Editorial
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En defensa de una responsable libertad de expresión
El Confidencial, con el máximo respeto a las decisiones judiciales, se afirma y ratifica en su derecho y en su obligación de informar a sus lectores ejerciendo así la libertad de expresión
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha incoado una pieza separada en el caso Villarejo para investigar el contenido de las grabaciones del comisario jubilado con el responsable de Seguridad de Iberdrola, asunto sobre el que ha venido informando El Confidencial. Nuestro periódico ha obtenido de manera lícita y transparente dichas grabaciones y las ha venido publicando con cita expresa de la fuente que se las ha proporcionado.
La publicación de esas informaciones responde al cumplimiento del deber de informar de cualquier medio de comunicación y para satisfacer el derecho de los ciudadanos a conocer hechos relevantes, todo ello al amparo de la libertad de expresión consagrada en el artículo 20.1 de la Constitución española, que prohíbe expresamente la “censura previa” y solo admite el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información si así se dispone “en virtud de una resolución judicial”.
Este jueves, el director de El Confidencial y el subdirector responsable del área de información nacional comparecieron en el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional en calidad de investigados por un presunto delito de desobediencia, al haber continuado publicando contenido de las grabaciones tras ser requeridos por el magistrado-juez García-Castellón mediante un oficio para entregar material informativo y prohibiendo la difusión del mismo.
Sin perjuicio de la defensa letrada del director y del subdirector de El Confidencial en las diligencias penales que se tramitan en la Audiencia Nacional, la dirección de este periódico entiende que todas las informaciones que se han publicado han sido veraces, de indudable relevancia pública —así lo acreditan las consecuencias provocadas por las mismas—, y que su difusión responde única y exclusivamente al legítimo interés —que es también un deber— de ofrecer a los lectores de El Confidencial el mayor acervo noticioso.
La decisión del magistrado-juez García-Castellón plantea, sin embargo, un conflicto de derechos e intereses que, en nuestra opinión, debe resolverse reconociendo la prevalencia de la libertad de prensa, como variante de la de expresión, de acuerdo con la interpretación extensiva a esta libertad nuclear en nuestro sistema democrático que ha aplicado tanto la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo como la doctrina constante del Tribunal Constitucional.
La dirección de El Confidencial desconoce de forma fehaciente cuáles son las razones por las que se ha requisado material informativo, por las que se ha prohibido la publicación de noticias sobre este asunto, si las hubiere, y, en definitiva, por qué se investiga por desobediencia al director y al subdirector del área de nacional del diario. Como ambos declararon este jueves ante el magistrado-juez, y a preguntas del fiscal, dichas informaciones están contrastadas con las mejores prácticas deontológicas y no buscan otro propósito que el de servir a los lectores del periódico, ignorando por completo si con ellas otras instancias o personas han podido incurrir en alguna ilicitud penal o de otra naturaleza.
El Confidencial, con el máximo respeto a las decisiones judiciales, se afirma y ratifica en su derecho y en su obligación de informar a sus lectores ejerciendo así la libertad de expresión, y reclama que cualquier restricción informativa o requisa de material informativo se produzca de manera motivada en derecho y en resolución recurrible y que considere, valore y pondere la extensión y preeminencia del artículo 20.1 de la Constitución, cuyas limitaciones, previstas en su apartado 4º (infracción de otros derechos y específicamente el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia), se han preservado con la mayor diligencia.
La perseverancia en la libertad de expresión —aun en circunstancias adversas o controvertidas— es un objetivo indeclinable de un medio como El Confidencial, cuyos valores y principios consisten en la veracidad de sus informaciones, la pluralidad de sus opiniones y el respeto al derecho de rectificación conforme se establece en su ley reguladora y al conjunto del ordenamiento jurídico. En este marco de referencias cívicas, democráticas y jurídicas, confiamos para continuar desarrollando en plenitud nuestra labor informativa.