El juicio al pequeño Nicolás, aplazado porque el fiscal no puede viajar a la Península

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido el juicio contra el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, apodado como 'el pequeño Nicolás', que estaba previsto que se celebrara a partir del próximo 23 de junio. De momento, la Sección 17 del alto tribunal no ha señalado fecha para la nueva vista. En un auto fechado el pasado 11 de mayo, los tres magistrados que componen la sala se han limitado a argumentar que se aplaza la cita por motivos derivados del estado de alarma. En concreto, los jueces aseguran que el fiscal del caso se encuentra fuera de la Península y no puede llegar a Madrid debido a las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno en el actual momento.

"No resulta segura la celebración del juicio, entre otras cosas por haberse asignado su conocimiento a un miembro del Ministerio Fiscal que habría de desplazarse desde fuera de la Península y no existe seguridad de que en el momento del señalamiento exista un transporte fluido", argumenta el tribunal, que también establece como motivo para suspender el juicio el que durante el mismo no se podrán respetar las medidas de "distanciamiento social" recomendadas por las autoridades sanitarias. No existen, arguyen los tres magistrados, "infraestructuras" que aseguren esto último tanto entre los propios jueces como entre letrados, inculpados y testigos.

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La decisión de la Sección 17 se conoce públicamente justo el mismo día en que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid comienza la celebración del juicio contra el que fuera director adjunto de la Policía Nacional Eugenio Pino y su asesor Bonifacio Díez Sevillano, por un delito de descubrimiento de secretos en el marco del caso conocido como 'pendrive' de Pujol. La vista se celebra con el mismo número de magistrados que la otra ahora suspendida y con una gran cantidad de testigos que desfilarán por el banquillo de la sala del alto tribunal madrileño.

Esta es la segunda vez que la Sección 17 de la Audiencia Provincial suspende el juicio contra Gómez Iglesias. La primera tuvo lugar pocos días antes del pasado 20 de mayo de 2019, jornada en la que estaba previsto que se celebrara inicialmente. En aquella ocasión, los magistrados anularon la vista porque la letrada del acusado, Ana Blanco Vázquez de Prada, renunció a la defensa de su cliente apenas unos días antes por recibir, según alegó ella misma, "presiones indirectas" que podían "afectar al libre ejercicio" de su responsabilidad profesional. Estas coacciones, según dijo la abogada, podrían "poner en peligro el correcto ejercicio de defensa" del joven inculpado.

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"Dado que la independencia del abogado resulta tan necesaria como la imparcialidad del juez, dentro de un Estado de derecho, siempre que actúe exento de presión, mi sentido de responsabilidad, honestidad, rectitud y lealtad para con mi cliente, mi profesión y los tribunales me ha obligado a anunciar mi renuncia a la representación letrada de Francisco Nicolás con la única finalidad de poder garantizar su derecho a una correcta defensa y alejada de presiones mediáticas, a pesar de la inmediatez del juicio oral", esgrimió Blanco Vázquez de Prada, cuya petición de aplazamiento fue inmediatamente aceptada por el tribunal.

La sala dará a conocer en los próximos días la nueva fecha del juicio —la tercera en el marco de este procedimiento— en el que Gómez Iglesias será juzgado por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental y cohecho activo. La Fiscalía acusa al joven de haber cometido todos estos ilícitos por haberse hecho pasar por miembro de la Casa Real y de Vicepresidencia del Gobierno durante un viaje que hizo a Ribadeo (Lugo) en un coche que simulaba ser un vehículo oficial y acompañado por agentes fuera de servicio a los que había contratado.

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De hecho, en el marco del mismo asunto, también están acusados los miembros de la Policía Municipal de Madrid Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila, que supuestamente ayudaron a Gómez Iglesias a simular ser quien no era. En concreto, ambos le proporcionaron aparatos de transmisión, rotativos luminosos, pinganillos, acreditaciones y otros elementos policiales que daban apariencia de comitiva oficial a los dos vehículos que había alquilado el joven para viajar a Ribadeo a entrevistarse con el alcalde de la localidad y con un empresario.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Gómez Iglesias organizó una reunión con el entonces presidente de Alsa, Jorge Cosmen, "con la finalidad de ganarse su confianza". Para ello, continúa el ministerio público, el joven "dispuso toda una serie de medios" que hicieron creer al empresario que el chico "ostentaba un cargo público consistente en ser enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real". "Después de varios contactos, concertó una reunión para el 13 de agosto de 2014 en un restaurante de Ribadeo a la que, según el acusado, asistiría una persona muy importante de la Casa Real", describe la Fiscalía, que continúa destacando el papel de los dos agentes municipales, a los que el joven conocía de antes.

A González Hormigos, detalla, "le explicó su propósito, le pidió que proporcionara los medios policiales necesarios para aparentar el carácter oficial de la reunión y concertaron la gratificación que recibiría por los servicios", que se situaba en 2.000 euros. A continuación, continúa el escrito fiscal, Gómez Iglesias contrató cuatro vehículos con sus respectivos conductores, confeccionó en su ordenador personal "acreditaciones oficiales mendaces del Ministerio del Interior" para dos de esos coches, llamó por teléfono al restaurante San Miguel, situado en el puerto deportivo, en nombre de Presidencia del Gobierno, y reservó tres mesas. Mientras esto ocurría, González Hormigos propuso a otro funcionario de la Policía Municipal de Madrid, el mencionado Pérez López-Dávila, participar en el viaje como escolta a cambio de 400 euros.

El 13 de agosto, la comitiva salió desde el madrileño paseo de La Habana. Estaba formada por un Audi A6, un BMW Serie 7, un Audi A8 y un Citroën C5. Cada uno tenía un conductor asignado por la empresa de alquiler que había proporcionado los vehículos. Conformaban la comitiva (además de los mencionados chóferes, los policías municipales —que portaban sus armas reglamentarias— y el propio Gómez Iglesias) dos escoltas contratados por el joven para el viaje que no están acusados. Con los rotativos luminosos, los pinganillos policiales, aparatos de transmisión y otros elementos obtenidos en dependencias municipales, los nueve miembros del convoy que simulaba ser parte del Gobierno iniciaron su marcha.

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Al llegar a Ribadeo, les esperaban un vehículo y dos motocicletas de la Policía Local del pueblo, que escoltaron a la comitiva con los rótulos luminosos activados hasta el puerto deportivo. Una vez en el restaurante, les recibió el alcalde, con quien Gómez Iglesias —tras presentarse como enlace entre Vicepresidencia y Casa Real— habló unos minutos. A continuación, el joven almorzó con Cosmen. "Durante la comida, González Hormigos avisó a Gómez Iglesias de que tenía una llamada de la vicepresidenta del Gobierno", que en aquel momento era Soraya Sáenz de Santamaría. El policía municipal de Madrid le entregó un teléfono y el joven se levantó de la mesa para atender la llamada, que según la Fiscalía "era totalmente simulada y no existió en realidad".

Tras el almuerzo, el chico se montó en el coche que le había traído con los rotativos policiales y, escoltado por el resto de vehículos y miembros de la comitiva, regresó de vuelta a Madrid. Una vez en la capital de España, abonó los 2.000 euros acordados a González Hormigos, que posteriormente pagó 400 a Pérez López-Dávila. Dos días después, 'La Voz de Galicia' tituló: "Al final no era Juan Carlos I quien estaba comiendo en Ribadeo". "Gómez Iglesias llamó por teléfono al periodista para que retirase la información porque se trataba de un asunto de seguridad nacional", apunta la Fiscalía en su escrito.