La montaña rusa legal del yerno de Zaplana: de nuevo imputado pese al apoyo de Fiscalía
La Audiencia Nacional acaba de confirmar que vuelve a ser investigado por las comisiones que repartió junto al pequeño del clan Pujol
Luis Iglesias, yerno del exministro Eduardo Zaplana, vuelve a estar oficialmente imputado por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. Sus negocios con el pequeño del clan Pujol, Oleguer, le llevaron a una acusación por delito fiscal y desvío ilícito de capitales en el año 2014 que se ha abierto y cerrado varias veces. La causa en su contra ha ido dando giros inesperados y, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, el procedimiento ha quedado archivado en dos ocasiones. No obstante, una nueva curva de la investigación lo ha conducido de nuevo a constar con imputado, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
[Actualización: Eduardo Zaplana, detenido por presunto blanqueo, malversación y prevaricación]
Casado con María Zaplana, con la que tiene un hijo, el responsable del fondo Drago Capital ha tratado de desvincularse en distintas ocasiones de las irregularidades que se imputan a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Santiago Pedraz, el primer instructor de este caso, cerró la investigación contra él al descartar indicios. Iglesias siempre ha defendido que era Oleguer quien impulsó operaciones inmobiliarias sospechosas en las que, como asociados, actuaron a modo de intermediarios.
El viento parecía ponerse de cara para Iglesias hasta que una ronda de declaraciones de imputados en la AN dio al traste con la coartada
Anticorrupción dio crédito a esta versión. No obstante, tras acumularse la causa bajo la dirección del juez José de la Mata, el magistrado reabrió el procedimiento en su caso para volver a sobreseerlo tiempo después y remitir la parte que afectaba al presunto delito fiscal a los Juzgados de Plaza Castilla para que fueron ellos quienes se ocuparan de dilucidar si dejó o no de abonar cuotas a la Hacienda pública.
El viento parecía ponerse de cara para Iglesias hasta que una ronda de declaraciones de imputados en la Audiencia Nacional, entre ellas las de los hermanos De la Rosa y los Villalonga, dio al traste con la coartada. Según estas afirmaciones, el socio de Oleguer impulsó negocios —como la venta de más de 1.000 sucursales del banco Santander de la que obtuvieron sustanciosos beneficios a modo de comisiones no aclaradas— con la colaboración de su socio.
La alegación de que los honorarios que cobró se correspondían con los servicios profesionales prestados no parecía sostenerse. "Se confirma que los fondos que recibe Luis Iglesias son producto de su actividad empresarial y que los percibe en su cuenta bancaria a través de las entidad Ard Choille y Aegle", aseguraba la Fiscalía en uno de sus escritos defendiendo el archivo de la causa en su caso.
De la Mata se decidió por reabrir de nuevo el caso. En un último intento, Iglesias recurrió la decisión a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pero, de nuevo, el viento cambió de dirección y los magistrados Ángeles Barreiro, Antonio Díaz Delgado y Clara Eugenia Bayarri desestimaron su alegación, en contra —una vez más— del apoyo del Ministerio Público.
La alegación de que los honorarios que cobró se correspondían con los servicios profesionales prestados no parecía sostenerse
En un reciente auto, dieron especial importancia a un informe de la Abogacía del Estado que solicitaba la desestimación del recurso de apelación. "Minuciosamente, en un extenso informe, tanto el juez como los abogados estatales llegan a la misma conclusión de evidente cauce acusatorio contra el apelante", dice el escrito. Los tres jueces reproducen parte de este criterio en el que se defiende que Pujol e Iglesias lideraban a la par el entramado y que fue el yerno del exministro el que "decidió las ganancias de cada comisionista, las condiciones de pago y el sistema a emplear para ocultar las ganancias".
La sala no encontró, "pese al escrito adhiriéndose al recurso del Ministerio Fiscal", indicios que desvirtúen el informe del juez instructor y los abogados del Estado, puesto de manifiesto de manera "razonable y razonada". La causa vuelve a ponerse cuesta arriba para el de Drago Capital que, según establecen estas dos partes, tendrá que esperar al juicio para demostrar su inocencia.