Para comprar guantes de laboratorio, hay burocracia; para regalar jamones, vía libre

Hace ahora casi dos años, el Consejo de Ministros anunció una batería de medidas para reducir la burocracia que, según denunciaban los científicos españoles, les estaba asfixiando. Nos referimos a medidas instauradas durante la crisis económica para fiscalizar todo gasto realizado en los centros públicos de investigación, que debían pasar por un interventor del Ministerio de Hacienda para su supervisión.

La realidad es que las medidas pregonadas por el ministro Pedro Duque no han tenido un efecto tan balsámico, principalmente porque se han quedado a medias. El director de uno de estos centros de investigación, puntero en su área, lamenta que, por ejemplo, la "estabilización de 1.454 plazas temporales en OPIS" sigue en 'stand-by' porque aún no ha salido la convocatoria, pese a que lleva un par de años anunciada. Mientras tanto, docenas de científicos (muchos ya en la cincuentena) siguen esperando a que los puestos que llevan ocupando años sean estables de una vez.

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Antonio Villarreal

Otra de las medidas era permitir compras de hasta 50.000 euros. Esta sí fue aprobada, pero sigue contando con el tope de contrato menor de los 15.000 euros que impone la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. "El sistema está colapsado y como tengas que comprar urgentemente un aparato de 20.000 euros porque se te ha roto el que tenías, puedes tener serios problemas", dice este científico.

Pero la guinda del pastel es que una de las medidas era dotar de más medios a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o más concretamente "contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación". Lo que ha ocurrido realmente es que la AEI, dependiente del Ministerio de Ciencia, ha subcontratado esta labor a una empresa externa —no dedicada específicamente a la gestión científica— para controlar a unos gestores que a su vez están controlados por la intervención interna de centros como el CSIC y por la externa de la Administración General del Estado, que controlan a los investigadores, que en este caso son también funcionarios.

Ante la factura de unos guantes de laboratorio, el interventor reclamó que "los guantes no son gasto elegible" del citado proyecto científico

En resumen, el pasado mes de diciembre, la agencia se puso a enviar requerimientos a todos los centros del CSIC, exigiendo que presentaran alegaciones a ciertos reparos. ¿Cuáles? Por ejemplo, en una factura por un trabajo de secuenciación genética, la agencia decía que "las descripciones genéricas no son admisibles". Cuando acompañaron la factura de un sistema de alimentación ininterrumpida —empleado para que el instrumento no deje de funcionar si hubiera caídas de red— para un termociclador, el interventor de la agencia aducía que eso "no es equipamiento científico-técnico". Ante la factura de la inscripción en un congreso científico o una publicación científica relacionados con el proyecto subvencionado, la agencia pedía "explicar la relación con el proyecto". Ante la factura de unos guantes de laboratorio, el interventor reclamó que "los guantes no son gasto elegible" del citado proyecto científico. Y así más de 100 veces.

"Así no puede funcionar el sistema", reflexiona este responsable. "Hay otras maneras y otros sistemas de financiar la investigación, pero es bastante hipócrita que a los políticos no se les caiga de la boca lo del apoyo a la I+D y luego pase esto, estando además en el vagón de cola de los países desarrollados en gasto de I+D".

Precisamente el mes pasado, este científico vio en un periódico cómo algunos pueblos de España, al no colocar las tradicionales luces de Navidad, decidieron emplear ese presupuesto en regalar jamones a sus habitantes. Otros hicieron lo mismo para premiar a sus vecinos por su buen comportamiento en la pandemia. Sin intervención, ni papeleo ni pago a los varios años tras la finalización del proyecto, como sí ocurre si alguien quiere contratar a un investigador. "Pues eso, que nos igualen a jamones", pide este gestor de un centro público de investigación.