La enchufada de Ana Pastor que ha llevado el caos a una empresa pública madrileña

Los trabajadores de la empresa pública madrileña Obras de Madrid están que trinan con su nueva consejera delegada, Lucía Molares Pérez, que fue recolocada por la Comunidad de Madrid después de que el PP perdiera el Gobierno central y Morales tuviera que abandonar su anterior destino como directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Aunque el Gobierno regional la nombró oficialmente el pasado 19 de junio (así aparece en el BOCM), Morales lleva desde entonces sin poder ejercer plenamente sus funciones porque las actas del consejo de administración que ratificaban su nombramiento no fueron elevadas a público hasta este viernes.

Un olvido administrativo que había provocado que la empresa pública, que gestiona suelo e inversiones en la Comunidad de Madrid, viviera una especie de parálisis que ponía incluso en riesgo el pago de las nóminas de los trabajadores de este ente público. Entre otras cosas porque el consejero delegado es el encargado de autorizar cada mes estos pagos. Y Molares no podía firmar porque su nombramiento no era técnicamente legal. "Han sido días de parálisis", señalan desde el ente público. Tanto que hasta la propia consejera, militante del PP de Vigo, no dudó en faltar de su puesto de trabajo para ir a la ciudad gallega y participar en las primarias del PP que se celebraron el pasado 5 de julio. La consejera lleva ya también casi un mes sin entregar su declaración de bienes, algo obligatorio para todos los altos cargos.

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Molares es una persona muy cercana a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. De hecho, Pastor, que fue ministra de Fomento, la colocó al frente de Sepes en enero de 2012. La relación entre ambas se fraguó hace muchos años, cuando Mariano Rajoy era ministro de Educación, Cultura y Deportes; Ana Pastor era subsecretaria del ministerio, y Molares era directora del gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes.

El esperpento vivido estos días ha sido tal que en el Registro Mercantil aún figura como presidente de Obras de Madrid el consejero de Presidencia Pedro Rollán, cuando legalmente el presidente debe ser otro consejero, el de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo. De hecho, cuando El Confidencial pidió a la Comunidad de Madrid este jueves información sobre estos problemas administrativos, los trabajadores de Obras de Madrid se tuvieron que movilizar rápidamente y concertar una cita con una notaría de la capital esa misma tarde para elevar a público varias actas del consejo de administración, entre ellas el nombramiento de Molares.

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Lo malo es que faltaban papeles para completar el certificado notarial y todo se tuvo que posponer al viernes por la mañana. De hecho, el viernes, trabajadores de Obras de Madrid se tuvieron que trasladar a la sierra madrileña, donde el consejero Izquierdo estaba en un acto, para que firmara unos documentos que faltaban, entre ellos la ratificación de que es el nuevo presidente del ente público en lugar de Pedro Rollán. "En estas tres semanas de caos, el portafirmas de la empresa estaba a reventar. La consejera delegada no podía firmar ninguna decisión porque legalmente no era consejera", señalan fuentes de la empresa. De hecho, en el registro aparecía este viernes como consejera su predecesora, Susana Magro.

En septiembre de 2017, la Comunidad de Madrid decidió que la empresa pública Arproma se rebautizara como Obras de Madrid, y que a su vez esta nueva marca absorbiera otro ente público, Nuevo Arpegio, cuyo nombre ha quedado ligado irremediablemente a la corrupción y al caso Púnica. De hecho, Arpegio es una de las piezas del sumario de este caso que instruye la Audiencia Nacional, donde se investiga si Francisco Granados (expresidente de Arpegio) pudo amañar varios contratos licitados por esta empresa pública.

La comunidad decidió que la empresa pública Arproma se rebautizara como Obras de Madrid, y que a su vez esta nueva marca absorbiera Arpegio

Molares, por su parte, es licenciada en Económicas y Empresariales y tiene un máster en Gestión y Administración Sanitaria por la Universidad de Vigo. Según el currículo oficial que todavía figura en la web del Ministerio de Fomento, cursó estudios de Derecho en la UNED y de Alta Dirección en el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde 1993 es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia.