El caso del policía 81.067, defensor de Garzón en la Gürtel y bestia negra del PP

En el mes de septiembre de 2011, el juez instructor Antonio Pedreira decretaba el archivo de la causa que se había abierto contra el extesorero de PP, Luis Bárcenas, y el diputado nacional Jesús Merino en base a unas pesquisas abiertas por la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) dentro del llamado ‘caso Gürtel’.

Pues bien, frente a la decisión del juez Pedreira que no ve punible ni las actuaciones de Bárcenas ni de Merino, un grupo de policías afines al anterior ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (APR), están insistiendo ante jueces y fiscales para que el juez pertinente ahora de la Audiencia Nacional, donde se trasladó la causa, deje sin efectos los dos autos de Pedreira confirmando la no existencia de delito en estos dos supuestos.

Incluso el instructor fue durísimo con los policías y fiscales en el caso de mérito afirmando que había habido un intento claro de desprestigiar a alguno de los dirigentes del PP.

Según las fuentes, uno de estos policías afines a APR es el número 81.067 que corresponde al nombre de Manuel Morocho, junto con Olivera, el responsable del sistema SITEL (escuchas ilegales que fueron denunciadas por la oposición en la anterior legislatura, cuando Rubalcaba dijo en el Congreso de los Diputados a Esteban González Pons y a Carlos Floriano, “veo lo que hacéis y oigo lo que decís”), miembros todos de la Policía Judicial del famoso Juan Antonio González (JAG), integrantes del “Grupo 21” y conocidos como “patas negras” de Rubalcaba. Todos ellos, por cierto, condecorados por el asunto de la Gürtel.

Según medios de la propia policía, Morocho habría sido el principal autor de estos informes de la UDEF. Estos dosieres, que incorporan el curioso sistema del “corta y pega” de escaso valor jurídico, han sido rechazados en varias ocasiones por el juez, pero buscan crear alarma mediática y presionar a los jueces. Nada nuevo bajo el sol.

Lo que sorprende en medios del PP es que las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, especialmente de la Policía, no hayan puesto en su sitio a estos “patas negras” que se permiten, incluso, presionar a los jueces.

Morocho y Olivera fueron los principales testigos policiales aportados por el juez Garzón en su causa por las ‘escuchas de Gürtel’, por las que ha sido condenado y expulsado de la carrera judicial al entender en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que violó el derecho de defensa “a sabiendas” y cometió el delito más grave que un juez pueda cometer en el ejercicio de su función: prevaricación. Allí les oímos defender la legalidad de las escuchas de Garzón, pero, eso sí, con poca seguridad y mucho tartamudeo.

Por cierto, el nuevo fiscal General del Estado se ha encontrado también con otra patata caliente en este mismo caso con las fiscales que lo llevan: Miriam Segura y Concepción Sabadell. Ambas situadas a dedo por Mariano Fernández Bermejo para este fin, de quien son a lo que se ve alumnas aventajadas y a las que se ha acusado por varios abogados defensores en el ‘caso Gürtel’ de un sectarismo político contra el PP impropio de sus funciones.