El caso del funcionario/ordenanza que vende embutidos desde el Palacio de Cibeles

Hace ya más de 14 meses que el ordenanza destinado a la alcaldía de Madrid, José Sánchez Dávila, fue denunciado ante la jefa del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Ana Paula Sanz Villa, por comercializar embutidos entre los funcionarios y trabajadores municipales, no solo en el propio recinto del Palacio de Cibeles sino también en otras áreas y concejalías del consistorio capitalino.

Según la denuncia, interpuesta en su día (21 de diciembre de 2015) por Alejandra Acosta González, jefa de la Unidad Técnica de Estudios y Comunicación, el citado ordenanza atendía a los encargos que le realizaban los trabajadores y funcionarios —chorizos, jamones y todo tipo de productos cárnicos— desde los teléfonos del Gabinete de Prensa, en cuya puerta ubicaba decenas de bolsas con los productos que vendía. "Y ello —continúa la denuncia—, a pesar de que se le había indicado que dejara de hacer ese negocio... Su falta de responsabilidad es tal que incluso ha venido al ayuntamiento en sus días libres para atender el negocio ilegal... Este hecho es ampliamente conocido por todos los trabajadores del Gabinete de Prensa".

Según la denuncia, esta práctica comercial vulnera la Ordenanza Municipal, la Ley de Salud Pública y supone un fraude a la Hacienda Pública. "A lo que habría que añadir que el ordenanza Sánchez Dávila ha estado utilizando los medios del Gabinete de Prensa para gestionar asuntos particulares de distinta índole de forma sistemática y a la vista de todos".

Al parecer, el funcionario continúa con sus prácticas, ajeno por completo a las denuncias.

Debe tener muy buenas agarraderas, porque amenazó a la denunciante, Acosta González, con darle "una hostia” si continuaba con su política de denuncias ante lo ella que considera hechos irregulares y la utilización de medios públicos para negocios particulares.