El bufete Díaz-Bastien no tiene dinero para pagar la fianza del ‘Caso Goldfinger’

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, sólo se sienta un par de días por semana en su sillón del Juzgado número 1 de Marbella. Su última providencia ha sido una fianza de más de 60 millones de euros por responsabilidad civil a los principales imputados en el ‘Caso Goldfinger’, entre ellos, el actor escocés Sean Connery.

Don Ricardo ya no quiere saber más del tema, pues está atando los últimos cabos para ocupar definitivamente su plaza en el juzgado de Málaga. De hecho, ya frecuenta con asiduidad la ciudad costasoleña mientras otro instructor se prepara para terminar con las actuaciones del caso, uno de los procesos más mediáticos del año debido a la imputación del actor escocés.

Los 60 millones de euros fijados en la providencia deberán ser abonados esta semana. La mayoría de los imputados, entre los que se encuentran la mujer del actor británico, Micheline Roquebrune, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, y los defensores legales del intrépido James Bond, es decir, el equipo de abogados Díaz-Bastien & Truan, aducen que no tienen solvencia para abonar dicha cantidad. El juez, adelantándose a sus quejas, ha contemplado esa opción y ha ordenado el embargo de sus propiedades si no se hace efectiva.

Es por ello por lo que el famoso equipo de letrados Díaz-Bastien está a punto de echar el cierre a sus despachos. Según han dicho a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación, otro de los negocios que podría quedarse fuera de juego sería la Gestoría Quijada, ubicada a Málaga, que tendría que hacerse cargo de la fianza por la responsabilidad civil subsidiaria en los negocios de los imputados. Es el principio del fin dicen algunos.

Los Díaz-Bastien & Truan fue fundada en 1978 en Madrid y en la actualidad cuentan con un tándem de abogados-economistas repartidos en oficinas entre Madrid, Marbella y Londres. El despacho concentra su actividad en diversas áreas, entre las que destaca su Grupo de Tributario y el de Reestructuración e Insolvencia de Empresas. También se hizo relevante en derecho procesal civil, tanto nacional como internacional. Dentro del derecho penal, la firma se encuentra especializada en extradición y delitos económicos.

El pelotazo de Malibú

Héctor Díaz-Bastien firmó en nombre de la sociedad Malibú SA, propietaria de los terrenos en los que se asentaba la vivienda del actor Sean Connery, un convenio con el Consistorio marbellí por el que éste le vendía un exceso de edificabilidad que ahora se investiga. El juez va a por todas y, en caso de que esta semana no se hagan efectivas las fianzas, ha instado  a la Agencia Tributaria y a la Policía Judicial a que investigue si los acusados han ocultado su patrimonio. El auto recoge además que los imputados deben responder de forma conjunta y solidaria a la fianza teniendo en cuenta las operaciones urbanísticas que tuvieron su inicio en la finca que el actor escocés poseía en Marbella.

A pesar de haberse decretado el secreto de sumario, las investigaciones que sigue ahora el juzgado se centran en unas comisiones rogatorias en Panamá, Costa Rica, Uruguay y Holanda, donde podría haberse ocultado parte del capital. Del resultado de la comunicación entre los Tribunales de Justicia de estos países se derivarán responsabilidades.

El juzgado número 1 de Marbella sigue investigando el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Marbella, siendo alcalde Julián Muñoz, y la sociedad Malibú SA, al igual que otro convenio con otra empresa sobre una parcela colindante, así como las licencias concedidas en la parcela donde el actor tenía su chalé y donde se construyeron 72 apartamentos. La Agencia Tributaria cifra en 53 millones el beneficio de la explotación de la promoción Malibú a través de una operación inmobiliaria, según un informe que consta en las actuaciones.

Además, se argumenta que parte de los beneficios son transferidos finalmente al exterior, en su mayor parte al Reino Unido y a Uruguay, ascendiendo el total a más de 37 millones de euros. Cuando el juez Ricardo Puyol le preguntó a Díaz Bastien quién estaba detrás del tema de Uruguay, el letrado le dijo textualmente: “No pienso decírselo” y se acogió al  secreto profesional. Ahora el juez no le perdona “tamaña chulería” y le obliga a pagar una fianza millonaria. Según ellos, “no son solventes para hacerse cargo”, lo que podría suponer el adiós a su bufete.