Las pensiones de los funcionarios de la Generalitat, en Recoletos 27 (Madrid)

Los funcionarios de la Generalitat de Cataluña están bajo la tutela del Ejecutivo central desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución y cuando se forme un nuevo gobierno volverán a su estricta dependencia autonómica a todos los efectos menos uno: el plan de pensiones. Vidacaixa, la entidad gestora de los planes de pensión de 211.000 funcionarios de la administración catalana, tiene su sede en el número 27 del Paseo de Recoletos, en Madrid, desde octubre pasado. Allí se trasladó desde Barcelona dos días después de que la 'casa madre', Caixabank, se trasladara a Valencia y la fundación de la misma entidad a Palma de Mallorca.

La diáspora del conglomerado bancario, de seguros y pensiones catalán después de la intentona secesionista del 1 de octubre afectó a la entidad que gestiona la estabilidad económica futura de los trabajadores públicos de la autonomía catalana.

Estaba entre los mejores planes de pensiones y era el segundo en número de partícipes a nivel nacional, por detrás del de la Administración central

La Comisión Promotora del Plan de Pensiones de empleo de promoción conjunta en el ámbito de la Generalitat catalana seleccionó la oferta conjunta de Vidacaixa y La Caixa, como entidades gestora y depositaria, respectivamente, del citado plan para los funcionarios autonómicos en diciembre de 2005. Lo hizo con gran provecho para sus depositarios, en un número de 150.000 por entonces, que hasta el pasado año de apoteosis del proceso separatista obtuvo una rentabilidad superior a la media.

Con más de la mitad de su dinero en activos españoles, incluios bonos catalanes, el plan de los empleados autonómicos obtuvo hasta el ejercicio de 2017 (el año del golpe) una ganancia del 6,19 por ciento anualizado a 5 años, mientras que a 10 años la rentabilidad anualizada se situó en el 4,39 por ciento. Estaba entre los mejores planes de pensiones de España y era el segundo en número de partícipes en el ámbito nacional, sólo superado por el de la Administración central.

Después del 1-O, los responsables de la antigua Caixa apenas tardaron una semana en cambiar su sede social (y luego la fiscal) para alejar sus intereses y los de sus clientes y depositarios del caos político y económico catalán. En un segundo plano quedó el dato de que las pensiones de los más de doscientos mil funcionarios de la Generalitat se lleva desde las oficinas del centro de Madrid desde antes de la aplicación del artículo 155, y allí seguirán pase lo que pase con la investidura en el aire, con nuevas elecciones o sin ellas.

N de la R

Esta mañana publicábamos en esta misma sección una información sobre María Elósegui Ichaso, nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, por error, no era correcta.