Un expresidente de Puertos del PSOE avala una denuncia de irregularidades en Baleares

Fernando Palao respalda como perito la reclamación de un empresario que perdió una adjudicación y aviva el debate en el sector

Foto: Fernando Palao, izquierda, con Magdalena Álvarez, en el Ministerio de Fomento en 2008. (EFE)
Fernando Palao, izquierda, con Magdalena Álvarez, en el Ministerio de Fomento en 2008. (EFE)
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Las concesiones de puertos de la Autoridad Portuaria de Baleares van camino de los juzgados. Una de las empresas perdedoras en la gestión de una de las marinas más lucrativas de las islas, la de Botafoch, ha derivado en recursos y ha encontrado el aval de Fernando Palao, expresidente de Puertos del Estado y alto cargo del PSOE con varios gobiernos, que sostiene que la adjudicación fue irregular. El caso supone una guerra interna entre sectores próximos al PSOE en el tema de puertos.

El pasado 29 de julio, la Autoridad Portuaria de Baleares acordó la concesión de la marina de Botafoch durante dos años con un precio mínimo de 2,3 millones de euros y por el que las empresas llegaron a ofrecer cuatro millones. La concesión fue para la empresa que había quedado tercera en la valoración económica, Ocibar, pero primera al sumar otros conceptos. Servicios Portuarios de Botafoch, que quedó segunda, vinculada al empresario Ángel Bustos, recurrió el caso. Hasta ahí, el pan de cada día en las concesiones y contratos públicos: los que pierden protestan y a veces se abren largos contenciosos.

Pero el morbo llegó con el perito que respalda su reclamación. Lo hace Fernando Palao, máximo responsable de Puertos con los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996, y que entre 2004 y 2010, cuando el PSOE volvió al poder, fue secretario de Estado de Transportes —época de la que está imputado por el caso del puerto del Musel—, y finalmente presidente de Ineco. Palao es el histórico de puertos del PSOE, la ley de 1992 lleva su nombre, y ahora respalda a un empresario contra una concesión de una autoridad portuaria cuyo presidente fue designado por un gobierno autonómico socialista.

Del informe de Palao se desprende, según el recurso, que la comisión que decidió la adjudicación "ha incurrido en numerosos incumplimientos del pliego de bases del concurso, que ha sido absolutamente parcial y sectaria a favor de Ocibar y que, en definitiva, ha incurrido en gravísimos errores impropios de técnicos 'avezados' y que solo se explican por su notoria intención de favorecer ilegítimamente la oferta seleccionada, al margen del ordenamiento jurídico y por motivos oscuros y espurios". Al caso le queda recorrido, pero en el mundillo está servida la comidilla.

El Confidente
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