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Podemos plantea una propuesta de ley contra la corrupción que ya existe
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Podemos plantea una propuesta de ley contra la corrupción que ya existe

La formación anunció una propuesta, supuestamente novedosa, para que las empresas que participan en tramas de corrupción política no puedan contratar con la Administración pública

Foto: El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, este lunes durante una rueda de prensa. (EFE)
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, este lunes durante una rueda de prensa. (EFE)

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece la prohibición de las empresas que hayan incurrido en financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias o cohecho, entre otros supuestos, a realizar contratos con la Administración pública. Una prohibición que, sin embargo, para Podemos no debe estar en el ordenamiento jurídico a tenor de su última propuesta contra la corrupción, que básicamente se centra en lo que ya recoge la ley.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, anunciaba este lunes que la formación pondrá sobre la mesa "medidas de verdad" para luchar contra la corrupción, entre las que destacó una propuesta, supuestamente novedosa, para que las empresas que participan en tramas de corrupción política se penalicen y no puedan contratar con la Administración pública. Propuesta que, según recalcó, se planteó en un encuentro con militantes el pasado fin de semana en Valencia y que, añadió, podría llevarse al Congreso en forma de propuesta de ley.

Coincidiendo con el juicio por el caso Gürtel, en el que varios empresarios han confesado que financiaron ilegalmente al PP, la formación ha pedido al Consell que se inspeccione si alguna de esas empresas tiene contratos en vigor con la Administración pública o quiere acceder a alguno. Una petición que la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha contestado llamando a que se "deje trabajar a la Justicia con tranquilidad" y esperar el resultado del procedimiento para "analizar los términos de la sentencia y las limitaciones que pone a estas personas y las empresas que representan". Y es que, como concluyó Oltra, "si no hay limitación legal, no podemos limitar nosotros algo que no ha limitado la legalidad porque eso también iría contra la ley".

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece la prohibición de las empresas que hayan incurrido en financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias o cohecho, entre otros supuestos, a realizar contratos con la Administración pública. Una prohibición que, sin embargo, para Podemos no debe estar en el ordenamiento jurídico a tenor de su última propuesta contra la corrupción, que básicamente se centra en lo que ya recoge la ley.

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