Los pactos de la deslealtad

• Manifestación del PP contra la amnistía, en Madrid: última hora de las protestas este domingo 12 de noviembre, en directo
• Horario de la manifestación del 12 de noviembre en Madrid: estas son las calles cortadas
• Manifestación en Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Barcelona y resto de capitales de España de hoy domingo, en directo

Los acuerdos del PSOE con los dos partidos secesionistas catalanes (ERC y Junts), representados en el Congreso de los Diputados con catorce diputados, permitirán a Pedro Sánchez su investidura como presidente del Gobierno en la XV legislatura de la democracia española. Esa, la investidura del secretario general socialista, es el objetivo esencial de esos pactos a los que se han subordinado valores constitucionales y principios democráticos de sustancial importancia para la convivencia de los españoles.

El excipiente de estos acuerdos pretende encubrir su verdadero propósito con la supuesta apertura de un nuevo tiempo en Cataluña que hará remitir el "conflicto", conforme a una narrativa netamente independentista que el socialismo español asume con una docilidad inexplicable. Los firmantes se remontan, eso sí, a los Decretos de Nueva Planta de 1714 sin mencionar siquiera la Constitución de 1978 e invierten la razón histórica más evidente: que en los meses de septiembre y octubre de 2017, las autoridades autonómicas de Cataluña, con las leyes de desconexión y con el referéndum ilegal, perpetraron un golpe que resultó frustrado por su propia inviabilidad y por la aplicación de las medidas de intervención al amparo del artículo 155 de la Carta Magna. A tenor, sin embargo, de los prólogos de los acuerdos, los responsables de aquellos hechos han sido el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP, los Tribunales de justicia y, en último término, la policía, pero en modo algunos los dirigentes condenados por el Tribunal Supremo, también expresamente reprobados por el Tribunal Constitucional.

La amnistía que han arrancado los secesionistas al PSOE y a su socio de coalición —sin necesidad de conocer su motivación ni su articulado, simplemente por concepto— implica la ruptura de los principios constitucionales de igualdad ante la ley (no solo la penal), de seguridad jurídica y de separación de poderes. Además, desautoriza al jefe del Estado, el Rey, que se pronunció en términos inequívocos el 3 de octubre de 2017. Por si fuera poco, si se confirma la incorporación explícita al pacto de la depuración de imaginadas e inciertas prácticas conocidas como lawfare, sugeriría que el PSOE ha aceptado también la versión de que los jueces y tribunales actúan en España por razones políticas, convalidando así las tesis del separatismo más sectario y radical que se jacta de haber doblado el pulso a sus interlocutores socialistas. Y lo ha hecho.

La apertura de un proceso negociador que discutirá la autodeterminación de Cataluña, la cesión de la gestión de toda la fiscalidad a la Generalitat y la verificación por personalidades extranjeras de los compromisos que se asuman, son otras tantas cesiones del PSOE que impactan sobre principios constitucionales vertebrales en nuestro sistema político, con evidente fraude constitucional y atentando contra los criterios más elementales que definen la ciudadanía en igualdad y libertad de todos los españoles. Si a esas contrapartidas se añaden otras como la condonación de deuda estatal —por un importe de 15.000 millones— y la transferencia precipitada y técnicamente improvisada de los ferrocarriles de cercanías, se llega a la lamentable conclusión de que Pedro Sánchez y el PSOE no han puesto límite alguno al precio abusivo que le han exigido —y conseguido— los partidos secesionistas catalanes.

No hay traza alguna de que los partidos de Puigdemont y Junqueras hayan formulado, siquiera de forma implícita, una rectificación

No hay traza alguna de que los partidos de Puigdemont y Junqueras hayan formulado, siquiera de forma implícita, una rectificación de sus anteriores decisiones ilegales, ni consta renuncia a proscribir la unilateralidad en el futuro inmediato, por más que desde la Moncloa y Ferraz se trate de rebajar el calibre insensato de las cesiones consumadas en los dos acuerdos del 2 y 9 de noviembre y a pesar de las versiones consoladoras que atribuyen a estos acuerdos la virtud de hacer regresar al redil autonómico y constitucional a los antes insurgentes, suponiendo que es la amnistía la única cesión cierta que obtienen, siendo enorme esa decisión hasta el punto deslegitimar al Estado. Otra cosa es que, como consecuencia de una estratagema táctica, la medida de gracia se haya dado por descontada y ahora no se valore en toda su dimensión política y jurídica.

A estos acuerdos se suma el suscrito con el PNV que, en línea con ERC y Junts, plantea el reconocimiento nacional de Euskadi, un referéndum allí que lo respalde y el compromiso de transferencias especialmente delicadas, como la gestión de la Seguridad Social (¿se mantendrá la caja única?), los ferrocarriles, la ampliación —hasta en los puertos de interés general— de las facultades exclusivas de la Ertzaintza en detrimento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mayores atribuciones fiscales que sobredimensionarán el Concierto Económico. Los nacionalistas vascos, además, imponen entre sus condiciones la modificación textual de preceptos del Estatuto de los Trabajadores y, entre otras, de la Ley de Bases de Régimen Local y la inclusión de cláusulas textuales en la futura ley de Presupuestos Generales del Estado. Antes, EH Bildu se adelantó a proporcionar el apoyo —sin que se conozca en qué condiciones— a la investidura de Pedro Sánchez.

El PSOE y su secretario general han debilitado la vigencia de los principios constitucionales en los que se basó el pacto de la Transición

Todas estas concesiones, ya consumadas o que se negociarán con escaso margen socialista, conducen a la reformulación del modelo territorial establecido en la Constitución, sustituyendo el autonómico por otro de índole confederal en el que el Estado mantendrá relaciones bilaterales con Cataluña y País Vasco. Por esa razón, los tres pactos prevén comisiones y mesas de relación igualitaria entre el Gobierno central y los de ambas comunidades, al margen del sistema común de interlocución entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y por esa razón también, ERC, Junts y el PNV han reclamado que las instituciones vascas y catalanes tengan una presencia internacional competitiva con la del Estado.

El PSOE y su secretario general han debilitado de forma inquietante la vigencia de los principios constitucionales en los que se basó el pacto de la Transición, bien sea por infracción directa de los preceptos de la Carta Magna, bien sea por la deslealtad a su espíritu. Estos acuerdos para asegurar la investidura de Pedro Sánchez son el resultado de la debilidad de su formación y de su afán desmesurado de revalidar la presidencia del Gobierno y desmienten sus compromisos anteriores a las elecciones del 23 de julio. Los partidos que han suscrito esos pactos los han convertido en contratos de adhesión leoninos aprovechando la relatividad ética del líder de los socialistas, la rectificación de sus propias palabras y garantías y el vaciamiento orgánico del PSOE, incapaz de un debate auténtico sobre las consecuencias de la zancada destituyente que ha protagonizado su líder.

La sociedad española ha entrado en una profunda convulsión que, además, causa enfrentamiento e incertidumbre

Como han advertido los dirigentes de las formaciones independentistas y nacionalistas, el cumplimiento de los acuerdos suscritos, los logros alcanzados y los que esperan obtener en los procesos de negociación que se abrirán tras la investidura de Pedro Sánchez, condicionarán la continuidad de la legislatura, que dependerá del voto de sus diputados y solo de ellos. La situación constitucional y política se ha ido conformando como han prescrito ERC, Junts, EH Bildu y el PNV. Se ha generalizado la consternación ante la huida hacia delante de Pedro Sánchez y del PSOE y es una circunstancia comprobable que la sociedad española ha entrado en una profunda convulsión que, además, causa enfrentamiento e incertidumbre entre los ciudadanos. Las trasferencias económicas aumentarán las sospechas entre comunidades y agravarán la sensación de desigualdad entre españoles. Se vislumbra una legislatura necesariamente abrupta y con premoniciones de autoritarismo e imposición.

Aunque resulte un brindis al sol, y como han requerido instituciones y colectivos profesionales, el secretario general del PSOE queda emplazado a calcular con criterio cívico hasta dónde está dispuesto a llegar en la deriva del sistema constitucional. Porque a las consecuencias destituyentes que provoca su investidura ha de imponerse una serena y democrática afirmación constitucional. Estamos ante un dilema: si los secesionistas consiguen sus objetivos, se quiebra definitivamente la Constitución; y si no lo consiguen, naufraga la legislatura.