El problema de Iberdrola es Sánchez Galán

Iberdrola tiene un problema reputacional con repercusiones negativas para sus intereses que consiste en que su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, ha sido imputado por el titular del juzgado central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por la presunta comisión de tres delitos: cohecho activo, falsedad en documento mercantil —ambos continuados— y contra la intimidad. Tal imputación la ha determinado el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la valoración de los indicios que constan en la instrucción del procedimiento judicial según los cuales, con su autorización, el grupo Iberdrola contrató entre 2004 y 2017 los servicios de la empresa del comisario retirado José Manuel Villarejo para labores de espionaje de sus competidores con el propósito de neutralizar sus legítimos intereses, violando gravemente sus derechos, pagando subrepticiamente a un funcionario policial y alterando la veracidad de facturas.

Los términos de la cuestión resultan, por lo tanto, bien sencillos: en tanto en cuanto el presidente de Iberdrola siga imputado, y eventualmente, una vez concluida la instrucción, sentado en el banquillo, la empresa padecerá una constante erosión de su reputación. Las consecuencias de esta situación son graves para la compañía y muy lesivas para sus accionistas. La propia defensa de Sánchez Galán y de otros directivos, también imputados por iguales presuntos delitos, lo reconocía el pasado mes de diciembre en un escrito dirigido al juez García Castellón, al que hacía responsable de esos "daños económicos y reputacionales" añadiendo que "la historia de la instrucción de los procedimientos penales en España —sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática— muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables".

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Según el criterio de Ignacio Sánchez Galán, todos menos él son los responsables de los reveses que está experimentado su compañía: lo es el propio magistrado-instructor, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares. Y, adicionalmente, este diario al que, por informar de este procedimiento judicial, le ha retirado la publicidad tanto en 2020 como en 2021, y al que ahora demanda por "intromisión ilegítima" en el honor de la empresa. Nos reclama una indemnización de 17,6 millones de euros, que podrían ser más si El Confidencial continúa informando del proceso, que será, exactamente, lo que hará con el mismo rigor con el que ha venido haciéndolo hasta ahora.

Ni el magistrado García Castellón, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni las acusaciones particulares, ni este diario por informar sobre el proceso —al amparo del derecho a la libertad de expresión y prensa previsto en el artículo 20 de la Constitución y declarado prevalente sobre otros tanto por la jurisprudencia de la Sala Primera del Supremo como por la doctrina del Tribunal Constitucional— son responsables de que Iberdrola haya visto frustrada la posible adquisición de un grupo energético estadounidense ni de la caída de la cotización de su acción en bolsa. Tales reveses —que desde estas páginas lamentamos, por afectar a sus accionistas y a la buena marcha de la compañía— son atribuibles a la situación procesal de Ignacio Sánchez Galán, que está protagonizando uno de los episodios empresariales más lamentables de las últimas décadas, no solo por mantenerse en el cargo estando imputado por tres presuntos delitos, sino también por las maneras prepotentes, altivas y desconsideradas con que el gestor de Iberdrola se conduce incluso ante el propio magistrado que instruye el caso y hacia los testigos de cargo, uno de los cuales ha solicitado protección especial ante el acoso al que está siendo sometido.

Es especialmente grave —y tanto los accionistas institucionales como particulares deben tenerlo muy presente— la privatización que de los intereses de Iberdrola viene haciendo su presidente ejecutivo al punto de semejar que la empresa fuera suya, subordinando a su persona los intereses de la propia compañía, lo que debería generar la reacción responsable del consejo de administración y, muy probablemente, de los organismos reguladores, en particular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el ámbito internacional, no se comprende cómo es posible que Ignacio Sánchez Galán continúe al frente de la empresa, que está presente en grandes mercados transnacionales. También resulta incomprensible a asociaciones, organizaciones y organismos nacionales y extranjeros que reúnen a medios de comunicación y periodistas que el presidente de Iberdrola se permita —estando imputado por tres delitos— demandar a El Confidencial por una inventada intromisión en el honor de la compañía que preside con un obvio propósito de intimidación y de manifiesta hostilidad a la más elemental vigencia de la libertad de expresión.

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El peritaje que acompaña a la demanda, arbitrario y que desmiente la solvencia profesional de quienes asumen tal encargo, incluso mediando un claro conflicto de intereses, deberá ser revisado a la inversa en su momento para establecer el importe del daño que Ignacio Sánchez Galán está infligiendo a Iberdrola, que desde estas páginas lamentamos en lo que afecta a sus accionistas, en lo que concierne a una gran empresa española, en lo que supone de la mala gobernanza de la compañía y en lo que afecta a la marca España. Dicho todo lo cual, nuestro compromiso —medien las amenazas que medien y confiando tanto en el amparo constitucional a la libertad de prensa como en la administración de la justicia en un Estado de derecho— es que El Confidencial seguirá informando puntualmente del proceso penal al que está sometido Ignacio Sánchez Galán.

Atribuir a una supuesta "sobreinformación" de El Confidencial acerca de este proceso penal los daños reputacionales y las consecuencias económicas que de ellos se derivan para Iberdrola implica una alta consideración de la influencia de nuestro diario que, sin embargo, no la entendemos como un elogio sino como lo que es: un nuevo intento de intimidación para silenciarnos y regatear una información que, por su relevancia e interés, nuestros lectores tienen derecho a recibir y El Confidencial a proporcionales. Se trata, por lo demás, de un penoso episodio de hostilidad a un medio de comunicación que debiera alertar a todos los demás, porque agrede a su propia razón de ser en un sistema democrático.