La vicetesorera que tramita impuestos y ha sido procesada por malversar

El juzgado de instrucción número 6 de Navalcarnero ha decidido procesar a una interventora municipal por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. En un auto fechado el pasado 18 de febrero, el juzgado ha solicitado la apertura de juicio oral y pide a la Fiscalía y a las partes personadas que presenten escrito de acusación contra Beatriz M. A., que fue funcionaria de dos pequeñas localidades madrileñas, Serranillos del Valle y Moraleja de Enmedio, y que hoy trabaja como vicetesorera en el Ayuntamiento de Parla, en el departamento que tramita la recaudación de impuestos y atiende las reclamaciones de los vecinos que tienen impagos.

La denuncia inicial, presentada por los gobiernos locales de Serranillos y Moraleja, acusaba a la interventora de actuar en connivencia con un empresario para falsear unas facturas por un servicio no prestado y repartirse 35.000 euros. El empresario también ha sido procesado. Beatriz fue interventora de Moraleja (5.000 vecinos) entre septiembre de 2008 y marzo de 2017. Plaza que alternó como interventora de Serranillos (4.000 habitantes) entre febrero de 2012 y abril de 2013. En el primero de los consistorios coincidió con el otro acusado, que trabajaba como informático.

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David Fernández

Los hechos se remontan al año 2012, cuando Serranillos se acogió al plan del Gobierno central (regulado en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero) para pagar deudas a proveedores municipales. Serranillos debía casi tres millones de euros. En julio de 2012, el informático de Moraleja, que también es empresario, pasó a cargo de ese plan el cobro de una factura de 34.918 euros por un supuesto servicio que había hecho años antes, en diciembre de 2006. Hasta ahí, todo normal. Pero el problema es que la factura no correspondía a Serranillos sino a una deuda anterior de Moraleja. Como Beatriz era la interventora en los dos municipios, supuestamente hizo el cambiazo el 9 de julio a 19:35.

El concepto de la nueva factura fue el mantenimiento de red interna informativa y conexión entre edificios municipales. El auto judicial señala que no consta por parte del Ayuntamiento de Serranillos el encargo de dicho servicio ni la prestación del mismo, aunque la interventora reconoció la deuda y la incluyó entre las demás para su incorporación al plan estatal de pago a proveedores. De hecho, el Ministerio de Administraciones Públicas abonó el 1 de agosto de 2012 los 34.918,32 euros a Claudio B. Luego se repartieron el dinero. Según el auto, "Claudio, en compañía de su mujer, entregó a Beatriz en la vivienda de esta la cantidad de 30.000 euros quedándose con el resto".

Todo se destapó tras las elecciones de 2015, cuando el nuevo equipo de Gobierno local de Serranillos (formado por la coalición de independientes Transparencia y Democracia y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos) comenzó a auditar las cuentas municipales y se dio cuenta de que ese proveedor que había girado la factura años antes en realidad no había prestado ese servicio ni ningún otro para el ayuntamiento. Comprobado que el pago efectuado al proveedor era irregular, Serranillos decidió iniciar un procedimiento de reintegro del cobro, reclamando al empresario la devolución de los 35.000 euros más los intereses de demora, cantidad que se elevó a 53.000 euros.

El ayuntamiento intentó durante un año que el proveedor le devolviera el dinero, sin suerte, por lo que al final decidió dictar en mayo de 2016 una resolución acordando el embargo de sus bienes por importe de 53.000 euros. Tras recibir la notificación, Claudio solicitó una reunión urgente para "contarlo todo", reconociendo que nunca había trabajado en Serranillos del Valle y que pactó con la interventora el cobro de esa factura inexistente. Manifestó además que era consciente del delito y que estaba dispuesto a devolver los 4.000 euros que él se llevo, ya que los 30.000 restantes fueron a parar a los bolsillos de Beatriz. ¿Por qué lo hicieron? El proveedor aseguró que la interventora le exigió ese amaño para desbloquearle el pago de otra factura de 35.164 euros que tenía pendiente de cobrar desde el año 2006 del Ayuntamiento de Moraleja. Finalmente, los dos consistorios, Serranillos y Moraleja, decidieron denunciar a ambos.