Marbella Gangster y la extraña criba de administradores judiciales en el ‘Caso Roca’

Oliver Stone declinó hace unos años rodar el film American Gangster. Ahora se replantea la idea de dirigir un thriller de esas características bajo el título Marbella Gangster, un proyecto que presagia buena taquilla. El éxito está asegurado. Si hace unos meses eran las tramas policiales corruptas las que salían a la luz en el sumario del Caso Malaya, ahora son los administradores judiciales los que cobran protagonismo por su presunta implicación en la desviación de líquido del principal implicado del proceso, Juan Antonio Roca, a sus cuentas particulares.

 

Tres titanes de la Justicia y un mismo destino. El conflicto lo personifican en estos momentos Teresa Navarro y Juan Macías, los dos administradores judiciales que dispuso el juez Óscar Pérez para que se encargaran de administrar judicialmente los bienes del ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca.

En el argot popular se diría que en este gremio están “a degüello”, acusándose unos a otros de “sacar tajada de los inmensos bienes de Roca”. La que no las tiene todas consigo es la economista sevillana Teresa Navarro, que administró varias sociedades del cerebro de Malaya del 2008 al 2009 y envió, presuntamente, a sus cuentas particulares un total de 158.839 euros que pertenecían a las empresas de Roca. Todo ello según denuncia el otro protagonista de la historia, Juan Macías, actual administrador de las sociedades.

Teresa Navarro no se esconde de nada ni de nadie. La ex administradora de Roca ha hablado con El Confidencial, cuando ha rechazado a hacerlo con otros medios, y manifiesta que se ha enterado por la prensa de “todo este embrollo”. El juez Pérez ha enviado toda la documentación a los juzgados de Carmona al observar una posible "infracción penal". El caso se encuentra ahora en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta ciudad.

Las cosas, sin embargo, no parece que vayan a quedar así ya que Teresa Navarro amenaza con sacar “toda la artillería a través de sus abogados para que se sepan atrocidades que se han cometido dentro de las instancias judiciales”. Entre ellas, y esto no lo dice Navarro, que Juan Antonio Roca dirige a jueces, policías y políticos desde la cárcel y cuando alguien no le sirve firma el edicto de “fuera”.

La administradora precisa no haberse llevado ni una peseta de Roca. Dice que aún está reclamando los honorarios al juzgado, ya que ella no ha cobrado absolutamente nada mientras que el que sí cobra periódicamente desde su nombramiento es Juan Macías, el actual administrador. De todo lo que la acusan, ella se defiende argumentando que las transferencias y reintegros obedecen "a gastos imprescindibles del desarrollo de la administración". Y acusa a su ‘delator’ Macías de "una absoluta indiferencia" por los gastos en que ella incurrió durante el tiempo que administró los bienes y de cuyo reintegro debería encargarse él.

La economista administró un bloque de empresas de Roca desde febrero de 2008 hasta abril de 2009. El resto eran gestionadas por Macías, que se hizo cargo de todo el entramado societario tras el cese de Navarro en abril de 2009. Teresa asegura a El Confidencial que fue él quien denunció “este presunto desvío de fondos” y quien filtró a la prensa todo lo que está saliendo ahora.

Vinculaciones sospechosas

La historia viene de tiempo. Macías y ella sustituyeron en 2008 al primer administrador judicial en el Caso Malaya, José Luis Gallardo, designado en 2006 por Miguel Ángel Torres. Sobre su cese adujeron oficialmente “motivos personales”, pero el mismo Gallardo se encargó hace poco de desmentir estas razones sobre su marcha. Tras su salida, Aníbal Álvarez, defensor de Roca, cifró en 24 millones de euros los perjuicios económicos derivados de la «mala gestión» de Gallardo sobre los bienes propiedad de su cliente. Esta argumentación del letrado, considerando que Gallardo causó un daño económico «irreparable» al patrimonio del ex asesor urbanístico, pesó para su marcha.

Al igual que Teresa Navarro, Gallardo asegura que no ha cobrado el salario que le corresponde por su trabajo en los Juzgados de Marbella y reclama al Juzgado de Instrucción número 5 una cuantía de más de 1,4 millones de euros para cubrir sus honorarios. El juez instructor, Óscar Pérez, rechazó la propuesta y fijó en más de 375.000 euros el dinero a percibir por Gallardo. La decisión ha sido recurrida por el ex administrador.

Desde el entorno de los administradores destituidos se pide que se investigue todo lo que está sucediendo. Pero que, sobre todo, se haga hincapié en la relación que hay entre el administrador Juan Macias y el juez Oscar Pérez. El despacho para el que trabaja el administrador lleva  temas de la separación del juez con su mujer y uno de los secretarios del magistrado trabaja en el despacho de este administrador. La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino que también debe parecerlo.