Las traiciones de Pedro Sánchez, 7 años después

Dijo Pedro Sánchez en el discurso que pronunció en la primera de las sesiones de debate de la moción de censura a Mariano Rajoy en mayo de 2018: "La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado". Después, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, reiteró la idea sobre la intolerabilidad de la corrupción política.

Hace siete años, el 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez, a lomos de la denuncia de la corrupción, se hizo con la presidencia del Gobierno. La moción de censura tuvo éxito. Fue la primera vez en la historia de la democracia que prosperaba este mecanismo parlamentario contemplado en el artículo 113 de la Constitución como procedimiento para exigir responsabilidades políticas y ofrecer -de ahí su carácter constructivo- una alternativa de gobierno.

Desde aquellas fechas hasta el presente, el presidente del Gobierno se ha estado traicionando a sí mismo. Cualquier candidato que intentase otra moción de censura contra el secretario general socialista podría releer su discurso de hace siete años y parecería escrito sobre el guion de la actualidad nacional. Su texto íntegro está colgado de la web oficial del partido para consulta de quien desee recordar a lo que se comprometió Sánchez y contrastar esas promesas con la forma en que ahora se conduce. La contradicción no puede ser más radical.

Esto es así, singularmente, desde febrero de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García Izaguirre, mano derecha del exministro de Transportes y actual diputado del PSOE, José Luis Ábalos, por una presunta trama de comisiones, y El Confidencial reveló, con pruebas documentales, los vínculos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con otro de los empresarios investigados, Víctor de Aldama, y con el consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo.

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A partir de ese momento, nuevas informaciones sacadas a la luz por este diario y otros medios de comunicación han revelado la existencia de una red cada vez más extensa que afecta a familiares, cargos públicos y entornos del propio presidente. La Justicia investiga ya por presuntos delitos de corrupción a una treintena de personas vinculadas al Gobierno y al PSOE.

Frente a estas informaciones, en lugar de ofrecer explicaciones, asumir responsabilidades o favorecer el esclarecimiento de los hechos, el presidente del Gobierno ha intensificado una deriva autoritaria de corte defensivo en un intento por desacreditar y neutralizar a quienes han destapado estas tramas. A la negación ha seguido la confrontación. A la crítica, el fango. A la verdad, el relato alternativo.

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Las revelaciones de El Confidencial sobre la unidad de desinformación articulada desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, suponen un elemento definitivo y definitorio de esta atmósfera de descomposición. Una unidad informal, pero funcional con un triple objetivo: desacreditar a los medios críticos con el Gobierno, escarbar en busca de “trapos sucios” contra los investigadores de la UCO y señalar públicamente a jueces y fiscales implicados en causas de corrupción que afectan al Ejecutivo.

Esta traición a los compromisos formulados en su día por Pedro Sánchez se repite respecto a la lealtad que debe a la historia y trayectoria del Partido Socialista Obrero Español que, después de que su organicidad y vitalidad hayan sido desactivadas por su secretario general, asemeja a un aparato inerte para reaccionar ante las gravísimas evidencias de corrupción, ética y material, instaladas en su organización. El caso de José Luis Ábalos sería, en este orden de cosas, el más paradigmático de cuantos acontecen, pero no el único.

Las denuncias de operaciones subrepticias que afectan a la integridad de la médula del Estado de Derecho están recibiendo el desdén, aparentemente prepotente, de quienes deberían dar la cara por la defensa de las libertades de los ciudadanos. El presidente del Gobierno y su gabinete guardan silencio, rehúyen las preguntas y persisten en una estrategia de obstrucción informativa, opacidad institucional y ataque sistemático a los contrapoderes.

En este contexto de traición al sistema, Pedro Sánchez es el responsable de una degradación extraordinaria del orden constitucional

Frente a todo ello, El Confidencial ha ejercido, y seguirá ejerciendo, su función esencial como garante de la libertad de prensa y del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Somos conscientes del coste de enfrentarse al poder cuando este desprecia las reglas, pero también de nuestra responsabilidad en momentos como el presente, donde el oscurantismo y la manipulación amenazan con erosionar los pilares de la democracia representativa.

El atrincheramiento de los portavoces del Gobierno y del partido y la negativa sobre los indicios delictivos que investigan los jueces y denuncian los medios, convierten a la Moncloa y a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en dos bastiones de resistencia impermeables a la estricta necesidad democrática de ofrecer explicaciones plausibles y de depurar responsabilidades, tal y como el propio Sánchez exigía en su discurso parlamentario de mayo de 2018.

La mayoría de los casos que esgrimió el secretario general socialista en su intervención en la censura a Rajoy de hace siete años fueron desvelados como notitia críminis por los medios de comunicación críticos que ahora son insultados, menospreciados y represaliados bajo el paraguas de un ‘plan de acción por la democracia’ que, en realidad, no es otra cosa que una batería de medidas para romper también el modelo de la justicia penal en nuestro país y alterar sectariamente el acceso a la judicatura y al ministerio fiscal, que deben regirse de conformidad a los principios de mérito y capacidad. La fiscalía se encuentra intervenida por el Ejecutivo a través de la docilidad indigna del fiscal general del Estado, imputado por un delito de revelación de secretos y que, muy posiblemente, se sentará pronto en el banquillo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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Este Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha ido desplazando las líneas rojas que un partido democrático que sostiene a un Ejecutivo igualmente democrático no traspasaría en ninguno de los sistemas constitucionales de nuestro entorno. La de la corrupción, por supuesto. Pero tampoco podría tolerarse la traición, otra más, a las promesas electorales que el PSOE ofreció a sus votantes en julio de 2023 y que quedaron violentadas en los pactos desleales con los secesionistas vascos y catalanes. De la garantía de que no habría amnistía se pasó a su aprobación mediante proposición de ley y por vía de urgencia, siendo este atentado a la seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la ley y la separación de poderes, el más serio, pero no el único a la Constitución a la que tan enfáticamente se adhirió Sánchez en el ya mencionado discurso de hace siete años en el Congreso.

Otras dos decisiones de Pedro Sánchez se suman a las anteriores en su desafío a la Constitución. La primera, gobernar sin el poder legislativo. Lo está haciendo a ciencia y a conciencia, sorteando in extremis las situaciones más perentorias mediante decretos leyes que restringen el debate parlamentario a una mera convalidación transaccional con sus socios. La segunda es la gobernación sin presentación en el Congreso, tanto el año pasado como este, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en flagrante violación del artículo 134 de la Constitución.

El Confidencial ha ejercido su función esencial como garante de la libertad de prensa y del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad

En este contexto de traición al sistema, a sus compromisos electorales, al respeto a los contrapoderes institucionales y sociales -entre ellos, los medios de comunicación-, Pedro Sánchez es el responsable de una degradación extraordinaria del orden constitucional y del debilitamiento de los derechos y libertades públicas, entre ellas de las de expresión y prensa.

Dijo Sánchez en su discurso en la moción de censura en 2018, en referencia a la Constitución: “Quiero comenzar mi intervención, señorías, reivindicando la vigencia de la Constitución que los españoles nos dimos, hace cuarenta años, en 1978. Revindicar su fuerza moral que descansa en un texto que nació del consenso entre distintas fuerzas políticas que teníamos opiniones y visiones de nuestra sociedad muy diversas, y que ha ofrecido esa Constitución a nuestro país el mayor periodo de estabilidad política de su historia, y que supone la clave de bóveda de nuestra democracia”. Todo eso a lo que apelaba hace siete años, es a lo que está traicionando.

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