El PP estudia llevar al juzgado las ayudas de Puig al grupo de Moll

A mediados del mes de julio de 2019, la Abogacía de la Generalitat valenciana emitió un informe acerca de que el presidente del Gobierno autonómico, Ximo Puig, no tuvo obligación de abstenerse en la aprobación del decreto regulador del Instituto Valenciano de Finanzas que blindó la venta con un 70% de descuento (1,9 millones de deuda) del Grupo Zeta al Grupo Prensa Ibérica Media, propiedad del editor aragonés Javier Moll.

Ximo Puig era accionista en uno de los periódicos objeto de venta a Moll, 'Mediterráneo de Castellón'. Ocho meses después de solicitar el expediente en el Parlamento autonómico, al Partido Popular le han llegado, por fin, los papeles solicitados.

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"En cuanto lo estudiemos a fondo veremos si se ha cometido alguna irregularidad, como sospechamos. No es muy normal que el 'president' no se abstuviera, con sus intereses económicos en juego, durante la reunión del Consell [15 de marzo de 2019] que dio vía libre a la quita".

Hay que recordar que el PP ya ha llevado a los tribunales las subvenciones, cercanas a un millón de euros, a las empresas de Francisco Javier Puig, hermano del jefe del Gobierno valenciano.

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Sin embargo, sostienen las mismas fuentes populares, "también albergamos muchos recelos porque no hay que olvidar que la consejera de Justicia y Gobernación de la Generalitat, Gabriela Bravo Sanestanislao, es la compañera sentimental de Puig y fiscal de carrera".

Otro de los temas económicos/mediáticos que asombran a la oposición política valenciana es la concesión de una subvención de 224.000 euros a la Cadena SER para unas jornadas en las participan Ximo Puig, Rodríguez Zapatero y Manuela Carmena, entre otros, mediante un concurso sin publicidad.