Ratas, cucarachas y polillas toman el Parlamento de Canarias

Bichos, malos bichos... y no hablamos de sus distinguidas señorías. La sede del parlamento de Canarias, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, tiene unos ocupantes –los diputados– que cambian cada cuatro años. Pero no son los únicos. También cuenta con otros inquilinos pertenecientes a familias biológicas de ésas que como los xilófagos y los roedores, hacen las delicias de las empresas de control de plagas. La situación no es para tomársela a broma: la Mesa del Legislativo autonómico ha tenido que aprobar hace unos días un plan de emergencia para tratar de evitar que el techo del edificio se venga abajo con los próceres en su interior.

 

La pasada primavera un informe elevado a la Mesa advertía del riesgo que corre el inmueble, que data de 1833 y que antes de convertirse en sede institucional había sido teatro musical y conservatorio. El edificio está considerado, además, Bien de Interés Cultural (BIC). En el documento, los técnicos no se andaban por las ramas: ratas, cucarachas, polillas y termitas pastan a sus anchas por el techo de la sala de plenos, por la pared que está detrás de la Mesa y por el dosel que la cubre.

Durante este tiempo, en los plenos se han llegado a vivir escenas dignas de un Oscar a la mejor comedia: el periódico La Provincia/Diario de Las Palmas contaba hace meses cómo la diputada popular Cristina Tavío, que presidía la sesión, daba un respingo saltando desde su silla a la vez que lanzaba un grito porque, según explicó sobre la marcha el parlamentario socialista Juan Carlos Alemán, una cucaracha se le había puesto a caminar por la cabeza. “Espero que sea la única cucaracha de la sala”, exclamó la diputada. Que se sepa, nadie se dio por aludido.

Insectos y pequeños mamíferos no son el único problema que ha tenido el legislativo autonómico con el inmueble: hace cuatro años el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional (y por tanto, nula) la ley que el propio Parlamento elaboró para expropiar tres edificios y ampliar la sede.

El asunto de los diputados okupa se solucionó por la vía pecuniaria: hasta 14 millones de euros tuvieron que ser desembolsados para calmar las reivindicaciones de los propietarios de los edificios. Una vez solucionado este guirigay, el problema para el Parlamento era que en una comunidad en la que el paro ha aumentado el 43% durante el último año y en la que una de cada cuatro personas no tiene empleo, destinar una parte del presupuesto a arreglar la oficina de los diputados parecía algo impúdico. Finalmente a la Cámara se le han quitado las vergüenzas y tiene un mes para contratar sin concurso público de por medio a una empresa que solucione los problemas estructurales del edificio. Los plenos sin cucarachas en el pelo serán menos divertidos, pero más higiénicos y seguros.