Lo que no se había dicho del concurso en RTVE: entra en vía muerta

El comité de expertos del concurso público de RTVE sigue sus trabajos. Al menos, eso es lo que anuncia con solemnidad su presidente y portavoz, Diego Carcedo, quien pretende incluso finalizarlos antes de que acabe el año. Pero el trabajo de los expertos desde hace dos meses se encuentra legalmente paralizado.

¿Y por qué? No tanto por la falta de respuesta de la comisión mixta de control parlamentario al recurso planteado a finales de agosto por un candidato frente al baremo que los expertos han establecido para la evaluación de los méritos de los aspirantes. Por el contrario, por la falta de respuesta a la petición de suspensión del baremo que se formulaba con el recurso.

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Incomprensiblemente (aunque tal vez no tan ingenuamente como se pudiera pensar), la comisión mixta ha dejado transcurrir el plazo de un mes para resolver sobre la suspensión (previsto como silencio positivo, con consecuencias estimatorias) en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015, Art. 117.3), con lo que la suspensión se ha hecho efectiva de forma automática a finales de septiembre.

Y sin baremo, como es de perogrullo, los expertos no pueden baremar, ni seleccionar ni presentar los resultados de su evaluación al pleno de las Cámaras, que no tienen así candidatos entre los que elegir. El concurso, por lo tanto, está en vía muerta.

La situación tiene remedio, claro está, pero todo pasa por que la comisión mixta resuelva levantar, en un acuerdo difícil de motivar, la suspensión que ella misma ha dejado caer sobre el concurso y dar respuesta a las varias y serias impugnaciones del baremo. De momento, lleva sin decidirse a ello desde el mismo día (30 de septiembre) en que entró en vigor.

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Los presidentes de las Cámaras conocen la situación, y Carcedo también. Pero ¿alguien ha advertido a los expertos del 'fake' en que se ha convertido por ahora su trabajo? No se sabe. Lo que sí es seguro es que la ley también se ha incumplido, al no comunicar la suspensión a los afectados, los casi 100 aspirantes del concurso.

Como aseguran juristas a este confidente, seguir adelante con el concurso podría acarrear serias responsabilidades en caso de no levantarse oportuna y debidamente la suspensión. No solo administrativas y contencioso-administrativas, sino también penales, por prevaricación.