Iglesias puede hacer en Twitter lo que no le dejaron a Trump: bloquear a sus 'haters'

En julio de 2019, la Corte de Apelaciones de Nueva York sentenció que el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no podía bloquear a otros usuarios en Twitter. En España, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictaminado que el que fue vicepresidente segundo hasta hace dos meses, Pablo Iglesias, no tiene obligación de desbloquear a nadie en sus redes sociales, ni tampoco de revelar la lista de cuentas que se encuentren en esa situación. Esta función de la plataforma hace que los otros usuarios no puedan leer ni responder a los mensajes que escriba Iglesias desde su perfil, una forma con que el exlíder de Podemos evita interactuar con sus detractores en la red.

¿Y si me bloquea el vicepresidente?

En EEUU, los expertos que tomaron la decisión en el caso de Trump se ampararon en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que "no permite que los cargos públicos que utilizan las redes sociales para toda clase de mensajes excluyan a personas de lo que debería ser un diálogo abierto, en el que se expresen opiniones contrarias", de acuerdo a la argumentación que dio en su día el juez Barrington D. Parker. Todo surgió en 2017, unos pocos meses después de que el republicano entrase en la Casa Blanca, cuando siete tuiteros denunciaron al ahora expresidente por "discriminación".

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Ahora, en España, un denunciante ha pedido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conocer "el número total y el listado de cuentas de Twitter bloqueadas" por Iglesias, alegando que cuando Pedro Sánchez fue nombrado presidente, "decidió desbloquear todas las cuentas de usuarios que tenía bloqueados para que así todos los españoles pudieran ver sus tuits como representante público". Otra petición que ha realizado es saber "qué ha motivado que desde hace unas semanas el vicepresidente no admita respuestas en sus tuits", ya que una reciente actualización de la red social facilita la opción de que solo puedan responder a un tuit quienes siguen al usuario que lo ha escrito.

El 28 de enero, dos meses antes de la dimisión y salida del Gobierno de Iglesias, la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 —dependiente del ministerio del que él era responsable— rechazó esta solicitud, argumentando que "resulta evidente que la petición de información no se fundamenta en un interés legítimo con finalidad de transparencia", ya que según ellos no tiene por finalidad "obtener una información con carácter público", sino que solicita unos datos "sobre la gestión en una red social, no de una cuenta oficial, sino de la cuenta privada" de Iglesias, "por todo lo cual debe considerarse abusiva".

Es decir, defienden que no es una cuenta pública, sino privada —que gestiona él de forma personal, no el ministerio—, y que a este ámbito corresponde la información solicitada. La cuenta de Iglesias, justifican, está verificada no por ser vicepresidente, sino por ser una figura política conocida, como lo están las de otros líderes o diputados que no forman parte de ningún Gobierno. Además, según el ministerio, la información que se pide puede ser considerada "abusiva por ser contraria a la buena fe, y ello porque persigue en realidad una finalidad (de crítica o de investigación periodística) cuya legitimidad no se discute, pero que es estrictamente distinta" a la prevista en la Ley de Transparencia.

Esta norma reconoce en su artículo 12 el derecho de los ciudadanos a poder acceder a la información pública, entendiendo por esto "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". El CTBG ha desestimado la petición.