Nuevo trato privilegiado para Villar: el juez decano de Majadahonda le mete por el garaje
Es la segunda vez que el máximo responsable de los magistrados de la localidad le permite acceder al edificio por la puerta de atrás, algo que tiene prohibido cualquier ciudadano
El presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Ángel María Villar, sigue siendo tratado como un privilegiado en los juzgados de instrucción de Majadahonda. Tras disfrutar de escolta y garaje privado cuando acudió a declarar al Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad madrileña el pasado octubre, en el marco del caso que investiga el retraso de las elecciones federativas, el máximo mandatario del fútbol español ha vuelto a recibir un trato diferente al que tienen el resto de ciudadanos que pasan por sede judicial, aunque esta vez cuando iba al mismo edificio por otro asunto.
Ayer, cuando Villar acudió a declarar al Juzgado de Instrucción número 5 de Majadahonda —situado en el mismo edificio que el 1—, que investiga las supuestas subvenciones ilegales de la FEF al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife, volvió a ser objeto de las prebendas del juez decano del municipio, la mayor autoridad de los juzgados de Majadahonda. Una orden de este último permitió que el presidente del fútbol español eludiera las cámaras que se encontraban apostadas a la entrada del edificio y pudiera entrar al juzgado a través del garaje.
Cualquier ciudadano entra al edificio por la puerta principal y se somete al control de los guardias de seguridad. Sin embargo, Villar lo hizo a través del garaje, gracias a que un funcionario le abrió la puerta del mismo y le permitió subir directamente a la puerta del juzgado que le iba a tomar declaración. Eludió, por lo tanto, el control de seguridad, lo que no pocos funcionarios presenciaron asombrados.
Villar está acusado de ayudar económicamente al Recre y al Marino en el marco del procedimiento que dirige el Juzgado número 5 tras la denuncia de Miguel Ángel Galán, también candidato a presidir el fútbol español. Las subvenciones fueron consideradas improcedentes por el Consejo Superior de Deportes, que acusó a la FEF de dar una ventaja competitiva a ambos clubes, aunque el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las permitió, al entender que la federación tenía derecho a hacerlo.
La Fiscalía Anticorrupción se hizo cargo de esta investigación el pasado diciembre, tras remitir un escrito al Juzgado número 5 en el que comunicaba que "asume la competencia" porque ya estaba indagando el asunto desde 2015, antes incluso de que Galán interpusiera la querella que dio origen a las diligencias.