicial -civil o penal- desastroso en términos de imagen y credibilidad para la empresa.

La libertad de expresión es en la Constitución española una de las más prevalentes, y socavarla con prácticas éticamente tóxicas -y seguramente ilegales en muchos casos-, como ha hecho el presidente de Endesa, nos sitúa ante un escenario inédito en las relaciones entre los medios de comunicación y una de las compañías más importantes en el mercado continuo bursátil español. Por esa razón, lo denunciamos públicamente. Pero no solo eso: nos reservamos -para ejercerlas- las acciones legales que la ley pone al alcance de la sociedad editora de El Confidencial y reiteramos el compromiso de este periódico con la independencia informativa, el rigor, la veracidad de sus contenidos y la solvencia y deontología de sus periodistas, que imponen, entre otros mandatos, el secreto profesional sobre las fuentes, en consonancia con el artículo 20.1 de la Constitución.

Editorial
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